EL AGUA, UN DERECHO HUMANO IRRENUNCIABLE

La Benéfica Inmensidad del Agua
  

Madrid 2015: se escribe agua, se lee democracia

Luis Babiano y Enrique Ortega
La Marea

En España, al contrario que en los países centrales europeos, los procesos de privatización del servicio de agua potable se han acelerado a consecuencia de la crisis. A esto hay que añadir que en nuestro país no existe un órgano regulador para precios e inversiones. El canon concesional está viciando el sistema y desatando graves irregularidades ya que la cantidad que reciben los ayuntamientos por la “venta” de la gestión del agua no es reinvertida en el ciclo hidráulico. Estos cánones millonarios se dedican, en la mayoría de los casos, únicamente a enjuagar las finanzas municipales y son repercutidos en la tarifa a los ciudadanos sin que aparezca claramente reflejado en la factura.
Vivimos una autentica burbuja hídrica, las cifras hablan por sí mismas. En 1996, el 63% de la población española estaba abastecida por sociedades públicas. En 2005 el 52% mantenía el carácter público. ?En 2010 los porcentajes se invierten: 47% público y 53% privada. A finales del 2015 el 57% serán privadas. Este modelo de gestión es costoso para el ciudadano que ve incrementada su tarifa (hasta un 75%); medioambientalmente insostenible, ya que a mayor consumo de agua, mayor es el beneficio; oscuro (no existen órganos reguladores, ni indicadores de calidad de gestión, ni estadísticas fiables); y supone una auténtica pérdida del control de las administraciones que a veces se ven abocadas a renovar los servicios sin licitación pública.
Situaciones parecidas a éstas han hecho que en muchas ciudades europeas como Grenoble o París hayan recuperado la concesión y que los ciudadanos italianos votaran en referéndum contra la privatización de los servicios de agua. Este movimiento también ha calado en nuestro país donde actualmente la sociedad civil está reformulando el modelo de gestión público.
Así, una treintena de organizaciones vecinales, de consumidores (UCE, Facua), ecologistas, defensores del agua publica (Red Agua Pública), operadores (aeopas) y científicas (Fundación Nueva Cultura del Agua), sindicatos (CC.OO) y de otros ámbitos, ultiman un gran pacto que pretende blindar este recurso ante las normas del mercado y las presiones privatizadoras. La #iniciativagua2015 , que defiende el carácter del suministro como derecho humano, en línea con la declaración de Naciones Unidas y con la primera iniciativa ciudadana promovida en la UE, intenta prohibir los cortes, asegurar un mínimo de entre 60 y 100 litros por persona y día en caso de impago justificado, eliminar la participación de la empresa privada en la gestión de este recurso, garantizar tarifas sostenibles, asegurar que el dinero del agua se reinvierta solo en este ámbito, aumentar el control social sobre los recursos, que la gestión del suministro también sea un elemento de creación de empleo e incluso promover el consumo del “grifo” frente a la comercialización de botellas.
El antecedente de la #iniciativa2015 está en Zaragoza, donde la Red Agua Pública de Aragón, ha conseguido la firma de los tres partidos que gobiernan la capital aragonesa (PSOE, IU y Chunta Aragonesista), 13 organizaciones sociales y dos fundaciones en un “compromiso social y político por la gestión pública y participativa del agua”. La propuesta de pacto llegó el pasado mes de octubre a Andalucía donde solo el PP y el PA se han quedado fuera del pacto para blindar el agua como servicio público y dejarlo al margen de las normas del mercado. Tras más de un mes de intensa campaña de una treintena de organizaciones, los foros celebrados en Sevilla y El Puerto de Santa María (Cádiz) consiguieron el respaldo del PSOE, IU, Podemos y UPyD. En Murcia, donde se presentó una iniciativa similar el día 3 de octubre. En el País Vasco la asamblea general del Consorcio de Aguas de Guipúzcoa ya aprobó el “Pacto Vasco” y en Cataluña más de 100 organizaciones ultiman su pacto a través de la plataforma Aigua és Vida .
