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lunes, 31 de octubre de 2016

Macri sube la apuesta neoliberal





Antes de concluir el primer año de gestión Macri ya concentra todas sus energías en las elecciones del 2017. Proyecta prolongar su gobierno para reinstalar a pleno el programa neoliberal recreando los mitos de la privatización, la apertura comercial y la flexibilización laboral. ¿Podrá lograrlo?

CATARATA DE FALLIDOS

El crecimiento no aparece en el esperado segundo semestre y la recesión del 2-3% supera los promedios de las últimas caídas. También la inflación del 40% desborda los porcentajes habituales de la carestía. En lugar de avances hacia la pobreza cero, más de un millón de personas han sido empujadas a la miseria. Los asalariados formales perdieron entre el 8% y el 12% de su ingreso real y la tasa de desempleo se ubica en las zonas industriales por arriba de los dos dígitos. La desigualdad se expande en forma abrupta.
Hasta ahora la administración de Cambiemos no logró las ansiadas inversiones. Los únicos capitales que llovieron son los fondos golondrinas que especulan en el circuito financiero. Si se cumplen las estimaciones oficiales, la economía se encontrará a fines del 2017 en el mismo punto que estaba al concluir el kirchnerismo.
El divorcio entre promesas y realidad se extiende al terreno de la corrupción. Macri no ha explicado el fraude de las empresas off shore que montó para evadir impuestos. Su vicepresidente escondió bolsos con dólares de dudoso origen. El titular del Banco Central arrastra un cajoneado proceso por el fraudulento manejo de la deuda pública y el jefe del Banco Nación participó en las malversaciones de los fondos buitres. Además, el secretario de energía suscribe contratos con sus amigos de Shell y el dueño de un gran supermercado supervisa el jolgorio de los precios.
El líder del PRO enaltece la institucionalidad, pero fuerza la renuncia de los magistrados adversos, disciplina a los fiscales y negocia directamente los temas conflictivos con la Corte Suprema.
Los anuncios de imparcialidad en la comunicación naufragaron con la anulación de la ley de medios. Los principales emporios evitaron la subdivisión y sostienen al gobierno para ampliar su influencia con la próxima regulación del cable, los satélites y la telefonía.
Este blindaje mediático le permite a Macri ocultar el agravamiento de la criminalidad, que afronta con la misma improvisación del gobierno anterior. Trasladan gendarmes de las fronteras al conurbano y negocian cambios con las cúpulas policiales, sin modificar la connivencia de esas jefaturas con el delito.
Durante la campaña Macri cuestionaba la ausencia de un diálogo transparente. Pero desde el gobierno ha convertido al Parlamento en una oficina de favores para aprobar leyes a cambio de prebendas. Con la misma manipulación de los fondos públicos ha logrado frenar el paro de la CGT. La burocracia sindical preserva su turbia administración de las obras sociales y recibe protección frente a cualquier investigación de su enriquecimiento personal.
El presidente ha confirmado la típica fractura entre lo que se enuncia desde el llano y se realiza en el gobierno. Al principio eludió esa estafa con simples llamados a la felicidad. Luego culpó a la herencia kirchnerista de todas las desventuras y posteriormente denunció imaginarias obstrucciones de la oposición. El agotamiento de esos libretos lo induce a ensayar un nuevo relato.

GOBERNABILIDAD CONSERVADORA

Para contrarrestar los fracasos del año el oficialismo sube la apuesta y convoca a un gran operativo electoral. Afirma que un triunfo en las legislativas del 2017 facilitará otro mandato del oficialismo en el 2019, que permitirá destrabar los fallidos del 2016.
Con esta prioridad en los comicios Macri sepulta todas sus críticas anteriores a la obsesión electoral de los políticos por eternizarse en el gobierno. En lugar de “trabajar para la gente” ahora se embarca en la conservación de los cargos.
Proyecta inducir un rebote del consumo anclando el tipo de cambio. Intentará crear la misma primavera económica que indujeron sus antecesores en los años impares de elección. Repetirá el retraso del dólar para apuntalar el poder de compra con el auxilio del gasto público.
Macri tiene previsto recurrir al endeudamiento para financiar el enorme déficit fiscal (6-8% del PBI). Lo que el kirchnerismo solventaba con emisión, el oficialismo sostiene con empapelamiento. Ningún país del mundo compite con el vertiginoso incremento de un pasivo estatal que terminará desatando los conocidos ajustes del FMI.
El pago de intereses usurarios ya absorbe el 11% del presupuesto y la deuda es utilizada para facilitar fugas de capitales, gastos corrientes y aumentos de importaciones. Con esa bomba de tiempo el PRO se dispone a motorizar la campaña de sus candidatos.
Los medios hegemónicos convalidan ese plan. Avalan todas las tonterías de Prat Gay sobre el “enderezamiento de la macroeconomía” y justifican lo que antes demonizaban.
El monumental déficit fiscal, el deterioro de la balanza comercial, el derroche de divisas o la fractura entre inflación y tipo de cambio son presentados como inconvenientes pasajeros. Los mismos desajustes que eran identificados con el precipicio, ahora son retratados como simples datos cotidianos.
El establishment avala posponer un ajuste mayor para facilitar la maniobra electoral. Los talibanes del neoliberalismo también aceptan la demora y la embajada de Estados Unidos invita altos funcionarios del Tesoro o el Departamento de Estado, para elogiar las maravillas de su nuevo peón sudamericano.
Pero el plan de Macri requiere la cooptación de segmentos del justicialismo para fortalecer la cogestión de Vidal con los intendentes. También exige tratativas permanentes para apuntalar la conducta amigable de los renovadores en el Congreso y la decisiva neutralidad del Papa Francisco. La intermediación de Bergoglio fue determinante de la decisión cegetista de anular el paro. El PRO incentiva, además, la división del peronismo y acosa judicialmente a Cristina para forzarla a desertar del 2017.
El proyecto de Macri presupone también el afianzamiento de una base social conservadora permeable a los discursos de mano dura. Por eso el presidente justifica linchamientos o asesinatos de ladrones, mientras enmascara las causas sociales de la criminalidad (desigualdad) y la impunidad del bandidaje financiero. Cuenta, además, con la derechización de capas intelectuales que repiten el itinerario de Vargas Llosa. Lanata es el prototipo de esa involución.

