domingo, 27 de noviembre de 2016

Presunción de decencia

 Rita Barberá asiste al pleno del Senado


Señores del Partido Popular, a ver si se enteran, un representante público no tiene que ofrecernos como toda garantía el no ser un delincuente. Hay otro nivel ético y moral que precisamos de nuestros regidores


Elisa Beni

El Partido Popular ha decidido llevar la politización de la muerte por causas naturales de Rita Barberá hasta las últimas consecuencias. La han aprovechado para cargar contra los medios de comunicación críticos y contra los periodistas poco dóciles. Han provocado situaciones poco comunes, como el homenaje en el Congreso, que les han servido para arremeter contra los que no se han plegado.

Y ahora, sin ningún pudor, quieren utilizarla para “revisar” el pacto que suscribieron con Ciudadanos para lograr su voto en la investidura y, sobre todo, para “abrir un debate sobre la presunción de inocencia”. Este es el afán de regeneración y lucha contra la corrupción del Partido Popular.

Basta ya de manipulaciones. La presunción de inocencia es un principio que rige en el proceso penal y que nadie ha vulnerado en ningún momento. Ni con Barberá ni con nadie. Me parece bien que los populares sean todos muy opositados pero hay que denunciar que pretendan convertir los principios rectores del proceso en la única guía ética y moral en una sociedad democrática.

No, señores del PP, la presunción de inocencia no rige la vida pública en democracia. La presunción de inocencia es el derecho que a todo investigado asiste de que se presuma su inocencia en el proceso hasta tanto no recaiga en él una sentencia penal.

En la vida real, y respecto a los cargos públicos, lo que debe regir en todo caso es una presunción de culpabilidad en el supuesto de que aparezcan indicios de una actuación incorrecta. La responsabilidad política descansa en el hecho de que cuando la sociedad recibe informaciones que apuntan a un comportamiento indecente y poco honorable por parte de un político es éste quien debe demostrar su honorabilidad.

Por ejemplo, si tenemos sobre la mesa todas las evidencias de la indecencia del comportamiento del rector magnífico de la Juan Carlos I, es él quien deviene obligado a probar que estamos equivocados y que hay una explicación aceptable y si no debe dimitir. Que sea o no delito su comportamiento es otra cuestión a dirimir en otro lugar y en la que si gozará de presunción de inocencia.

Por eso el PP tiene que enterarse de que no hay nada que debatir en la vida política sobre un concepto procesal. Sólo si consideran que el sistema judicial se extralimitó o incumplió tal principio deberían clamar contra ello. Los periodistas no estamos obligados por la presunción de inocencia porque trabajamos en el mundo real y no dentro del proceso. Cuando se habla de juicio paralelo lo que se está significando es que las noticias del mundo real pueden llegar a inmisionar en el proceso penal poniendo en peligro tal principio dentro del proceso.

La trampa de judicializar la actuación de los políticos corruptos hasta convencernos de que los jueces son los que dictan las sentencias morales sobre los comportamientos que son admisibles en una democracia ha durado demasiado ya.

Ningún ciudadano rige su vida privada por el principio de que sólo una sentencia judicial le permite crear criterio sobre lo que le rodea. Si tu pareja es un cabrón o una cabrona, si tu socio te engaña o tu amigo  te traiciona no necesitas que un juez te autorice a que tomes tus medidas y te protejas de ellos. Lo mismo sucede en la sociedad democrática. Si tu representante te estafa o se gasta tu dinero en pagar cenas de ostras y jabugo y habitaciones de hotel a 2.000 euros la noche, si le pillas mintiendo, no necesitas que un juez te autorice a decir que no merece gobernarte.

Señores del Partido Popular, a ver si se enteran, un representante público no tiene que ofrecernos como toda garantía el no ser un delincuente. Hay otro nivel ético y moral que precisamos de nuestros regidores. Hasta que no entiendan esto, no habrán entendido nada. La cuestión no es cuándo se ven obligados a apartar al indecente de su cargo público, la cuestión es cuando entienden que son los propios partidos los que están obligados a eliminar a sus miembros en cuanto la sombra de la duda se cierna sobre ellos.

Así que lo que exigimos es que en la vida española rija de una vez la decencia. Queremos volver a presumir la decencia de los que nos gobiernan y no su inocencia porque eso significará que no estamos ante investigados sino ante personas cuya honorabilidad no sólo es pareja a la de sus votantes sino ejemplo para la ciudadanía.

No se si Rita Barberá iba a ser o no exonerada del proceso en el que estaba inmersa por cuestiones tales como que la financiación ilegal de los partidos no estaba tipificada en el momento en que se produjeron los hechos. Lo mismo da. Las pruebas sociales que existen de la forma en la que manejó los fondos públicos, recibió regalos y prebendas y vivió y creó un sistema de gobierno profundamente corrupto, que llevó a todos sus concejales a ser investigados por la Justicia, están ahí.

Yo pienso sobre ella lo mismo que pensaba hace una semana y hace un mes. No quiero políticos así. Parece que el Partido Popular y algunos ciudadanos que les dan su voto, sí. Y ese es el verdadero problema.

Fuente: eldiario.es

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