Argentina: revuelta policial y fractura social

 

Decadencia y corrupción

 

Guillermo Almeyra · Alberto Binder · · · ·

15/12/13

 

La rebelión de la policía de la provincia de Córdoba, con la ola de saqueos que fue analizada la semana pasada en Sin Permiso, tuvo un efecto cascada o dominó que se propagó por todo el país. El conflicto, puso en evidencia una vez más la fractura social ahondada por una inflación que supera el 25 por ciento anual, a la vez que mostró el fracaso de 30 años de gobiernos constitucionales en la democratización de las fuerzas de seguridad, eliminando la brutal corrupción interna y el carácter militar de su formación y funcionamiento. El costo y las consecuencias de estos nuevos parches, puestos con urgencia en estos días para seguir flotando en la crisis, todavía no han sido evaluados con seriedad. Ciertamente, los aumentos logrados a fuerza de pistola y saqueos por los policías de algunas provincias, desataron ya una ola de demandas en otros gremios de funcionarios públicos. La Central de Trabajadores Argentinos (CTA), opositora, convocó a una movilización para el próximo 19 de diciembre reclamando aumento de salarios y de las jubilaciones, un prolegómeno de lo que puede ser un verano caliente. La condena a prisión perpetua, en un juicio más que dudoso, a trabajadores petroleros de la localidad santacruceña de Las Heras, constituye un salto cualitativo en la criminalización de la protesta social, una escalada que tendrá seguramente consecuencias. El artículo de Guillermo Almeyra analiza la actual situación política argentina, la revuelta policial y el pillaje registrado en los últimos días, en el marco de la crisis económica mundial. Carlos Abel Suárez consultó a Alberto Binder, un destacado especialista en procesos de reforma policial y penal de América Latina, sobre aspectos específicos de la rebelión de los uniformados. Binder, desde una perspectiva democrática republicana, viene pregonando desde hace décadas que "la demanda de seguridad tiene raíces profundamente democráticas y se vincula al reconocimiento que hace el Estado de esos conflictos y al modo en interviene en ellos". [SP]

Abortos, ladrones y policías

Argentina vive en pleno surrealismo festejando "30 años de democracia" cuando en casi todas las provincias hay muertos, pillajes, motines policiales. En efecto, los policías, que ganaban sueldos insuficientes de maestros, se amotinaron y acuartelaron en 15 de las 23 provincias del país. Obtuvieron, entre otras cosas, que les dupliquen o tripliquen el sueldo. El gobierno nacional habla de sedición y extorsión y envió 18 000 gendarmes a las provincias donde la policía se retiró de las calles, con el resultado, en alguna de ellas, de tiroteos entre los dos sectores "guardianes del orden". El gobierno dice también que no es casual que, pocos minutos después del comienzo de los motines policiales, estallasen saqueos, con un saldo de doce muertos. Según el ministerio de Justicia el instigador de todo eso sería un ex jefe de la Policía de Buenos Aires, elegido diputado por la derecha peronista encabezada por Sergio Massa, ex jefe de gabinete (primer ministro) de Cristina Fernández de Kirchner.

Las jefaturas de las policías de Santa Fe y de Córdoba están siendo enjuiciadas por sus lazos con el narcotráfico. Esos cuerpos policiales, como los de las provincias de Buenos Aires y Neuquén, son famosos por los asesinatos de jóvenes y sus lazos con la delincuencia. El asistencialismo sin creación de empleos no crea sentimientos solidarios y fomenta en cambio el "arreglarse como sea" (y, por lo tanto, la pequeña delincuencia, el narcotráfico, los saqueos cuando alguien crea la ocasión). El gran retroceso cultural favorecido por el congelamiento de los sueldos de los maestros y la represión a los movimientos de los mismos, también difunde el individualismo. Por otra parte, puesto que todo fomenta el consumismo pero hay vastas capas de la población que no pueden comprar los bienes que les refriegan todos los días por la cara, el saqueo es para éstas una forma fácil de consumo.

En prácticamente todas las provincias del país hay hoy decenas de miles de personas dispuestas a saquear en cuanto son incitadas o ven la posibilidad de hacerlo. Respetan la propiedad privada que, por medio del robo, quieren redistribuir y no atacan a los grandes supermercados sino a los almacenes de su barrio, que están casi inermes y en los cuales pueden aplicar la táctica del "muerde y huye", robando algo caro para llevarlo esconderlo de inmediato en su casa. Ante estos ataques los pequeños y medios comerciantes y los vecinos se atrincheraron, armaron, formaron patrullas barriales sobre la base del "cada uno por sí" y en defensa de los bienes propios, sin ninguna solidaridad entre las distintas vecindades ni intento alguno de sustituir al Estado.

Estos estallidos de violencia no se dirigen contra el sistema capitalista pero muestran el hartazgo de buena parte de la sociedad ante la corrupción y el lujo de todos los "potentes", ante la impunidad de los delincuentes que cuentan con la complicidad policial y judicial. Expresan igualmente la violencia que impera cotidianamente a todos los niveles de la sociedad. Son un aborto, impiden el nacimiento de algo nuevo y diferente y mantienen "el orden" odiado al ampliar el desorden generalizado. El reflejo "de orden" de los pequeños propietarios temerosos del futuro no busca un nuevo orden, se limita a tratar de reforzar el viejo pero ya sin las reglas morales y jurídicas ni los valores que antaño lo sostenían.