LA IDEOLOGÍA DEL MERCADO

Para implementar un severo ajuste el macrismo necesita reintroducir las creencias neoliberales. Cómo esa idolatría quedó afectada por el desastre de los 90, el PRO ensaya nuevas fórmulas para las mismas falacias.
Despliega una intensa campaña contra el populismo, sin definir el contenido de ese mal. En pleno electoralismo no puede identificarlo con baches fiscales o “fiestas de los políticos”.
Al macrismo le cuesta disimular su pertenencia a la crema de las clases dominantes. Encarna un gobierno de la Ceocracia divorciado de las mediaciones políticas tradicionales y se maneja con gerentes de grandes empresas, que desconocen el universo exterior a Puerto Madero. Por eso proclaman que el pueblo está feliz con “un ajuste necesario y provechoso”.
Los representantes de esa elite declaran abiertamente que se ha vivido una “fantasía consumista”. Se indignan con las vacaciones o las compras de vehículos y electrodomésticos de bajo presupuesto. Retoman las teorías del derroche que identifican a la argentindad con el abuso del gasto y el desapego al ahorro.
Pero recomiendan restricciones sólo para los humildes. Durante el 2016 el segmento de los híper-privilegiados (ABC1) multiplicó sus viajes suntuarios y compras de automóviles de alta gama, mientras descorchaba el champagne que desgravó Macri.
El discurso austero no sólo choca con esa impudicia, sino con el propio intento de crear un alivio de consumo para el escenario electoral del 2017. Esa operación está amenazada por la demolición del poder adquisitivo que Cambiemos pondera y lamenta al mismo tiempo.
La restauración neoliberal también transita por cuestionamientos al “adverso clima de negocios” que generan los altos impuestos. No se refieren al IVA sino a lo aportado por los acaudalados. Pero el PRO ya redujo los gravámenes al patrimonio (bienes personales) y al agro-negocio (retenciones) sin ningún resultado de inversión.
Para soslayar esa contradicción Macri ataca el ausentismo y la baja productividad laboral. Sugiere que los capitales llegarán cuando los asalariados acepten una mayor tasa de explotación. Pavimenta ese camino con una reforma de las ART, que reducirá los derechos de los litigantes en los juicios por accidentes de trabajo. Los capitalistas se ahorrarán compensaciones por las tragedias que cada doce horas se cobran la vida de un operario.
Con el mismo objetivo Macri vetó la ley anti-despido y tolera un incremento del desempleo. Busca recrear el escenario disuasivo de la resistencia obrera que prevaleció a mitad de los 90.
Pero todo el paquete de mensajes neoliberales oculta que las elogiadas inversiones están detenidas por limitaciones estructurales de la economía argentina. No sólo la rentabilidad de los sectores ajenos a la agro-minería es reducida. En el contexto actual no se verifica la euforia privatista que acompañó a Menen, ni el viento de cola internacional que rodeó al kirchnerismo.
En esta coyuntura es muy improbable la repetición de lo ocurrido en el 2002-03, cuando el repunte del agro se transmitió rápidamente a la industria. Brasil es un espejo de las recesiones profundas y continuadas que socavan a las economías sudamericanas.
El macrismo disimula este duro escenario con la fantasía de imitar prosperidades ajenas. Propaga y archiva a toda velocidad los ejemplos a seguir. Ahora propone copiar la trayectoria de Australia, olvidando las diferencias con un país de menor densidad demográfica y mayor dotación de recursos naturales.
La lejana economía de Oceanía que ensalzan los neoliberales exporta minerales (y no alimentos), en estrecha asociación con los vecinos procesos de industrialización asiática. Es un socio militar privilegiado del imperialismo estadounidense, mantiene una estructura interna más igualitaria y nunca afrontó las tensiones sociales de Argentina.
Los cerebros del macrismo discuten Australia, para no registrar lo ocurrido en cualquiera de los modelos latinoamericanos de neoliberalismo continuado. El futuro macrista de Argentina se puede avizorar en la terrible desigualdad de México, la precarización laboral de Perú, las miserables jubilaciones de Chile o la marginalidad social de Colombia.
Allí se pueden explorar los anticipos del país “serio y normal” que propicia Cambiemos. Macri recita el viejo sermón liberal de enderezar a la Argentina con mayor apego al trabajo y respeto a la institucionalidad. Con ese maquillaje disfraza su proyecto de minorías más acomodadas y multitudes más empobrecidas.

SOCAVAR LA EDUCACIÓN PÚBLICA

Cualquier afianzamiento del neoliberalismo exige un drástico deterioro de la enseñanza estatal, puesto que en ese ámbito predomina una fuerte oposición a la prédica derechista.
El macrismo ya retomó las campañas contra todos los docentes que se ubican en la primera fila de la resistencia al ajuste. Cuenta con el apoyo de los grandes medios, que hostilizan a los maestros para enfrentarlos con la población.
El oficialismo y sus escribas presentan al magisterio como un sector que abusa de privilegios, elude obligaciones y aprovecha el ausentismo. No ofrecen pruebas de esas calumnias y ocultan las adversas condiciones de trabajo que prevalecen en la mayoría de los colegios.
También olvidan que sólo la esforzada labor de los docentes contuvo la destrucción de la educación pública. Las Carpas Blancas impidieron en los 90 la degradación que monitoreaba el Banco Mundial.
Macri pretende reiniciar ese desguace. Por eso implementa censos concebidos por las consultoras privadas, para establecer los rankings escolares que preceden a la privatización. Es totalmente falso que “los docentes no quieren ser evaluados” o evitan un “diagnóstico de la situación”. Simplemente se oponen a la cirugía que prepara el gobierno.
Bullrich ha confesado que promueve una “segunda campaña del desierto”, sin recordar a las víctimas de la primera cruzada. Los Ceócratas tienen en mente el modelo chileno de endeudamiento de las familias para costear los estudios, pero se presentan como adalides de una educación pública de calidad.
Con cierto cinismo declaran su propósito de contener la emigración de alumnos a los colegios privados. Ese enunciado choca con el mantenimiento de los subsidios a las escuelas pagas y con la abrumadora distribución de cargos entre directivos provenientes de ese sector. Un funcionariado que envía a sus hijos a las escuelas más costosas, no tiene el menor interés en potenciar la enseñanza pública. El gabinete de egresados del Cardenal Newman que maneja el país, ni siquiera conoce dónde quedan los colegios del estado.
El macrismo critica la conversión de muchas escuelas en centros asistenciales, pero no propone restaurar su función educativa. Su gestión acentúa la segmentación social que recrea esa degradación. Suelen constatar el deterioro de las escuelas más empobrecidas y la reducción de las exigencias de aprendizaje, en un ámbito que contiene a millones de chicos excluidos. Pero presentan esa desgracia como un dato ajeno a la inequidad que potencian todos los días.
Cambiemos intenta gobernar durante muchos años para crear un consenso privatista que naturalice la fragmentación escolar. Necesita un tiempo prolongado para instaurar creencias elitistas, que chocan con la extraordinaria historia de la educación pública argentina. Esa tradición distingue al país del grueso de América Latina.
Para promover la sostenida expansión de la enseñanza privada, la derecha necesita socavar la subsistencia de buenos colegios y universidades públicas. Allí florece el pensamiento crítico y la actividad militante, que los conservadores pretenden erradicar.
El des-financiamiento de la educación superior es el primer paso de la campaña por el arancelamiento que prepara el macrismo. Ya subrayan el “alto costo” de universidades con bajas tasas de graduación en proporción a los ingresantes y el malgasto en estudiantes extranjeros. No comparan esas “pérdidas” con los millones de dólares transferidos a los parásitos del sector financiero. Ocultan que sólo los fondos buitres recibieron este año una suma dos veces y media superior al presupuesto de las universidades.
En lugar de introducir becas para aumentar el porcentaje de los recibidos, Cambiemos piensa en la expulsión de los “sobrantes”. Su objetivo es despolitizar y embrutecer a la juventud.

