lunes, 23 de julio de 2012

Egipto: ¿hacia un nuevo enfrentamiento?

 

EL PRESIDENTE MURSI DE EGIPTO

 

Gamal Essam El-Din · · · · ·

La decisión de Mohamed Mursi de reinstaurar el parlamento le ha enfrentado en una lucha de poder con los jueces y los generales. El artículo de Essam El-Din refleja la posición de los sectores ligados al viejo régimen de Mubarak, a los partidos liberales que han perdido las elecciones presidenciales y a sectores de la izquierda reformista ante la dualidad de poder institucional surgida entre el nuevo presidente islamista y la Junta militar, así como la modificación de la política de alianzas de la Administración Obama en el escenario interno egipcio, subordinándolo a su alianza estratégica con Arabia Saudi y los estados del Golfo. [NdR SP]

La mayoría de los analistas consideran que el decreto presidencial de 8 de julio de Mohamed Mursi, volviendo a convocar la Asamblea del Pueblo, después de que el Tribunal Constitucional la disolviera, alegando que había sido elegida inconstitucionalmente, es la primera andanada importante de los Hermanos Musulmanes en su batalla para islamizar Egipto. La medida enfrenta al victorioso candidato presidencial de los Hermanos con el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (SCAF), encabezado por el ministro de defensa, mariscal de campo Mohamed Hussein Tantawi, y las autoridades judiciales encabezadas por el Tribunal Constitucional.

El Decreto de Mursi, según Diaa Rashwan, director del Centro de Estudios Políticos y Estratégicos Al –Ahram, representa un golpe contra el poder judicial y podría conducir a un conflicto abierto con el SCAF.

"Para Mursi es el primer paso hacia la implementación del objetivo de la Hermandad de hacerse con el control de todos los poderes legislativo, judicial y ejecutivo", declaró Rashwan al semanario Al-Ahram.

La visita del Subsecretario de Estado norteamericano William Burns a El Cairo esta semana, argumenta Rashwan, alentó a Mursi a emitir su decreto por sorpresa, después de sólo nueve días en el cargo.

"El decreto se publicó horas después de su reunión con Burns el 8 de julio. La intención era enviar un mensaje a las autoridades militares y civiles, advirtiéndolas que los estadounidenses quieren que Mursi asuma plenos poderes y que están dispuestos a apoyarle para lograr este objetivo".

El análisis de Rashwan es compartido por muchos políticos laicos.

Mustafa Bakri señala que el decreto de Mursi fue publicado días después de que la embajadora de EE.UU. en Egipto, Ann Patterson, declarara el 4 de julio que "el retorno de un parlamento elegido democráticamente por los egipcios también será un importante paso adelante".

El militante de izquierda Abul-Ezz El-Hariri afirma que Mursi ha utilizado tanto la visita de Burns a El Cairo como el anuncio de que la Secretaria de Estado Hillary Clinton viajará a Egipto el próximo sábado para presionar a la Junta militar.

"Si el SCAF intenta revocar el decreto de Mursi, Tantawi sería acusado por los norteamericanos - ya se trate de funcionarios o de los medios de comunicación - de tratar de imponer una dictadura militar y de dar un golpe de Estado contra un jefe de estado electo", dice El-Hariri. Los EE.UU., según él, están "haciendo todo lo posible" para empujar a Egipto a una situación de caos alentando a la Hermandad a convertir al país en un estado confesional. "Con el tiempo tendremos el mismo escenario que con Hamas, que terminó con los estadounidenses y los israelíes imponiendo el bloqueo de Gaza".

Los Hermanos Musulmanes se han movilizado rápidamente en apoyo del decreto de Mursi, concentrando a cientos de sus seguidores en la plaza Tahrir y frente a la sede del Consejo de Estado que está revisando los recursos presentados contra el decreto de Mursi. Miembros de la Hermandad han atacado a Hamdi El-Fakharani, un diputado independiente que había presentado un recurso contra el decreto de Mursi. Según El-Fakharani, el ataque "superó la intimidación habitual utilizada por las fuerzas de seguridad del régimen de Mubarak ".