Este aborto crea un ambiente propicio para una derecha autoritaria y centralista. El hecho de que las fuerzas armadas no tengan ya ni las armas ni el poder necesarios para actuar corporativamente no es ninguna garantía: en el Uruguay del presidente Terra, en 1933, el golpe de Estado lo dieron los bomberos y la policía cordobesa, con el apoyo de Perón y en nombre de la derecha peronista, derribó en 1974 al gobernador Ricardo Obregón Cano y a su vice, el sindicalista combativo y líder de la CGT local Atilio López, quien fue asesinado pocos meses después…

La descomposición ideológica y moral del capitalismo mundial y de los poderes estatales es la base principal de los saqueos y de los motines policiales. El Estado es un semiEstado. El poder económico está en manos de las transnacionales y del capital financiero a quienes el gobierno kirchnerista les concede incluso que los juicios sobre las diferencias eventuales se desarrollen en el extranjero, abdicando así de la soberanía jurídica. Estados Unidos tiene bases en Argentina y espía a quien quiere y por las aguas argentinas circulan libremente naves inglesas con armas atómicas, lo que demuestra cotidianamente que no hay un Estado que haga respetar la soberanía territorial. Por último, los altos mandos policiales trabajan junto con el narcotráfico y las armas no están en manos del aparato estatal sino de esos Estados dentro del Estado formados por mercenarios.

Éstos, como siempre sucedió en la historia con la descomposición del poder estatal, primero chantajean para obtener prebendas y mejores salarios y después dominan y someten a quienes creen ser sus patrones. Así sucedió con los pretorianos del Bajo Imperio romano, con las compañías de mercenarios y con los condottieri italianos que peleaban o no según se les pagase. Porque el Estado es "un grupo de hombres armados" y si ese grupo se recluta en los mismos medios de desempleados y marginales donde recluta el narcotráfico y se liga con éste, formará el poder delincuencial de un semiEstado en descomposición, similar a las diversas bandas de señores de la guerra chinas de los años 20.

Si se quiere orden, justicia, democracia, hay que luchar por desarrollar la solidaridad que está presente en las acciones barriales cuando hay catástrofes, crear tribunales populares que juzguen a los delincuentes, asegurar la democracia formando cuerpos de ciudadanos controlados por la sociedad, como las policías comunitarias mexicanas.

Guillermo Almeyra es miembro del Consejo Editorial de SinPermiso

La Jornada 15-12-2013

El problema está en la dirigencia política, no en la policía

Desde la eclosión de la "maldita policía", en tiempos del gobierno de Eduardo Duhalde en la provincia de Buenos Aires, se discute sobre la reforma policial. Mucho se habló pero poco se hizo. Dejar policías muertos de hambre, funcionales al crimen organizado, junto a ejércitos privados al servicio de la seguridad de los ricos. Mientras los pobres y desocupados de matan entre ellos. ¿Esto sería una política correcta?

Efectivamente el problema es mucho más grave y complejo (y anunciado). Las condiciones laborales de la policía son paupérrimas y degradantes y no tienen vías para canalizarlas. Así que los policías tienen razón. Las dirigencias políticas siempre han compensado esa falla con el permiso para co-financiarlas con la corrupción sistémica y de mediana y pequeña monta que es la que financia a toda la tropa o los mandos medios. La otra, la más grande se reparte con el financiamiento de la política. 

El problema es que antes, mientras la corrupción "menor" era más "benévola" el sistema se sostenía. Hoy significa ponerse en contacto con las redes de narcotráfico  Pero eso es otra cosa, otras exigencias, otras sumas de dinero. Esta es la primera ruptura del equilibrio.

La segunda ruptura, tiene que ver con el hecho de que la dirigencia política y las cúpulas policiales pretenden concentrar la corrupción. Eso ya lo vivimos en la época de Pedro Klodczyk, en la bonaerense. Desatan en consecuencia una ruptura interna entre las bases y las cúpulas, que, racionalmente, no ven porqué tienen que tener sueldos tan bajos mientras los otros participan en la ganancia mafiosa. El esquema de "paciencia que te llegará" propio de las estructuras mafiosas no llega hasta los niveles más bajos, más ansiosos, peores formados, desconocedores, incluso, de la lógica policial tradicional.

A todo esto hay que sumarle que no se pudo avanzar en los tiempos necesarios en un nuevo esquema de gobierno, en la profesionalización, etc. Todo esto ha hecho un cóctel más que predecible. 

¿Hay una conspiración que planificó esta revuelta?

En cuanto al discurso de sedición, es contraproducente. Lo que queremos es que los policías sean trabajadores civiles, profesionalizados, que prestan un servicio importante, pero no más importante que los maestros o los médicos. Creer que hay conspiraciones es ponerlos en el lugar de garantes de algo, volver a pensarlos desde lo militar.

En fin, el problema está en la dirigencia política, no en los policías que si estuvieran sindicalizados solo estarían haciendo paritarias.

Alberto Binder es abogado, miembro del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, (INECIP) y presidente del Centro de Estudios de Políticas Públicas para el Socialismo (CEPPAS).