NUEVOS PLANES FRENTE A LA RESISTENCIA

El macrismo ultimó su plan de gobierno prolongado a partir de lo ocurrido con las movilizaciones del 2016. La intensidad de esa lucha puso en evidencia que el movimiento popular no será doblegado con facilidad. El nivel de resistencia y ocupación de las calles supera el promedio regional.
Las batallas que iniciaron los estatales contra los despidos fueron sucedidas por importantes paros en incontables sectores. El gran acto sindical de abril constituyó la mayor concentración unitaria de los últimos años y corroboró el fortalecimiento de la agremiación registrada durante la última década. Esa ampliación volvió a otorgar protagonismo a los asalariados en reemplazo de los piqueteros.
Pero también la manifestación de San Cayetano reactivó la presencia callejera de los movimientos sociales y la masiva marcha federal logró un excepcional impacto de concurrencia y visibilidad.
La expresión más reciente de estas acciones ha sido la movilización contra el femicidio. Un nuevo sector irrumpe con niveles de organización forjados en encuentros periódicos de la militancia. Allí se han elaborado programas para preservar vidas, revertir la desigualdad y legalizar el aborto.
La intensidad general de esas acciones neutralizó las pretensiones represivas del macrismo. El oficialismo no pudo aplicar la ley anti-piquetes, ni los protocolos de garrotazos que ensayó en las primeras semanas de gobierno.
Han logrado mantener en la cárcel a Milagros Salas, pero fracasaron en el intento de detener a Hebe de Bonafini. Tampoco pudieron avanzar en el desprocesamiento de los genocidas y el masivo repudio a la negación de los desaparecidos forzó la renuncia de Loperfido. Nuevamente la resistencia democrática transita por los mismos carriles que la lucha social.
El gobierno sufrió también una dura derrota en la aplicación del tarifazo. La Corte percibió el malhumor social y obligó a reformular los aumentos, a través del sinuoso camino de las audiencias y las nuevas facturaciones. En los cacerolazos de protesta reapareció una reacción espontánea de vecinos indignados, que actúan más allá de las organizaciones sindicales o políticas. Ese despertar atemorizó al macrismo e incentivó su plan de priorizar las elecciones.
En un momento de crecientes protestas, Macri logró el aval de la burocracia sindical para desactivar el paro nacional a cambio de un bono vergonzoso. Los jerarcas archivaron la reapertura de las paritarias sin lograr ninguna compensación. La suma negociada es insignificante y su otorgamiento depende de la voluntad de cada sector patronal. Pero el gobierno sabe que la batalla social continúa y por eso renueva su artillería política, ideológica y electoral.
COMPARACIONES Y ESCENARIOS
Macri encabeza el mismo proyecto de restauración neoliberal que ensaya Temer en Brasil. En ambos casos se han instalado gobiernos directos de las clases dominantes, con el propósito de consumar agresiones virulentas contra las conquistas populares.
El líder de Cambiemos engañó al electorado, pero logró una consagración en los comicios que no tuvo su colega brasileño. Temer fue instalado por una mafia de corruptos, que utilizó la farsa del Parlamento para derrocar a Dilma. Es un bandido ungido por la casta de jueces y poderes mediáticos, que reemplazan a los militares en el viejo ejercicio de la acción golpista.
Macri no carga con esa mochila de ilegalidades, pero afronta obstáculos inmediatos de mayor alcance que su par brasileño. Frente a un nivel de resistencia popular más intenso, no ha podido desplegar el acelerado plan de ajuste que implementa Temer.
El golpista ya dispuso recortes del programa Bolsa Familia, congeló el gasto social y avanza en la reforma laboral y jubilatoria. Brasil no cuenta con el margen de endeudamiento que tiene Argentina y por eso los neoliberales impulsan las privatizaciones que Macri pospone.
La derecha brasileña tiene en carpeta la proscripción de Lula, pero su principal apuesta es la desmoralización popular. La abstención masiva en las recientes elecciones es una carta de esa estrategia. En cambio Macri debe colocar todas sus fichas en una próxima secuencia de comicios con alta concurrencia.
El dirigente del PRO tiene un proyecto reaccionario muy definido, pero carece del poder requerido para implementarlo. Por eso busca repetir la trayectoria de Menen que sorteó un debut tormentoso, para afianzar luego su gestión con endeudamiento y contubernios.
En un contexto internacional muy distinto a los 90 y con gran memoria de ese desastre, el periplo de Macri puede naufragar. Si pierde las próximas elecciones podría afrontar el mismo destino de Fox (México) o Piñera (Chile) -que con gabinetes de CEOs o equipos políticos- no pudieron consolidar su proyecto. Perdieron la partida y fueron reemplazados por otras fuerzas de las clases dominantes.
Las elecciones serán un campo de batalla pero la gran pulseada se dirimirá en las calles. Menem empobreció al país al doblegar la resistencia popular. En cambio De la Rúa falló en ese mismo operativo y quedó sepultado por la rebelión del 2001.
El primer resultado condujo a una década de miseria y el segundo a un periodo de mejoras sociales y conquistas democráticas. Quiénes proclaman su deseo de “que a Macri le vaya bien” deberían recordar esos antecedentes. Sólo con victorias del pueblo y derrotas de los poderosos el país saldrá adelante.

Claudio Katz es economista, investigador del CONICET, profesor de la UBA, miembro del EDI. Su página web es: www.lahaine.org/katz

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

Fuente: Rebelión

domingo, 7 de agosto de 2016

También en tierras, Macri favorece a los capitales extranjeros



Emilio Marín
Barómetro Internacional


El gobierno de Mauricio Macri es particularmente permisivo al capital extranjero. Aguarda una lluvia de miles de millones de dólares de inversión. Una de las áreas donde implora por esa extranjerización es en materia de tierras. Macri siempre preconizó la relación de Argentina con el mundo, pero nunca aclaró los términos de dependencia en los que la concebía. Con velocidad, los argentinos vienen captando el sentido poco soberano de esas políticas. Aceptar en todos sus términos las demandas de los “fondos buitres”, así como emitir títulos por 16.500 millones de dólares para hacer efectivo ese pago, doblando comisiones millonarias al JP Morgan, Deutsche, HSBC, UBS, Citibank y Santander, fue muestra de aquellas subordinaciones.

Abrir en forma indiscriminada las importaciones de productos fabricados en el país, arruinando a la producción nacional -en particular a la pequeña y mediana ya azotados por la recesión- favoreció la concentración y extranjerización de una economía que siempre rengueó por el peso de los monopolios. También resaltaron los beneficios para las petroleras, gasíferas y eléctricas favorecidas por el tarifazo. Y, último pero no menos importante, la ley de blanqueo para que supuestamente 40.000 millones de dólares se acogieran. Ese resultado está más que verde, pero aún en caso de madurar no sería con dinero de regreso a la plaza argentina pues la ley no se lo exige. Bien podrían seguir su plácida estadía en los paraísos fiscales y firmas off-shore, donde Macri, sus familiares y empresarios amigos tienen experiencia de negocios.

En estas semanas hubo declaraciones del presidente y ministros encareciendo la importancia de las inversiones extranjeras. En julio se deben contabilizar sus discursos en las citas con empresarios y presidentes de la Alianza del Pacífico, en Chile; y los pronunciados en Francia, Bélgica y Alemania, con sus respectivas autoridades, más el foro tecnológico en Sun Valley Conference, en Idaho, EE UU. El hombre del PRO insistió en su súplica, para que capitales radicados en esos países vengan a Argentina o bien aumenten sus inversiones los que ya están acá. Lo de Macri es el apotegma opuesto al del maestro Aldo Ferrer, de “Vivir con lo nuestro”. Podría traducirse: “Para vivir, que el capital extranjero se adueñe de lo nuestro”.

Reflejo en tierras.

El punto de vista poco soberanista se plasmó el 30 de junio en el decreto 820/16, por el cual modificó la ley 26.737 aprobada por amplia mayoría en Diputados y el Senado en diciembre de 2011. La norma llevó el nombre de “Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras Rurales” y ponía límites a la extranjerización de tierras.

La oposición conservadora que tiroteaba al gobierno de Cristina Fernández y su vocero mediático, Clarín, interpretaron en 2011 que la iniciativa era parte del revanchismo del gobierno ante “el campo”, luego del fracaso de la resolución 125 que establecía retenciones móviles a las exportaciones de granos y en especial la soja.