El pacto persigue dos objetivos fundamentales. Uno es frenar la ofensiva de las empresas privadas por hacerse con los servicios en los pueblos, donde anticipan fondos que los Ayuntamientos necesitan a cambio de los recibos del agua de las próximas décadas (fórmula conocida como canon concesional). La segunda meta es conseguir la sostenibilidad económica, social y ambiental del ciclo del agua.
Los objetivos básicos son que la gestión y tratamiento del agua sean considerados un servicio de “acceso universal, participado y vinculado a los derechos humanos”. Este compromiso no es una mera declaración de principios, ya que supone cambios en las organizaciones responsables de este escaso recurso en España, como la creación de un órgano regulador participado por las organizaciones sociales.
Los principios básicos del pacto por el agua pública son:
Servicio 100% público. Una de las propuestas concretas más relevantes de este acuerdo es que los servicios de agua sean siempre 100% públicos.
Empleo. El pacto por el agua sostiene además que “la gestión del ciclo integral del agua puede y debe ser un yacimiento importante para la generación de nuevos empleos”, de calidad, seguros y estables. Los trabajadores también deben tener asegurada la participación en el funcionamiento, la gestión y la formulación de políticas del servicio.
Solidaridad. Uno de los principios básicos de la propuesta es la solidaridad y garantía de acceso a este bien considerado un derecho. De esta forma se establece que se asegurará una dotación mínima (entre 60 y 100 litros por persona y día), incluso en caso de impago. En este sentido, el acuerdo propone que en los reglamentos municipales se prohíban las suspensiones de suministro en los supuestos de incapacidad económica.
Del mismo modo, en el ámbito del principio de solidaridad, el 0,7% del presupuesto del ciclo del agua se destinará a la “colaboración en programas de cooperación al desarrollo en materia de recursos hídricos, aportando recursos y asistencia técnica a comunidades que lo necesiten”.
Investigación. El acuerdo también fija la necesidad de “establecer planes de investigación y desarrollo en materia de gestión del ciclo del agua” en colaboración con las “universidades, colegios profesionales, expertos y organizaciones sectoriales”.
Responsabilidad. El pacto también implica obligaciones para las entidades gestoras y, por encima de ellas, a los Ayuntamientos, que deben velar por el cumplimiento de la Directiva Marco del Agua , en los ámbitos medioambientales, económicos y de infraestructuras.
De esta forma, los municipios deben preservar la calidad del suministro, utilizar los mínimos recursos que garanticen el servicio y prevenir la contaminación. Las tarifas debe reflejar el coste real, pero respetando los principios de equidad y transparencia, y destinarse solo y exclusivamente a sufragar los costes de dichos servicios. Finalmente, también los Ayuntamientos tienen la obligación de ejecutar las inversiones necesarias.
Control Social. Finalmente, el acuerdo establece nuevos mecanismos para asegurar el “control social” del recurso, con transparencia y “participación ciudadana efectiva”, previstas en la Convención de Aarhus, en la normativa europea (Directiva 2003/35/, de 26 de mayo de 2003), y en la española (Ley 27/2006, de 18 de julio).
La #iniciativagua2015 es fundamentalmente un espíritu de cambio de modelo y siguiendo este proceso, mañana en Madrid, donde en las amenazas de privatización del Canal de Isabel II son constantes, se presenta el Acuerdo por una Gestión Pública del Ciclo Integral del Agua en la Comunidad de Madrid. La privatización del agua desfigura y limita poder democrático municipal. Frente a esto #iniciativagua2015 no soló supondrá la paralización definitiva de la privatización del Canal sino que pondrá las bases para la creación de un modelo público 100%, transparente y participativo…la democracia llega al agua.