En medio de un clima de amenazas de los Hermanos Musulmanes, que se "vengaran de los jueces y los medios de comunicación corruptos ", el Tribunal Administrativo de El Cairo pospuso su dictamen sobre los recursos hasta el 17 de julio.

Consciente, tal vez, de la Caja de Pandora abierta por el decreto de Mursi, la Asamblea Popular, dominada por los Hermanos Musulmanes y los salafistas ultraconservadores, se volvió a reunir el martes, aunque sólo 10 minutos. La sesión fue boicoteada por los partidos liberales y de izquierda - más de un tercio de los diputados - que no oyeron como el presidente de la Asamblea Popular Saad El-Katatni, -como Mursi un ex dirigente del Partido Libertad y Justicia de la Hermandad-, afirmar que Mursi no había violado la decisión del Tribunal Constitucional al restablecer el parlamento. El-Katatni anunció que había decidido pedir a la Corte de Casación un dictamen jurídico para determinar que diputados podrían conservar sus escaños.

El anuncio de El-Katatni fue entendido por los diputados liberales y los juristas constitucionalistas como un intento de la Hermandad de eludir la decisión del Tribunal Constitucional y mantener su control de la Asamblea Popular por todos los medios posibles.

"El-Katatni sabe perfectamente que el Tribunal de Casación sólo puede juzgar recursos de apelación interpuestos contra los resultados de las elecciones. No puede emitir un fallo cuando el Tribunal Constitucional ha determinado ya que la Asamblea en su conjunto debe ser disuelto porque la ley electoral en virtud de la cual fue elegida fue redactada para favorecer a la Hermandad ", afirma Ihab Ramzi, un diputado liberal copto.

Los abogados de la Hermandad han argumentado que la decisión del Tribunal Constitucional sólo invalida los resultados de las elecciones de un tercio de los escaños, los reservados a los diputados independientes, a pesar de lo cual la Hermandad presentó sus candidatos a estos escaños.

El decreto de Mursi, respaldado con una táctica de miedo y amenazas de la Hermandad, provocó reacciones indignadas de la judicatura. En un comunicado en términos muy firmes el pasado lunes, el Club de Jueces, junto con el Colegio de Abogados, el Consejo de Estado y el Tribunal Constitucional, exigieron que Mursi cambiase de posición en un plazo de 36 horas.

Cuando el semanario Al-Ahram entró en imprenta el miércoles, Mursi seguía sin satisfacer las exigencias de los jueces. Sin embargo, la oficina presidencial emitió un comunicado el miércoles por la tarde subrayando su "respeto a la Constitución y la ley, su aprecio a la autoridad judicial y los jueces y su acatamiento de los veredictos judiciales". La declaración hacía hincapié en la importancia de gestionar las relaciones entre los poderes del estado y la necesidad de evitar todo choque entre ellos. El comunicado aseguraba que el decreto presidencial 11/2012 restableciendo la Asamblea Popular pretendía "respetar el imperio de la ley y al Tribunal Constitucional Supremo."

La mayoría de los comentaristas esperaban que los jueces reaccionasen encerrándose en los juzgados y negándose a aplicar las leyes aprobadas por Mursi y el parlamento. Algunos jueces han amenazado con iniciar acciones legales contra Mursi por desafiar las órdenes judiciales.

Ezzat Agwa, presidente del Club de Jueces de Alejandría , declaró a la cadena de televisión CBC que "si Mursi se niega a cambiar su posición y continúa violando el juramento constitucional, debe ser juzgado por traición y expulsado de su cargo por la fuerza".

"En su discurso ante sus seguidores de la Hermandad en la plaza Tahrir, el 29 de junio -señala el político liberal, Mamdouh Hamza- Mursi recalcó que no hay obediencia debida a la violación de los principios del derecho y la justicia. Pero eso es lo que está haciendo ahora. La gente debe exigirle que cumpla su palabra".