Ese conflicto se vivió en 2008. Y la ley es bastante posterior, nacida al calor de cierta comprensión, algo tardía y no muy profunda, sobre la necesidad de limitar la expansión del agro-business. Se lo hizo en forma contradictoria, pues en 2012 la presidenta informó, feliz, que se había confirmado la inversión de Monsanto en la planta de semillas en Malvinas Argentinas, Córdoba.

Como fuere, la ley 26.737 fue un buen intento de limitar, aunque no de erradicar, los latifundios e inversiones de capitales extranjeros. Se planteó que una sociedad con mayoría de acciones del 25 por ciento en manos de extranjeros no podría comprar más que mil hectáreas en la zona núcleo, o sea la pampa húmeda (parte de Buenos Aires, sur de Santa Fe y sureste de Córdoba). Las provincias deberían realizar estudios para adecuar esas mil hectáreas a sus propios territorios, donde serían un poco más.

El capital foráneo así delimitado no podría superar el 15 por ciento de la superficie de tierras cultivables rurales del país. Pretextando que las situaciones de las diferentes regiones son disímiles y que la ley no previó todas las realidades de las propiedades rurales (dificultades catastrales, usucapiones, sucesiones, pleitos, etc), el macrismo aprovechó para modificar por decreto 820 una ley de alcance superior. Ya este aspecto ameritaría un pleito judicial y la maniobra gubernamental podría no prosperar.

¿Cuáles fueron los puntos centrales de la modificación oficialista? En vez de definir como extranjera a una sociedad o persona jurídica con el 25 por ciento de acciones en manos foráneas, aumentó ese techo al 51 por ciento. Sólo las que lo superen ingresan en la categoría que tiene impedimentos. Y aclaró que el tope de 15 por ciento de las tierras en manos de extranjeros rige sólo para las superficies rurales, no así para zonas industriales y de otros usos.

Si alguien tenía alguna duda sobre el objetivo macrista, la aclaró el subsecretario de Asuntos Registrales del Ministerio de Justicia de la Nación, Martín Borrelli, quien sostuvo que “se busca facilitar la llegada de inversiones productivas de capital extranjero en todo el país a través de la regulación de situaciones que no habían sido contempladas en el decreto 274 del 2012”.Argumentó que el sistema de equivalencias ya que no responde a la realidad del comercio de tierras rurales en nuestro país “ni a las necesidades de expansión del negocio agroindustrial de las provincias”. Eso conjuga perfectamente con Macri, quien en varias oportunidades reiteró su ideal: “no ser el granero del mundo, sino el supermercado del mundo”.

Dime quién te apoya…

La decisión gubernamental fue apoyada por la Cámara de Inmobiliarias Rurales (CAIR) por considerar que facilitará la llegada de inversiones productivas de capital extranjero en la explotación de commodities como trigo, maíz, soja y girasol. Así lo expresó el secretario Javier Christensen, quien fue muchos años dueño de la consultora agropecuaria Agroconnection SA, socia del grupo Telecom. La CAIR está presidida por un directivo de Álzaga Unzué y hay muchas empresas que tienen como valores “el relacionar, promocionar y crear vínculos entre las empresas e individuos dedicados a la intermediación de negocios inmobiliarios rurales”. Estos “intermediarios” con el capital concentrado y preferentemente extranjero son los que aplaudieron a Macri por el decretazoy advirtieron que “será necesario hacer más cambios”.

En La Política on-line, el 4 de julio pasado, se podía leer que “la Sociedad Rural, Confederaciones Rurales y Coninagro no emitieron opiniones públicas sobre el tema, aunque en el sector descuentan que están de acuerdo con la iniciativa macrista”. El 16 de julio, Luis M. Etchevehere, titular de la SRA, cortó las cintas de la 130° Exposición de Palermo, y se congratuló por la presencia de funcionarios macristas, entre ellos el ministro de Agro-Industria, Ricardo Buryaile. Estos defensores del “campo argentino” no esbozaron ningún tipo de crítica al proyecto de la extranjerización de tierras.

Esos elogios serán aún más encendidos cuando se haga el acto central de la Rural, con presencia de Macri. Etchevehere podrá decir que al cabo de 14 años por fin un presidente volvió al predio comprado a precio vil y cuya recuperación por el Estado fue frustrado por los jueces amigos.

…Y quién te cuestiona.

El titular de la Federación Agraria Argentina, Omar Príncipe, cuestionó el decreto 820/16, rescatando la legislación anterior. Cabe recordar que la ley 26.737 fue aprobada en 2011 por el voto mayoritario del FPV, el sector peronista de Felipe Solá, el FAP de Hermes Binner y una parte de los radicales. En el Senado el único voto adverso fue el del salteño y hombre proclive al latifundio y desmonte, Juan Carlos Romero, ex compañero de fórmula de Carlos Menem. Otro que hizo fuertes críticas fue el núcleo interno de la FAA, “Grito de Alcorta”. Pedro Peretti dijo que se “habilita la venta de 20 millones de hectáreas justo cuando sale la ley de blanqueo de capitales”. “Estoy seguro que parte de esa plata mal habida va a ir a la compra de tierras y el paso que viene es la derogación definitiva de la ley de tierras”, añadió quien pidió la protección de pequeños y medianos productores del agro.

Según su cálculo, de los 230 millones de hectáreas que componen el conjunto de la soberanía territorial, hay 3 millones en manos de norteamericanos, 2.6 millones de italianos y 2.1 de españoles. Al menos 8 millones de hectáreas son de extranjeros, cuestionó en declaraciones a AM840. La conexión entre el blanqueo y las tierras es exacta.

El 30 de junio el Senado votó el polémico blanqueo y el 1 de julio se conoció el decreto ampliando facilidades del capital extranjero. Los Benetton con un millón de hectáreas, Douglas Tompkins, Joe Lewis, George Soros, Ted Turner, Monsanto, Syngenta, Nidera y otras firmas foráneas tienen la tranquera abierta donde ondea la bandera de remate. No son los únicos latifundistas. Los “nacionales” Carlos P. Blaquier con 155.000 hectáreas, y los Martínez de Hoz, que -como comprobó Osvaldo Bayer-, se adueñaron de 2.5 millón de hectáreas con la mal llamada “Campaña del Desierto”, son una plaga latifundista tan nefasta como la extranjera.

Reforma agraria, ¿para cuándo? Daniel Viglietti aún canta “a desalambrar”.

Fuente: http://www.barometrointernacional.com.ve/2016/07/30/tambien-tierras-macri-favorece-los-capitales-extranjeros/
Fuente: rebelión.org

