Cafés a 5.000 euros

 

MARTINEZ PUJALTE                       TRILLO FIGUEROA

Por Brais Fernández y Jaime Pastor

 

Isabel Rodríguez
Diputada y secretaria general adjunta del Grupo Parlamentario Socialista

Soy diputada y nadie me paga por tomar un café. ¡Mucho menos 5.000 o 9.000 euros! Esta afirmación no se entiende si no se enmarca en los lamentables hechos que hemos conocido estos días sobre diputados populares que se enriquecían con asesoramientos a empresas mientras ocupaban sus escaños.

Siempre he defendido la dedicación exclusiva. Una responsabilidad pública necesita dedicación a tiempo completo ya sea como parlamentario, miembro de un gobierno o en cualquier otra institución.  Primero, porque hay evitar conflicto de intereses; y en segundo lugar porque es materialmente imposible por el tiempo, el trabajo y el compromiso que exige estas responsabilidades.

Defiendo incluso, la exclusividad en determinados cargos públicos, entiendo que no se puede ser diputado y alcalde. Y desde luego, rechazo que desempeñen estos cargos al mismo tiempo que otras actividades con las que se producen colisión de intereses.

En los casos que hemos conocido estos días se trata de asesoramiento “oral” a empresas que, curiosamente, contrataban con el gobierno de Castilla y León. Los comportamientos de Pujalte y Trillo son inmorales y puede que hasta ilegales, porque ambos se prevalieron de su condición de diputados para asesorar a una empresa que trabajaba para un gobierno de una comunidad autónoma gobernada por el PP. Otro caso es el  del portavoz adjunto del Grupo Popular, Agustín Conde, quien asesora como abogado al Banco de Santander y no declara intereses en una empresa de la que fue fundador.

El  propio empresario que contrató a Martínez Pujalte  los cafés y la conversación, ha reconocido que lo hizo por “su condición de diputado informado”, ya que entonces el ‘popular’ no era sólo ponente de los Presupuestos Generales del Estado, sino también portavoz de varias materias económicas. Es decir, queda claro que se estaba prevaliendo de su condición de diputado para beneficiar a una empresa contratista del sector público.

Y ante este bochornoso panorama, ¿cuál es la reacción del Gobierno y de los dirigentes del PP? Pues no solo no lo reprueban sino que lo justifican.

Sáenz de Santamaría dijo textualmente: “¿cómo conseguimos que los ciudadanos interesados en la política puedan participar después de una experiencia profesional en el sector público o en el sector privado, del ejercicio de la política? Enriquecer el ejercicio de la política, abrir a la ciudadanía y no limitar la situación de los políticos”. Y Montoro defendió la regulación de incompatibilidades y señaló que le parece “enriquecedor” que entren en política personas procedentes de otras profesiones.

Claro que que va a decir Montoro, si él es juez y parte. Todavía estamos esperando que nos responda si en el despacho que fundó asesoró a  personas que después se han acogido a la ‘amnistía fiscal’ de 2012.

Esto es irrespirable, vomitivo. Indigno para nuestra democracia. Es necesario que se depuren las responsabilidades, para evitar el “todos sois iguales”. Esto es letal para la necesaria y valiosa labor política.

Los ciudadanos no nos están pidiendo que ampliemos las compatibilidades lo que nos exigen es que  se hagan absolutamente incompatible la política con la corrupción.

Los socialistas hemos presentado al Congreso durante los últimos años varias iniciativas en esta dirección. Las vamos a reiterar en la próxima semana  para que al menos pasen  por  retratarse de nuevo e igual algún diputado o diputada popular  tiene el valor de salir de esa espiral.  Ni  sus votantes ni los españoles merecemos este  espectáculo de corrupción generalizada en el Partido Popular, y la inacción ante la misma.

 

FUENTE PUBLICO.ES