Luis Babiano es de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS) y Enrique Ortega, de la Plataforma contra la Privatización del Canal Isabel II. Ambos participarán en el acto de este martes.

EL AGUA DERECHO HUMANO

 Infraestructuras Públicas para el derecho al agua

  
Los miedos de Aquafed, el principal lobby europeo del agua
Pablo Elorduy
Diagonal
Dos documentos enviados a la Comisión Europea por Aquafed, federación que une a Suez y Veolia, muestran su inquietud ante la iniciativa por el derecho al agua.
Hay palabras que se gastan con el uso y otras que nunca acaban de popularizarse. Si hablamos de la Unión Europea, lobby es el primero de esos casos y el neologismo “comitología” está en la segunda categoría. Dicen que el primer Conde de Romanones dijo aquello de “Ustedes hagan la ley, que yo haré el reglamento”, y eso da muestra de la importancia que tiene el desarrollo que sigue a una ley –o directiva, en el caso de la Comisión Europa–, en la que “expertos” o comitólogos, ponen la letra que acompaña a la música que propone la Comisión Europea.

                                       









EMBALSES PARA EL SUMINISTRO DE AGUA PÚBLICA


Dos documentos enviados a la Comisión Europea por Aquafed, la federación internacional de operadores de agua privada, que agrupa a los dos gigantes internacionales del sector, Suez y Veolia, muestran el impacto que una Iniciativa Ciudadana Europea ha tenido a la hora de plantear cómo se gestiona y cómo se garantiza el derecho al agua en la Unión Europea. Pero la batalla del agua en Europa aún no se ha terminado, y a partir de septiembre se decidirá quién pone la letra al cambio de ritmo propuesto por la sociedad europea en una consulta sin precedentes que, a decir de Aquafed, tambalea las bases del Tratado de Lisboa de 2007.
Dicha iniciativa, que se cerró en septiembre de 2013, llegó a la Comisión Europea gracias a que más de 1.880.000 personas de los distintos Estados europeos pusieron su firma en una campaña, Right2Water (derecho al agua), que ha obligado a las instituciones a tomar en cuenta las demandas de la sociedad civil, especialmente de la Europa central, respecto al agua. Lo que se pretende con ella, según explica Pablo Sánchez Centellas, responsable de comunicación de la Federación Europea de Sindicatos de Servicios Públicos, es conseguir una directiva vinculante que dé garantías sociales, como el acceso a un mínimo vital de agua por persona, y que ésta no se pueda cortar a personas en situación de pobreza. La Comisión ha abierto un periodo de consultas a la ciudadanía, que comenzó el 23 de junio y terminará el 23 de septiembre, que se utilizará “como base para decidir si es necesario mejorar la Directiva 98/83/CE sobre el agua y qué aspectos en particular”. De este modo, la iniciativa ha acompañado un debate de actualidad en países como Alemania, donde el Ayuntamiento de Berlín optó por la remunicipalización del agua a pesar de que tendrá que pagar cuantiosas indemnizaciones, o Grecia, donde, en mayo, el Gobierno central prohibió una consulta sobre la privatización del agua impulsada por la ciudad de Tesalónica.
Aunque no se propone un único modelo, la iniciativa recoge los casos de aumento de tarifas tras el paso de un operador público a uno privado, así como la “trampa” de los cánones concesionales, el elemento “que más limita a los ayuntamientos”, según explica Eloi Badia, de la plataforma Aigua és Vida. Cánones que han supuesto la subida del recibo del agua, por medio de la “ingeniería en el recibo”, como la califica Badia, destinada a asegurar un beneficio que ronda, según los casos, entre el 10 y el 20% de la factura y que han servido también para usar el agua “como un activo financiero” de los ayuntamientos.
Como recuerda Badia, en las elecciones del 25 de mayo, cinco de los seis candidatos a la presidencia de la Comisión se posicionaron a favor del derecho al agua. Antes, en 2013, la sociedad civil obtuvo una victoria con la exclusión del agua y el saneamiento de la directiva de concesiones. Una retirada de calado, ya que, según se calculó entonces, el 50% de las concesiones afectaban al agua. Para Sánchez Centellas, esta decisión, que fue calificada como “vergonzosa” por Aquafed, llevó al principal lobby del agua a “activar su batería de vínculos en la Comisión Europea”.
El tono es distinto en los dos documentos enviados por Aquafed a la Comisión Europea, publicados por la organización Acces Info Europe. El primero, de fecha 31 de enero, es un análisis legal de la Iniciativa Legislativa Popular, de la que dice que puede llevar a procesos “opacos y discriminatorios”. Aquafed muestra su inquietud con la Iniciativa Legislativa Popular y recuerda en varias ocasiones que “la iniciativa no crea una obligación de actuar” sino que es una mera “invitación” y que “crearía un precedente peligroso que puede suponer la desintegración del mercado interno”. Además, instó a Eureau, una plataforma técnica a atacar la iniciativa, lo que generó una fuerte controversia, y los representantes de Aquafed denunciaron que la iniciativa es un “mecanismo de los lobbies del agua pública de Alemania”.
El segundo informe de Aquafed, en febrero, es un cambio de tercio ante la exitosa trayectoria de la iniciativa. Para Sánchez Centellas, es una muestra de que “la ola les sobrepasa”. Así, el informe considera que es “muy difícil interpretar” qué querían decir los casi dos millones de personas que firmaron la declaración cuando dice que “el suministro y mantenimiento de los recursos hídricos no debe sujetarse a las reglas del mercado interno y que el agua debe excluirse de la liberalización”.
En vista de eso, Aquafed ha optado por una jugada propia de la “comitología”, en primer lugar pide la inclusión del derecho humano al acceso al agua potable y sanitaria segura en la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, algo para lo que se necesita mayoría en el Parlamento y unanimidad en el Consejo Europeo –lo que parece difícil dada la posición de Reino Unido respecto al acceso al agua–. Además, Aquafed pide la creación de un comité de expertos o “terceras partes” para el debate en el Parlamento y la Comisión.
Pero hay otro punto de apoyo para Aquafed y es que, aunque de momento el tema del agua se mantiene bloqueado en las negociaciones del acuerdo comercial entre EE UU y la UE (TTIP, por sus siglas en inglés), su liberalización puede reactivarse en el futuro. Esto acarrearía dificultades ya que las empresas tendrían derecho a exigir indemnizaciones por beneficios no obtenidos o ­demandar en un mecanismo de solución de diferencias entre inversor y Estado a las localidades que opten por la remunicipalización de su servicio de aguas. Decisiones recientes como las del Ayuntamiento de Ermua (Bizkaia), donde la presión ciudadana terminó con la concesión a Aquarbe, del grupo Agbar, o Montpellier, donde se ha remunicipalizado el servicio, dependerían aún más de las decisiones políticas de municipios, regiones y mancomunidades para mantener en un nivel de gestión democrático un recurso común y básico como el agua