jueves, 28 de julio de 2016

Otro ruidazo por las calles




Nueva movilizacion contra el tarifazo para el 4 de agosto


Laura Vales



“No al tarifazo” y “Fuera Aranguren” son las consignas de la convocatoria de las multisectoriales de clubes de barrio, cooperativas, sindicatos y asociaciones de consumidores.
Las multisectoriales contra el tarifazo llamaron para el jueves 4 de agosto a un nuevo ruidazo en todo el país contra el aumento desmedido de los servicios y por la renuncia del ministro Juan José Aranguren. La convocatoria es motorizada por clubes de barrio, cooperativas, sindicatos y asociaciones de consumidores que, junto con las protestas para que el tema no salga de la agenda, vienen presentando ante la justicia pedidos de amparo. En la ciudad de Buenos Aires, el ruidazo será antecedido, mañana, de una apertura de los molinetes en las cabeceras de las seis líneas del subte , donde ese día podría entrar en vigencia un aumento del 70 por ciento en el valor del boleto.
Estos espacios comenzaron a formarse hace dos meses, para sumar fuerzas en los reclamos contra el Gobierno. Uno de sus disparadores fue la reacción de los clubes de barrio, que salieron a denunciar públicamente que el tarifazo hacía peligrar su supervivencia.
La multisectorial porteña, que se junta todos los lunes en el Hotel Bauen, el lunes hizo por ejemplo su octavo encuentro semanal. Su conformación es abierta, pero para darse una idea de a quiénes va agrupando, entre sus integrantes están el Club Colegiales, el Movimiento de Defensa del Derecho del Consumidor, la Unión de Usuarios y Consumidores, la CTA de los Argentinos, la Asociación de Trabajadores del Estado porteña (ATE Capital), las empresas recuperadas de FACTA, los metrodelegados, Apyme, junto a grupos más barriales.
El sábado, en la Universidad de Luján, se reunieron representantes de 32 de estas multisectoriales –se han formado 54 en todo el país– ; de ahí salió el llamado al segundo ruidazo.
Las consignas de la protesta son “No al tarifazo” y “Fuera Aranguren”. El flyer que comenzó a circular este fin de semana en las redes sociales propone que “Unidos podemos exigir que corten los aumentos”.
El primer ruidazo fue convocado por las asociaciones de consumidores; se realizó el 14 de julio, día que cayó jueves, como el llamado al próximo.
Por otra parte, para el sábado 6 de agosto la multisectorial porteña, junto al conjunto de las asociaciones de consumidores, están preparando una audiencia pública autoconvocada contra el tarifazo. La intención es hacerla en una facultad de la UBA –Economía o Sociales–, con una serie de paneles en los que, con la participación de especialistas en energía, se debata la política tarifaria de Aranguren.

Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-305238-2016-07-26.html - rebelión.org

domingo, 10 de abril de 2016

Panama Papers: Macri, único presidente latinoamericano involucrado directamente





Fernando Vicente Prieto

colombiainforma.info

La investigación fue desarrollada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), que analizó más de 11 millones de documentos que una fuente anónima acercó al diario alemán Süddeustche Zeitung.

Hasta el momento, apenas una pequeña parte de esos documentos han sido difundidos, lo cual genera dudas en torno a los beneficiarios de estas primeras revelaciones, que seguramente serán las de mayor impacto. En esta primera instancia, por ejemplo, llamativamente no hay involucradas empresas y figuras políticas de Estados Unidos, lo cual es bastante sospechoso. Estas circunstancias han llevado a Wikileaks y otras organizaciones a pedir que se difunda el total de los documentos filtrados.

Más allá de las especulaciones, es evidente que esa pequeña parte de los documentos visibiliza y pone en cuestión un modo de operaciones dirigido a evadir impuestos y blanquear capitales a partir de la estructuración de “empresas fantasma”, en este caso con la participación de la consultora panameña Mossack Fonseca, un bufete de abogados especializado en la utilización de todo tipo de artimañas legales para que las corporaciones y las familias ricas realicen manejos financieros con el objetivo de acrecentar sus riquezas.

Entre los mencionados en esta primera tanda de papeles analizados, se destaca el presidente argentino Mauricio Macri, el único presidente de América Latina y el Caribe en ejercicio que es mencionado en el informe como responsable directo de compañías fantasma. Otras figuras políticas incluidas son el presidente de Ucrania, Petro Poroshenko; el primer ministro de Islandia, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson (quien renunció a las pocas horas, forzado por la movilización popular); el rey de Arabia Saudita, Salmán bin Abdulaziz y el Presidente de Emiratos Árabes Unidos y emir de Abu Dhabi, el Khalifa bin Zayed. Además de una larga lista de familiares y amigos del rey Felipe de España; del primer ministro inglés, David Cameron; del presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin; del presidente de China, Xi Jinping; del presidente de México, Enrique Peña Nieto; y del comisario de la Unión Europea, Miguel Arias Cañete, entre otros.

El caso de Macri

Hasta el momento de estas líneas, Macri aparece como director de una compañía llamada Fleg Trading Ltd., que se registró en Islas Bahamas en 1998 y funcionó hasta 2009, cuando el actual presidente ya era Jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y también como director de otra empresa, llamada Kagemusha S.A, que fue constituida en Panamá. En ambas empresas, el presidente es su padre, Franco Macri, quien tiene participación en otras sociedades creadas en paraísos fiscales.

Por otro lado, también poseen empresas fantasmas el ministro de Hacienda de la ciudad de Buenos Aires durante el doble mandato de Macri como alcalde (entre 2007 y 2015), Darío Grindetti, hoy intendente del partido de Lanús; el primo del presidente e intendente del partido de Vicente López, Jorge Macri; y sus dos principales asesores políticos, el empresario Nicolás Caputo (beneficiario además de gran parte de los contratos de obra pública) y el presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, ambos muy amigos de Mauricio Macri. Además, participan en empresas fantasma otras figuras de relevancia en el gobierno derechista, como el ministro de Cultura, Darío Lopérfido; y el director de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas, también muy amigo del mandatario.

En síntesis, demasiados elementos para ilustrar sobre el modo de operaciones del actual gobierno argentino, que justifica su política de despidos masivos, aumento de tarifas de servicios públicos y desmantelamiento de programas estatales bajo el argumento del déficit, mientras por otro lado legitima, a través de su participación, la existencia de redes para la evasión fiscal. Cabe acotar, en este punto, que Argentina es el octavo país en el mundo en fuga de capitales y el tercero en relación a su cantidad de habitantes. Todo lo cual es agravado por una política que desde el primer minuto de gobierno, se orientó a la rebaja de impuestos a los grande empresarios.

Esta situación, de la cual apenas se conoce la punta del ovillo, causa preocupación en el alto gobierno, porque pone en evidencia los manejos turbios de los sectores más ricos e instala en la agenda un debate muy incómodo para la clase gran propietaria, de la cual el propio presidente es parte.

A pesar de contar con casi todos los medios privados abiertamente a su favor, que están haciendo malabares para que el tema pase a segundo plano, el escándalo recién podría estar empezando. El miércoles 6 de abril, el abogado Eduardo Barcesat realizó una denuncia en contra el presidente Macri por presunta "evasión fiscal agravada" y "lavado de activos". El mismo día, en la Cámara de Diputados, el bloque oficialista tuvo que apelar a la complicidad de sus aliados del Frente Renovador para negar al Parlamento la posibilidad de investigar esta situación, contradiciendo en los hechos la promesa electoral de un gobierno transparente, “sin nada que ocultar”, en la que Macri basó en gran medida su campaña.

Posdata: Pocas horas después de la publicación de este artículo, el presidente Mauricio Macri fue imputado por el fiscal federal Federico Delgado. El fiscal, en la mañana del jueves 7 de abril, pidió pidió al juez Sebastián Casanello la apertura de un expediente para determinar si Macri omitió en sus declaraciones juradas su participación en la firma Fleg Tranding Ltd. "de manera maliciosa". Además, solicitó investigar la existencia de irregularidades en las operaciones que surgen a partir del caso conocido como Panama Papers.

