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jueves, 13 de octubre de 2016

Aún falta la X de la Gürtel


En la cadena de la gran corrupción, los principales eslabones son dos: el constructor que paga y el político corrupto que adjudica. Y ni Correa ni Bárcenas fueron ninguno de los dos.
Ignacio Escolar

Francisco Correa, meridianamente claro: "El empresario nos daba la licitación para ver si la podíamos conseguir, yo se lo pasaba a Luis Bárcenas y Luis la gestionaba con el correspondiente ministerio. Si conseguíamos la adjudicación, el empresario me entregaba un porcentaje, del 2% o el 3%, y yo lo llevaba a Génova".

A los lectores habituales de eldiario.es, la confesión de Correa en la Audiencia Nacional no les ha debido de sorprender. El principal imputado de la Gürtel ha explicado en su declaración exactamente lo mismo que hace un año y medio me contó: lo mismo que puso por escrito en  ese documento de nueve folios con el que su abogado de entonces intentó negociar un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción y que el propio Correa me entregó en mano, en su casa de la costa del Sol.

Correa me lo contó en 2015.  Después se desdijo; le pusieron  "un coche lleno de dinero" para que desmintiera aquella confesión. Ahora ha vuelto a cambiar de opinión, se ha decidido a tirar de la manta y ha repetido ante el tribunal lo mismo que entonces me confesó: que entre 1996 y 2004, durante los ocho años del Gobierno de Aznar, Correa fue uno de los principales comisionistas al servicio del PP. Correa confiesa que era el hombre que recaudaba "entre el 2% y  3%": las mordidas a cambio de las obras públicas que en esos años el Gobierno adjudicó. Correa admite que era el conseguidor.

En 1996 “hablamos Bárcenas y yo”, ha explicado Correa ante el tribunal para explicar cómo empezó a recaudar las mordidas para el PP. “Tú tienes contactos con empresarios, yo con políticos" –le dijo Luis Bárcenas–, "vamos a intentar hacer gestiones para cuando salen los concursos públicos de la Administración, intentar favorecer o adjudicar a algunos empresarios que luego van a colaborar con el partido". No era solo con García Pozuelo, "se hacía con varios empresarios. No es que esto se hiciera exclusivamente con el PP. Se hacía con cualquier partido político. (…) Era el sistema”.

La confesión de Correa esconde una pregunta fundamental que aún está por contestar: ¿quién es el señor X de la Gürtel? ¿Quién era el político o los políticos del Gobierno que decantaban las adjudicaciones para favorecer a las empresas que pagaban la comisión?

Esa persona no es Correa. Él nunca estuvo en política. Tampoco es Luis Bárcenas. El tesorero del partido solo fue senador mucho después –entre 2004 y 2010– y desde el Senado no se podía repartir comisión alguna porque no se decide ninguna adjudicación. Si Correa recaudaba y repartía con Luis Bárcenas, ¿cómo conseguía Bárcenas después cumplir con el empresario que pagaba la comisión? ¿Y quiénes eran  esos otros empresarios que, al igual que el propietario de la Constructora Hispánica, García Pozuelo, pagaban la comisión a "los servicios centrales" del PP?

Correa no ha respondido aún a esta cuestión fundamental; de forma muy sorprendente, la fiscal tampoco insistió en preguntar. Pero esa X de la Gürtel, ese político o políticos que decidían las adjudicaciones, no puede ser ninguno de los que están sentados en el banquillo ante ese tribunal. Correa, en su confesión, ha hablado concretamente de comisiones a cambio de la adjudicación de grandes obras como "carreteras, autopistas y tramos del AVE". Y ni el exacalde de Pozuelo, Jesús Sepúlveda, ni el consejero López Viejo ni ninguno de los políticos acusados en la Gürtel adjudicó este tipo de obras jamás. Además, los mayores pelotazos de García Pozuelo no fueron las pequeñas adjudicaciones que le entregó Jesús Sepúlveda. Fueron las obras de varios grandes tramos del AVE.