El Tribunal Constitucional respondió al decreto de Mursi en la noche del martes, dictando una sentencia de suspensión de la orden presidencial de restablecimiento de la Asamblea Popular. El fallo se produjo después de que el abogado de la Hermandad y diputado Nasser El-Hafi acusase a los miembros del Tribunal Constitucional de incompetentes y exigiese su sustitución colectiva.

El poder judicial ha recibido el apoyo de una serie de políticos importantes, que consideran que los recientes acontecimientos son un síntoma del intento desesperado de la Hermandad de hacerse con el poder absoluto. El ex candidato presidencial Hamdeen Sabahi ha acusado a Mursi de connivencia para ayudar a la Hermandad a mantener el control del legislativo, a pesar de su ilegalidad. El Partido de los Egipcios Libres ha acusado asimismo a Mursi de "poner las bases del estado de la Hermandad".

Rashwan cree que la Hermandad ha mostrado su "fea cara" y ahora intenta “aterrorizar a los jueces y al pueblo egipcio para que se sometan a su visión de un estado islámico”.

El SCAF respondió el lunes al decreto de Mursi con una declaración cuidadosamente redactada. Sin mencionar a la presidencia, instó a todas las autoridades estatales a respetar su propio anejo constitucional de 17 de junio.

Según Rashwan el tono cortes del SCAF es una muestra de que se encuentra bajo una fuerte presión de los EE.UU. para que no desafíe abiertamente a Mursi.

"Los líderes del SCAF tienen miedo de que Estados Unidos recorte su ayuda militar anual [estimada en 13.000 millones de dólares] y Hillary Clinton podría pedir al Congreso que lo haga".

El martes, Clinton intentó equilibrar su posición con una advertencia tanto a Mursi como a el SCAF de que resuelvan sus diferencias "si no quieren hacer descarrilar la transición".

"El SCAF evitará cualquier manifestación de fuerza", según Rashwan, "por temor a que los estadounidenses acusen a los generales de buscar un escenario tipo Siria."

"Los generales tienen la esperanza de que los recursos legales contra Mursi, respaldados por las fuerzas judiciales y civiles que temen un estado confesional, dañarán a Mursi, quizás hasta el punto de que pueda ser despojado de su cargo."

La declaración del SCAF también podría, afirma Rashwan, buscar enviar una advertencia tácita a Mursi, en el sentido de que "hay una línea roja que no debe cruzar y debe respetar la declaración militar de 17 junio, con el anejo constitucional, que atribuye capacidad legislativa al SCAF".

La declaración de la Junta militar insiste en que "los precedentes legales y las instituciones del Estado deben ser respetados".

Rashwan considera que continuará "este conflicto de competencias entre el SCAF y el poder judicial, por un lado, y la Hermandad por el otro, en la medida en la que cada parte trata de imponer su autoridad y busca la subordinación de la otra".

"El SCAF hará todo lo posible para asegurarse que la redacción de la Constitución no pone coto a sus poderes y privilegios, y que la Hermandad no podrá infiltrarse en el ejército. El Poder Judicial tratará de garantizarse que la Hermandad no interferirá en su funcionamiento o intenta imponer su hegemonía en las filas de la judicatura. Mursi y la Hermandad, por el contrario, buscan como ampliar su influencia e imponer su agenda islamista".

"El SCAF -advierte Rashwan-, nunca debe olvidar que la estrategia de los Hermanos Musulmanes a largo plazo no es mejorar la vida de los egipcios, sino controlar todas las palancas del poder y luego usarlas para poner en práctica su versión de un Estado islámico. La Hermandad cree que el tiempo, y ahora los americanos, están de su lado".

Gamal Essam El-Din es comentarista político del semanario egipcio Al-Ahram

Traducción para www.sinpermiso.info: Gustavo Buster

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