Fuente: http://www.colombiainforma.info/internacional/nuestra-america/3206-panama-papers-macri-unico-presidente-latinoamericano-involucrado-directamente

lunes, 4 de enero de 2016

La corrupción mata: empresarios y funcionarios kirchneristas condenados por la tragedia ferroviaria de 2012


 
 
Carlos Abel Suárez

La primera sentencia contra empresarios y funcionarios kirchneristas acusados de ser responsables de 51 muertes, entre ellas una mujer con una gravidez avanzada, y otras 800 víctimas entre heridos y lesionados que viajaban apretujados en un tren que se estrelló el 22 de febrero en la Estación del Once, se dictó esta semana en Buenos Aires.
El Tribunal Oral Federal N° 2, luego de 21 meses de un juicio que desnudó el sistema de retornos (coimas) que vinculaba a empresarios y agentes del gobierno, condenó a los ex secretarios de Transporte, Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime a ocho y seis años de prisión, respectivamente, y a nueve años de prisión a Claudio Cirigliano, dueño de la empresa concesionaria del Ferrocarril Sarmiento. El fallo, que según el fiscal  Fernando Arrigo promete ser una bisagra en la antiquísima trama corrupta de empresarios y funcionarios públicos, comprende 21 condenados de los 28 inicialmente acusados por esta tragedia.  Entre ellos, el maquinista del fatídico tren “Chapa 16”, Marcos Córdoba, sobre el que todos los funcionarios y empresarios procesados pretendieron descargar la absoluta responsabilidad del estrago, que fue sentenciado sólo a  3 años y seis meses de prisión.
Si bien ni uno de condenados va ir a la cárcel hasta tanto exista sentencia firme, es decir, de Casación y posiblemente de la Corte Suprema, los familiares de las víctimas aplaudieron la resolución de la Cámara, fundamentalmente por la celeridad de un juicio que culmina a 3 años y 10 meses de la masacre. Vale comparar con las causas seguidas contra Menem y sus funcionarios que algunas llevan dos décadas sin llegar a esta instancia.
María Luján Rey y Paolo Menghini, padres de Lucas (uno de los jóvenes muertos en el 22F) emblemáticos luchadores en el reclamo de justicia y esclarecimiento, tras conocer el fallo dijeron que “nuestra lucha termina el día que las sentencias queden firmes”, al tiempo advirtieron que “el poder que cubrió a los acusados, nos mira desde Santa Cruz”.
Esta simple fase aporta dos significados potentes: la movilización infatigable, casi diaria de los familiares, acompañados por una inmensa solidaridad ciudadana, fue determinante para la celeridad del proceso, pero también – como el Tribunal lo ha mencionado en el fallo -  en el banquillo de los acusados no estuvieron todos los responsables de estas muertes cabalmente evitables.  Los jueces apuntaron a la necesidad de seguir la pista de Julio De Vido, actual diputado y mandamás durante 12 años del sistema de transporte y de la energía, entre los sectores bajo su competencia que colapsaron. Las dádivas (dulce eufemismo jurídico) llegaban, de acuerdo a testimonios ventilados en el juicio, hasta la Casa Rosada.
En su artículo publicado en Sin Permiso a pocos días de la tragedia, Juan Carlos Cena, veterano  ferroviario, autor de relevantes trabajos sobre la destrucción de los ferrocarriles, afirmaba: “La crisis en el universo ferroviario es integral. Tanto en los trenes suburbanos, cargas y en los de cartón de pasajeros de larga distancia, inaugurados con una gran pompa K. Abarca todo”.
Al cumplirse el primer aniversario del doloroso 22F, que fue recordado por una multitud que portaba carteles que reclamaban Justicia, nos preguntábamos también en Sin Permiso: “¿Por qué la del Once fue una masacre y no una tragedia o un accidente?  Todo lo que pasó estaba previsto.  Solamente fue un episodio mayor de una escalada de crímenes de menor intensidad, que habían dejado centenares de víctimas, dosificadas a lo largo de muchos años. Pero no faltaron en todo este proceso advertencias y denuncias de todo nivel que desnudaban el colapso del sistema de trasporte, su desmantelamiento y saqueo por  un sistema corrupto que se propagó sin pausa desde las privatizaciones de los años ´90”.
Numerosos informes, de la Auditoría General de la Nación (AGN), entre los años 2002 al 2012, prendieron la luz roja sobre el estado de los ferrocarriles. Los documentos oficiales advertían que “El sector de transporte es uno de los más deficitarios de la gestión estatal de la última década. En él se incluyen los corredores viales, el transporte aéreo y el fluvial, pero el cuadro más crítico se puede constatar en el sistema ferroviario, una creciente precarización que va incluso a contramano de los indicadores económicos registrados en el país”. Solamente en el año pasado se registró una muerte cada 21 horas en las rutas del país.
Agrega el documento que el Poder Ejecutivo “permitió un mayor deterioro del sistema ferroviario de la mano de concesionarios que no cumplieron con los compromisos contractuales y a los cuales tampoco se les aplicaron sanciones. Por el contrario, sus contratos se mantuvieron o renovaron aun cuando hubo causales para su rescisión. Las obras e inversiones se financiaron con fondos públicos, pero en la mayoría de los casos se ejecutaron a través de los concesionarios u operadores, sin que los procedimientos utilizados garantizaran los principios de competencia, concurrencia, transparencia y publicidad. Con un costo fiscal creciente, se sostuvieron las tarifas a los usuarios y se asumieron gastos de operación que estaban a cargo de los concesionarios u operadores,  como —en algunos casos— los salarios. También se transfirieron crecientes subsidios al sector mediante procesos de asignación cuestionables, sin control sobre la rendición de cuentas ni evaluación de los resultados. Las necesidades y los reclamos de los usuarios fueron ignorados y se suspendió el uso de los parámetros de calidad como medida para evaluar el desempeño de los concesionarios, tomándolos solo con fines estadísticos. Las metas legales de accesibilidad no fueron cumplidas”. //1//
A este entramado mafioso entre funcionarios y empresarios se añade el papel de las burocracias sindicales de la Unión Ferroviaria y de La Fraternidad, enquistadas desde hace décadas que fueron socios de las privatizaciones, de los concesionarios y de los políticos corruptos, que llegaron hasta el crimen – como en caso del militante Mariano Ferreyra – para sostener su cuota de poder.
Ricardo Jaime, el primer secretario de Transporte de Néstor Kirchner, que fue uno de los arquitectos del sistema, fue condenado en este juicio a cinco años en esta causa del 22F, pero unificaron una condena anterior por dádivas y otra por robo de documentos públicos, lo que sumó los seis años de condena. Un número probablemente provisorio porque enfrenta otras citas en Tribunales, particularmente una causa por enriquecimiento ilícito, donde tendrá que explicar cómo hizo para tener un hotel, más de una docena de autos de alta gama, departamentos en Brasil y en Buenos Aires, casas en barrios privados y hasta medios de comunicación en la provincia de Córdoba, con un sueldo de empleado público. Schiavi, que lo sucedió en el cargo, fue quien junto a De Vido intentó desparramar las culpas entre los trabajadores y hasta en las víctimas en una bochornosa conferencia de prensa a pocas horas de los hechos. Un ejemplo de funcionario de la puerta giratoria: fue jefe de campaña de Mauricio Macri en sus primeras elecciones a Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y pasó sin pausa a las filas del kirchnerismo.
La condena del maquinista es injusta, según el Monarefa, pues se habría demostrado que en todo momento Córdoba estuvo atento a su trabajo de conducción y los frenos de la formación  no respondieron al momento de llegar a la terminal, por el habitual deterioro del equipamiento a sabiendas de los concesionarios y del gobierno. Se aportaron pruebas de las fallas previas que venía manifestando el tren Chapa 16.  Tal como indica la AGN  “el deterioro se profundizó a tal punto que los trenes ya no solo son lentos, incómodos o ineficientes, sino que se volvieron peligrosos”.
La importancia del veredicto del Tribunal Oral Nº 2, sin embargo, no puede restablecer las pérdidas humanas del 22F, ni el anterior choque en la Estación Flores, ni todas las muertes cotidianas de un sistema de transporte en ruinas, pero tampoco parece conmover la matriz que privilegia el transporte individual y contaminante. No hubo planes en los últimos 25 años, más allá de una lavada de cara de vez en cuando, en la dirección de un sistema público de calidad y no contaminante del medio ambiente. Planes que tampoco parecen estar en la agenda del flamante gobierno de Mauricio Macri.
Nota:
1.- Leandro Despouy, 2015, La Argentina auditada. Buenos Aires, Editorial Sudamericana.
Carlos Abel Suárez
Miembro del comité de redacción de Sin Permiso
Fuente:
www.sinpermiso.info, 3 de enero 2016

jueves, 29 de octubre de 2015

Néstor, Lula y la segunda vuelta

 