¿Se quedaba Luis Bárcenas todo lo que recaudaba en su nombre Paco Correa o repartía con alguien más? ¿Solo con el partido o también con esos políticos que conseguían decantar la adjudicación? Está por ver que el juicio de la Gürtel vaya a resolver esta cuestión. Tampoco parece que Luis Bárcenas vaya a tirar de la manta. Al contrario: las últimas decisiones del extesorero –como dejar de acusar al partido por la destrucción de sus discos duros– apuntan a que Bárcenas ha cambiado completamente de estrategia y busca algo muy distinto a una confrontación con el PP.

“No existe solo un Francisco Correa. Existen muchos Francisco Correa. Es el sistema”, dejó dicho el principal imputado de la Gürtel como colofón. El “Don Vito” de la Gürtel al fin se ha decidido a colaborar con la Justicia y buscar en su confesión un atenuante que reduzca la probable condena que le espera.

Correa intentó justificar su actividad como el de un mero lobista, alguien cuyo principal error fue cobrar en negro en vez de con factura por sus servicios de intermediación. Es algo habitual:  hasta el mayor villano busca siempre alguna justificación moral. Pero Correa tiene bastante razón en algo: él era un empleado más en un engranaje mucho mayor. A él le "han pillado copiando", pero no era el único que lo hacía. Correa es una pieza importante pero no el principal responsable de la corrupción.

En la cadena de las grandes comisiones de la obra pública que ha asomado hace unas horas en la Audiencia Naciona, los principales eslabones son dos, los dos extremos: el constructor que paga la mordida y el político corrupto que a cambio adjudica la obra. Y ni Correa ni Bárcenas fueron ninguno de los dos.

En Suiza, a Correa le encontraron cerca de 23 millones. A Luis Bárcenas, casi cincuenta. ¿Y la X de la Gürtel? ¿Cuánto dinero esconderá?

Fuente: eldiario.es

sábado, 23 de abril de 2016

Rita Barberá, al borde de la doble imputación


Rita Barberá, a su salida de la Audiencia de Palma tras prestar declaración en el juicio de Nóos el 12 de abril. / EFE



El Supremo debe pedir permiso al Senado, con mayoría ‘popular’, para investigar a la exalcaldesa por blanqueo. La senadora, blindada por el PP de Rajoy, no perderá su protección frente a la justicia ordinaria aunque haya nuevas elecciones.

LAURA L. DAVID

@lauloda

VALÈNCIA.- Rita Barberá podría seguir los pasos de su compañera de partido, la exalcaldesa de Alicante Sonia Castedo, y verse doblemente imputada en las dos investigaciones sobre las que desde hace meses planea su nombre. Sin embargo, su condición de aforada —que alargará mientras pueda y le dejen— puede dilatar el proceso. No un juez, sino dos, pidieron este jueves al Tribunal Supremo su imputación en un día aciago para la exalcaldesa y por extensión para el PP, que sigue protegiéndola. A la cabeza, su “buen amigo” Mariano Rajoy, que ayer tenía un acto público en Ciudad Real, pero prefirió no pronunciarse sobre el asunto.
El juez del caso Imelsa no se cree las explicaciones por escrito que le dio Barberá para negar su participación en el presunto blanqueo de capitales que habrían realizado ella y 47 miembros más (entre concejales, asesores, exconcejales y exasesores) del PP municipal de Valencia. Por eso, el magistrado ha enviado una exposición razonada al Supremo para trasladar allí la parte de la investigación que afecta a la exalcaldesa.
En su escrito, el instructor subraya sus sospechas sobre las cuentas del PP municipal y la relación “personal y de estrecha confianza” (tal y como la propia exalcaldesa reconoció en su última rueda de prensa) de Barberá con la responsable de las finanzas, María del Carmen García-Fuster, principal imputada en esta causa.
Barberá —señala el juez— era la superiora jerárquica de García-Fuster y la máxima responsable del grupo municipal. Una García-Fuster que se negó en su declaración judicial a desvelar el origen de varios ingresos detectados en 2003, 2010 y 2011 por un importe superior a 200.000 euros, así como la identidad de la persona que le entregaba ese dinero. El juez considera “significativo” este silencio y cree que sería “incoherente” no imputar a la exalcaldesa cuando todo su grupo sí está siendo investigado.

