lunes, 24 de octubre de 2016

Reino de España: Por salud democrática, hay que cerrar los CIE

CIE


Carlos Girbau 23/10/2016

La noche del martes, 18 de octubre, 39 personas encerradas en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) ubicado en Aluche,  Madrid, subían al tejado del edificio reclamando libertad. Once horas después terminaban la pacífica protesta para volver todos ellos de manera voluntaria al interior de esa “cárcel para extranjeros sin delito” que son los CIE. Dos días más tarde, la prensa se hizo eco de denuncias de palizas por parte de la policía. A día de hoy, ni médicos forenses, ni diputados de Unidos Podemos, ni concejales de Ahora Madrid ni miembros de asociaciones han podido acceder al interior del CIE para comprobar el estado de los inmigrantes internos. Ante esta situación, la mayoría de ellos han iniciado una huelga de hambre, mientras en las puertas del centro se suceden las concentraciones exigiendo su cierre y las denuncias a cargo de organizaciones como SOS Racismo ante los juzgados de Madrid.

¿Qué son los CIE?

Los centros de internamiento de extranjeros (CIE) son instalaciones de titularidad pública donde se encierra a aquellas personas que se encuentran en España de manera irregular, o sea, que no tienen permiso oficial para residir en el Reino. Tal situación permite al Estado devolverlos a su país de origen, por lo que, legalmente, los CIE constituyen  una especie de sala de espera en la que se mantiene recluidas (si bien no son oficialmente cárceles) a personas que van a deportadas. En los CIE los internos, por ley,  no pueden permanecer más de sesenta días, tras los cuales bien son declarados inexpulsables, es decir, no se les puede devolver a su lugar de origen, o bien, se les embarca en aviones para tal devolución.

En los CIE se priva de libertad de circulación por no poseer papeles de residencia, lo que representa una falta administrativa, pero no un delito. Aunque algunas de las personas retenidas en estos centros poseen antecedentes penales o condenas cortas que son computadas por la expulsión, la clara mayoría de quienes se hallan en ellos están faltos de libertad y con menos derechos que la población reclusa por una simple falta administrativa.

¿”Funcionan” los CIE?

Más allá de la evidente violación de los Derechos Humanos, reconocidos y asumidos por España, que representan los CIE y que se pretende atenuar cínicamente con la formalidad legal de que al no ser “españoles”, ciertos derechos no se aplican como se hace para el resto de la ciudadanía, debemos concluir que estos centros no funcionan para el fin que fueron creados: la expulsión de personas irregulares.

Como recoge un reportaje de eldiario. es: En 2015, el Estado no consiguió deportar al 59% de las 6.390 personas encerradas en los CIE. Son datos de un informe registrado por la defensora del Pueblo. Es decir, se agota el plazo y el Gobierno no es capaz de cumplir el objetivo por el que el CIE tiene sentido desde la lógica de su política migratoria. En el caso del CIE de Las Palmas, no se expulsó ni al 3% de las personas internadas en 2015; en el de Zona Franca en Barcelona los casos de personas "inexpulsables" ascendieron al 72,22%.

Esta situación supone la vuelta a la calle de un porcentaje elevado de inmigrantes internos a los que se les ordena que abandonen el país por sus propios medios, condenándolos a una “muerte legal” de la que resulta muy complicado salir. Estas personas, totalmente desprotegidas y temerosas de volver a ser internadas, deben recurrir  a la economía sumergida para sobrevivir y ven negada su posibilidad de tener desde teléfono a médico, pasando por una vivienda; nada puede estar a su nombre, puesto que no existe un papel legal que les reconozca (para otra cosa que su expulsión) más allá de instituciones como la policía y los tribunales. Únicamente y si logran demostrar arraigo según las condiciones establecidas por la Ley de Extranjería, podrán quedarse legalmente, algo que representa una misión casi imposible.

Fuente de abusos

Las reiteradas denuncias de internos y asociaciones, la última de Jueces para la Democracia, exigiendo el cierre de los CIE por su incapacidad como espacios para garantizar los mínimos derechos de los internos o los sucesos de Aluche, como antes los de los CIE de Valencia o Barcelona, demuestran el abuso y arbitrariedad que el sistema genera a través de tales centros. Al entrar en los mismos, los internos pierden su nombre, que es sustituido por un número; existe falta de higiene y hay dificultades, cuando no imposibilidad, de acceder a fármacos por parte de enfermos crónicos.

Mención aparte merece la eventualidad de que las personas internas soliciten asilo. Estas demandas deben depositarse en un buzón, sin que el solicitante guarde copia sellada de la entrega. Son múltiples las ocasiones en las que las solicitudes no se tramitan y los internos ven como son expulsados, negándoseles de nuevo el acceso a un derecho básico.

Los CIE no solo acumulan denuncias de violación de derechos; su propia naturaleza de privación de libertad de las personas extranjeras por el hecho de no tener un medio de estancia que administrativamente sea válido,  representa de por sí un foco de abuso, racismo y desprotección legal. Todo ello sin contar que  estos centros resultan inoperantes dentro del criterio de política restrictiva de fronteras que la Unión Europea y el Reino aplican, de la mano de su ministro del interior, con todas sus energías.

Otras instituciones y espacios, como los ayuntamientos del cambio, las ciudades que se reclaman partidarias de acoger a personas refugiadas (Madrid, Barcelona o Valencia) y sus ediles no paran de señalar que frente a los CIE no hay otro camino que el cierre inmediato. Mantener a la gente privada de libertad e incapacitarla cuando abandona los centros para conseguir una estancia regular constituye un problema de higiene social y democrática que, efectivamente, sólo un cierre urgente y definitivo permitiría empezar a resolver.

Carlos Girbau  Activista social por los derechos humanos.

Fuente: www.sinpermiso.info,



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