      

     NESTOR KICHNER                         LULA DA SILVA

Emir Sader

 

Estábamos en la campaña de la segunda vuelta en Brasil, en 2010, cuando nos fulminó la noticia de la muerte de Néstor. Lula corrió a representarnos a todos nosotros, cuando todos nuestros corazones se volcaban hacia Néstor, hacia todos los argentinos, hacia Cristina en particular.
Sabíamos todo lo que Néstor representaba, cómo junto a Hugo Chávez y Lula, había sido fundamental para lanzar el proceso de integración regional y cerrar el paso al ALCA. Sabíamos cómo Néstor había sido fundamental en el rescate de Argentina de la peor crisis de su historia.
Este aniversario de la muerte de Néstor nos lleva a aquel momento y a la forma en que Lula afrontó una situación similar a la que afronta ahora la Argentina. Ante el nuevo desafío electoral que se abría en aquellos días para nosotros, Lula nos sorprendió de nuevo. Nos dijo: “Siempre es mejor ganar en segunda vuelta, porque la contraposición de planteamientos es más clara, y de esta manera el presidente es elegido con más apoyo”.
En ese momento, sus palabras nos parecieron nada más que un consuelo, una racionalización por nuestra incapacidad para triunfar en 2002, en 2006, en 2010 –y, ahora, más recientemente, en 2014–. Pero después nos hemos convencido de que hay una lógica política importante en esos planteamientos. En la primera vuelta –en Brasil, en Argentina, o en otros países– hay una proliferación de candidatos, de planteamientos, que dificultan la comprensión de los grandes dilemas propuestos a nuestras sociedades.
La segunda vuelta fue fundamental para el triunfo de Lula en 2006 y de Dilma en 2010 y en 2014. Los dilemas centrales de nuestras sociedades se estructuran alrededor de la superación o no del neoliberalismo. No por casualidad los países de la región que han decidido la superación de ese modelo –privilegiando las políticas sociales, la integración regional, el rescate del rol del Estado– han avanzado en el combate a la pobreza y a la miseria, en la defensa de la soberanía nacional y de la autoestima de la gente. Con los países que mantienen el modelo centrado en los ajustes fiscales, en la centralidad del mercado, en el libre comercio, pasó lo contrario.
En la segunda vuelta las alternativas económicas y el rol de las políticas sociales se vuelven centrales en el debate entre dos candidatos y de sus planteamientos. En general los candidatos de la derecha tratan de esconder los fundamentos de su propuesta económica diciendo incluso que van a mantener los avances sociales logrados por los gobiernos progresistas. Es fundamental explicitar en los debates de segunda vuelta la contradicción entre esa promesa y los fundamentos de su propuesta económica.
A pesar de prometer que mantendrían las políticas sociales de los gobiernos del PT, en Brasil, los candidatos neoliberales hacían afirmaciones tales como: “La economía no crece porque el salario mínimo es muy alto”, (sic), “de los bancos públicos no va a quedar casi nada” (como si las políticas sociales pudieran ser implementadas por bancos privados). Eran las contradicciones de los candidatos de la derecha cuando expresaban sus verdaderas intenciones.
Además, en la segunda vuelta siempre se han podido realizar grandes actos y movilizaciones de artistas, intelectuales, movimientos sociales, fuerzas de izquierda en general. Y siempre tomando como eje las dos grandes opciones de nuestras sociedades: avanzar en la superación del neoliberalismo, o el retroceso brutal en lo económico, en lo político, en lo social y en lo cultural, con la represión correspondiente.
En la experiencia brasileña, las campañas en segunda vuelta han sido decisivas para las victorias electorales, para evitar los retrocesos y para avanzar en la profundización de los procesos de construcción de sociedades más justas, más solidarias, más humanas.
Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-284861-2015-10-28.html

lunes, 16 de diciembre de 2013

Argentina: revuelta policial y fractura social

 

Decadencia y corrupción

 

Guillermo Almeyra · Alberto Binder · · · ·

15/12/13


 

La rebelión de la policía de la provincia de Córdoba, con la ola de saqueos que fue analizada la semana pasada en Sin Permiso, tuvo un efecto cascada o dominó que se propagó por todo el país. El conflicto, puso en evidencia una vez más la fractura social ahondada por una inflación que supera el 25 por ciento anual, a la vez que mostró el fracaso de 30 años de gobiernos constitucionales en la democratización de las fuerzas de seguridad, eliminando la brutal corrupción interna y el carácter militar de su formación y funcionamiento. El costo y las consecuencias de estos nuevos parches, puestos con urgencia en estos días para seguir flotando en la crisis, todavía no han sido evaluados con seriedad. Ciertamente, los aumentos logrados a fuerza de pistola y saqueos por los policías de algunas provincias, desataron ya una ola de demandas en otros gremios de funcionarios públicos. La Central de Trabajadores Argentinos (CTA), opositora, convocó a una movilización para el próximo 19 de diciembre reclamando aumento de salarios y de las jubilaciones, un prolegómeno de lo que puede ser un verano caliente. La condena a prisión perpetua, en un juicio más que dudoso, a trabajadores petroleros de la localidad santacruceña de Las Heras, constituye un salto cualitativo en la criminalización de la protesta social, una escalada que tendrá seguramente consecuencias. El artículo de Guillermo Almeyra analiza la actual situación política argentina, la revuelta policial y el pillaje registrado en los últimos días, en el marco de la crisis económica mundial. Carlos Abel Suárez consultó a Alberto Binder, un destacado especialista en procesos de reforma policial y penal de América Latina, sobre aspectos específicos de la rebelión de los uniformados. Binder, desde una perspectiva democrática republicana, viene pregonando desde hace décadas que "la demanda de seguridad tiene raíces profundamente democráticas y se vincula al reconocimiento que hace el Estado de esos conflictos y al modo en interviene en ellos". [SP]

Abortos, ladrones y policías

Argentina vive en pleno surrealismo festejando "30 años de democracia" cuando en casi todas las provincias hay muertos, pillajes, motines policiales. En efecto, los policías, que ganaban sueldos insuficientes de maestros, se amotinaron y acuartelaron en 15 de las 23 provincias del país. Obtuvieron, entre otras cosas, que les dupliquen o tripliquen el sueldo. El gobierno nacional habla de sedición y extorsión y envió 18 000 gendarmes a las provincias donde la policía se retiró de las calles, con el resultado, en alguna de ellas, de tiroteos entre los dos sectores "guardianes del orden". El gobierno dice también que no es casual que, pocos minutos después del comienzo de los motines policiales, estallasen saqueos, con un saldo de doce muertos. Según el ministerio de Justicia el instigador de todo eso sería un ex jefe de la Policía de Buenos Aires, elegido diputado por la derecha peronista encabezada por Sergio Massa, ex jefe de gabinete (primer ministro) de Cristina Fernández de Kirchner.