También por ignorar la Ley de Memoria Histórica
Por otro lado, la titular del Juzgado de Instrucción 16 de Valencia donde recayó una denuncia contra Barberá por incumplir la Ley de la Memoria Histórica, remitió en el mismo día que su colega instructor del caso Imelsa otra exposición razonada al Supremo para que sea el alto tribunal el que decida si investiga y, en su caso, juzga a la senadora popular. En este caso, la instrucción de la causa estaba en una fase más embrionaria que la de Imelsa y la jueza ha decidido declararse “no competente” para juzgar los presuntos delitos de desobediencia y denegación de auxilio por no retirar símbolos franquistas de la ciudad durante sus años de alcaldesa.
A pesar de los indicios de blanqueo que la Fiscalía Anticorrupción aprecia contra Barberá y que el juez de Imelsa estima en su exposición razonada, el PP permitirá a la exalcaldesa que estire su aforamiento como senadora. Así se desprende de sus movimientos, sus palabras y sus silencios.

Pendiente de la decisión de sus compañeros
El partido niega que la inclusión de Barberá en la Diputación Permanente del Senado sea una forma de blindarla ante una posible investigación judicial. Pero lo cierto es que este es el único órgano que no se disuelve entre legislaturas, cuando las Cortes sí deben hacerlo porque se convoquen nuevas elecciones, en el caso de que se convocaran el próximo 2 de mayo, y por tanto Barberá tampoco perdería a partir de entonces su fuero. Con todo, la exalcaldesa lleva ya dos meses y medio de prórroga desde que un magistrado perteneciente a la justicia ordinaria imputara el primero de febrero de este año a sus compañeros de grupo municipal.
El Supremo debe ahora estudiar la documentación remitida por el Juzgado de Instrucción 18 de Valencia y, si encuentra indicios y decide investigar a la exalcaldesa, deberá pedir permiso al Senado. El plazo para que tome esta decisión es indeterminado y podría prolongarse más allá del 2 de mayo. En cualquier caso, Barberá seguirá aforada y, por eso, el alto tribunal tendrá que pedir a partir de entonces al Senado que le retire esta protección mediante la aprobación de un suplicatorio. Los mismos compañeros de Barberá en la Diputación Permanente, donde el PP tiene mayoría (19 miembros de 35) tendrían que estudiar y votar si lo conceden o no.

Los populares valencianos, mudos de nuevo
La secretaria general de los populares, María Dolores de Cospedal, se limitó a asegurar que el partido mantendrá el expediente informativo abierto contra Barberá, pero que esperarán “atentos a la investigación" y a ver “qué ocurre en el Supremo y cómo siguen los acontecimientos". Es decir, que de momento la receta en el PP sigue siendo no mover ficha.
La presidenta de los populares valencianos, Isabel Bonig, que en las últimas semanas intentó dar una imagen de mano dura contra la corrupción como ya hiciera sin éxito su predecesor Alberto Fabra, se quedó muda tras conocerse la noticia. Como su presidente Rajoy, Bonig tampoco hizo declaraciones al respecto de la situación de Barberá, que la avaló ante Génova para relevar a Fabra al frente del PPCV. Con los regidores imputados sublevados y la exalcaldesa atrincherada en su casa y el Senado, el discurso de Bonig hace de nuevo aguas.

Fuente: Público.es

miércoles, 13 de abril de 2016

Corrupción urbanística: la Policía detiene al alcalde de Granada y registra su casa y su despacho


El alcalde de Granada, José Torres Hurtado.

El alcalde de Granada, José Torres Hurtado.



EDUARDO ROJO / 13 Abr 2016

Terremoto político este miércoles en Granada. Su epicentro, el Ayuntamiento de Granada. El damnificado de mayor relevancia, el propio alcalde de la ciudad. Decenas de agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional registraban desde primera hora de la mañana el Ayuntamiento de Granada y varias empresas y domicilios particulares y detenían al alcalde, José Torres Hurtado, la concejal de Urbanismo en la capital, Isabel Nieto, y varios empresarios en el marco de una operación urbanística dirigida por el Juzgado de Instrucción 2 de Granada y la Fiscalía de Medio Ambiente, que investigan el llamado ‘caso Serrallo’.