Las jefaturas de las policías de Santa Fe y de Córdoba están siendo enjuiciadas por sus lazos con el narcotráfico. Esos cuerpos policiales, como los de las provincias de Buenos Aires y Neuquén, son famosos por los asesinatos de jóvenes y sus lazos con la delincuencia. El asistencialismo sin creación de empleos no crea sentimientos solidarios y fomenta en cambio el "arreglarse como sea" (y, por lo tanto, la pequeña delincuencia, el narcotráfico, los saqueos cuando alguien crea la ocasión). El gran retroceso cultural favorecido por el congelamiento de los sueldos de los maestros y la represión a los movimientos de los mismos, también difunde el individualismo. Por otra parte, puesto que todo fomenta el consumismo pero hay vastas capas de la población que no pueden comprar los bienes que les refriegan todos los días por la cara, el saqueo es para éstas una forma fácil de consumo.

En prácticamente todas las provincias del país hay hoy decenas de miles de personas dispuestas a saquear en cuanto son incitadas o ven la posibilidad de hacerlo. Respetan la propiedad privada que, por medio del robo, quieren redistribuir y no atacan a los grandes supermercados sino a los almacenes de su barrio, que están casi inermes y en los cuales pueden aplicar la táctica del "muerde y huye", robando algo caro para llevarlo esconderlo de inmediato en su casa. Ante estos ataques los pequeños y medios comerciantes y los vecinos se atrincheraron, armaron, formaron patrullas barriales sobre la base del "cada uno por sí" y en defensa de los bienes propios, sin ninguna solidaridad entre las distintas vecindades ni intento alguno de sustituir al Estado.

Estos estallidos de violencia no se dirigen contra el sistema capitalista pero muestran el hartazgo de buena parte de la sociedad ante la corrupción y el lujo de todos los "potentes", ante la impunidad de los delincuentes que cuentan con la complicidad policial y judicial. Expresan igualmente la violencia que impera cotidianamente a todos los niveles de la sociedad. Son un aborto, impiden el nacimiento de algo nuevo y diferente y mantienen "el orden" odiado al ampliar el desorden generalizado. El reflejo "de orden" de los pequeños propietarios temerosos del futuro no busca un nuevo orden, se limita a tratar de reforzar el viejo pero ya sin las reglas morales y jurídicas ni los valores que antaño lo sostenían.

Este aborto crea un ambiente propicio para una derecha autoritaria y centralista. El hecho de que las fuerzas armadas no tengan ya ni las armas ni el poder necesarios para actuar corporativamente no es ninguna garantía: en el Uruguay del presidente Terra, en 1933, el golpe de Estado lo dieron los bomberos y la policía cordobesa, con el apoyo de Perón y en nombre de la derecha peronista, derribó en 1974 al gobernador Ricardo Obregón Cano y a su vice, el sindicalista combativo y líder de la CGT local Atilio López, quien fue asesinado pocos meses después…

La descomposición ideológica y moral del capitalismo mundial y de los poderes estatales es la base principal de los saqueos y de los motines policiales. El Estado es un semiEstado. El poder económico está en manos de las transnacionales y del capital financiero a quienes el gobierno kirchnerista les concede incluso que los juicios sobre las diferencias eventuales se desarrollen en el extranjero, abdicando así de la soberanía jurídica. Estados Unidos tiene bases en Argentina y espía a quien quiere y por las aguas argentinas circulan libremente naves inglesas con armas atómicas, lo que demuestra cotidianamente que no hay un Estado que haga respetar la soberanía territorial. Por último, los altos mandos policiales trabajan junto con el narcotráfico y las armas no están en manos del aparato estatal sino de esos Estados dentro del Estado formados por mercenarios.

Éstos, como siempre sucedió en la historia con la descomposición del poder estatal, primero chantajean para obtener prebendas y mejores salarios y después dominan y someten a quienes creen ser sus patrones. Así sucedió con los pretorianos del Bajo Imperio romano, con las compañías de mercenarios y con los condottieri italianos que peleaban o no según se les pagase. Porque el Estado es "un grupo de hombres armados" y si ese grupo se recluta en los mismos medios de desempleados y marginales donde recluta el narcotráfico y se liga con éste, formará el poder delincuencial de un semiEstado en descomposición, similar a las diversas bandas de señores de la guerra chinas de los años 20.

Si se quiere orden, justicia, democracia, hay que luchar por desarrollar la solidaridad que está presente en las acciones barriales cuando hay catástrofes, crear tribunales populares que juzguen a los delincuentes, asegurar la democracia formando cuerpos de ciudadanos controlados por la sociedad, como las policías comunitarias mexicanas.

Guillermo Almeyra es miembro del Consejo Editorial de SinPermiso

La Jornada 15-12-2013

El problema está en la dirigencia política, no en la policía

Desde la eclosión de la "maldita policía", en tiempos del gobierno de Eduardo Duhalde en la provincia de Buenos Aires, se discute sobre la reforma policial. Mucho se habló pero poco se hizo. Dejar policías muertos de hambre, funcionales al crimen organizado, junto a ejércitos privados al servicio de la seguridad de los ricos. Mientras los pobres y desocupados de matan entre ellos. ¿Esto sería una política correcta?

Efectivamente el problema es mucho más grave y complejo (y anunciado). Las condiciones laborales de la policía son paupérrimas y degradantes y no tienen vías para canalizarlas. Así que los policías tienen razón. Las dirigencias políticas siempre han compensado esa falla con el permiso para co-financiarlas con la corrupción sistémica y de mediana y pequeña monta que es la que financia a toda la tropa o los mandos medios. La otra, la más grande se reparte con el financiamiento de la política. 

El problema es que antes, mientras la corrupción "menor" era más "benévola" el sistema se sostenía. Hoy significa ponerse en contacto con las redes de narcotráfico  Pero eso es otra cosa, otras exigencias, otras sumas de dinero. Esta es la primera ruptura del equilibrio.

La segunda ruptura, tiene que ver con el hecho de que la dirigencia política y las cúpulas policiales pretenden concentrar la corrupción. Eso ya lo vivimos en la época de Pedro Klodczyk, en la bonaerense. Desatan en consecuencia una ruptura interna entre las bases y las cúpulas, que, racionalmente, no ven porqué tienen que tener sueldos tan bajos mientras los otros participan en la ganancia mafiosa. El esquema de "paciencia que te llegará" propio de las estructuras mafiosas no llega hasta los niveles más bajos, más ansiosos, peores formados, desconocedores, incluso, de la lógica policial tradicional.

A todo esto hay que sumarle que no se pudo avanzar en los tiempos necesarios en un nuevo esquema de gobierno, en la profesionalización, etc. Todo esto ha hecho un cóctel más que predecible. 

¿Hay una conspiración que planificó esta revuelta?

En cuanto al discurso de sedición, es contraproducente. Lo que queremos es que los policías sean trabajadores civiles, profesionalizados, que prestan un servicio importante, pero no más importante que los maestros o los médicos. Creer que hay conspiraciones es ponerlos en el lugar de garantes de algo, volver a pensarlos desde lo militar.

En fin, el problema está en la dirigencia política, no en los policías que si estuvieran sindicalizados solo estarían haciendo paritarias.

Alberto Binder es abogado, miembro del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, (INECIP) y presidente del Centro de Estudios de Políticas Públicas para el Socialismo (CEPPAS).

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