Entre los detenidos también figura Manuel Lorente, durante ex jefe de servicio del área de Urbanismo del Ayuntamiento y persona de referencia en el departamento incluso tras haber dejado la jefatura. En su día, renunció al cargo tras establecer el Ayuntamiento la obligación de hacer la declaración de bienes. Uno de los motivos alegados fue que su mujer era registradora de la propiedad y el saneado patrimonio familiar estaría vinculado a la actividad profesional de su cónyuge.

MALVERSACIÓN, COHECHO, ESTAFA…

La relación de delitos que les imputa la Fiscalía resulta abrumadora: malversación de caudales públicos, asociación ilícita, prevaricación, estafa, cohecho, maquinación para variar el precio de las cosas y falsedad documental. La investigación alcanza a empresarios y políticos, pero también a funcionarios del área de Urbanismo del consistorio granadino. Algunas fuentes cercanas al caso especulan con que el núcleo de la trama podría estar precisamente en algunos funcionarios en connivencia con promotores que se habrían beneficiado de rectificaciones poco claras.

La operación policial pone en riesgo la estabilidad del propio gobierno local, gobernado por el PP con el apoyo de Ciudadanos. El diputado y portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento, Luis Salvador, ha anunciado este miércoles que rompe “drásticamente” toda relación con el PP en la capital, después de propiciar la gobernabilidad tras un acuerdo después de las elecciones municipales, y ha abierto la puerta a abrir un diálogo con el resto de grupos municipales para valorar la situación tras el arresto del alcalde, José Torres Hurtado.

TODO EMPEZÓ HACE DIEZ AÑOS

Aunque las irregularidades arrancan desde el año 2006, el caso de presunta corrupción urbanística en el que podría estar implicado el alcalde empezó a tomar consistencia judicial en el año 2013. La investigación intentaba esclarecer por qué el gobierno municipal de Granada dio licencia para la construcción de una discoteca en terrenos de dominio público y permitió una instalación que está expresamente prohibida en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

La Fiscalía siempre entendió que los hechos podían ser constitutivos de supuestos delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación urbanística y maquinación para alterar el precio de las cosas. Los terrenos en cuestión, calificados en el PGOU como sistema general de espacios libres, fueron adjudicados en 2006 por concesión administrativa para construir un parque con juegos infantiles y un quiosco. En su lugar,se acabó construyendo una sala de fiestas-restaurante, una pista de patinaje y una tirolina sin haberse modificado las condiciones del contrato público. En noviembre pasado, el grupo socialista presentó en el pleno una moción para que se hiciera una auditoría del departamento de Urbanismo, pero fue rechazada con los votos del PP.

TRAS LA PISTA DE 2,4 MILLONES

Según adelantaba semanas atrás el diario Ideal, la Fiscalía pidió el 12 de febrero a la UDEF un informe contable sobre la operación urbanística vinculada al’ caso Serrallo’, en el cual están investigados -anteriormente imputados- cinco altos cargos municipales, un empresario y la propia concejala de Urbanismo, Isabel Nieto, que declaró el pasado 10 de diciembre.

El informe policial se extrañaba de que, cuatro años después de que el Ayuntamiento diera por finalizadas las obras y la urbanización del entorno donde se sitúa la sala de fiestas, aún no se hubiera producido la liquidación definitiva, de manera que el Ayuntamiento no ha recibido todo el dinero que le correspondería tras la operación urbanística que transformó aquella zona de la ciudad. La Policía Nacional, según Ideal, cuantifica este ‘agujero’ en cerca de 2,5 millones de euros: “Estaría pendiente de justificar el pagó de 2.475.186,75 euros, según liquidación provisional y a falta de la definitiva”.

BAJO SECRETO DE SUMARIO

Las actuaciones se encuentran bajo secreto de sumario, pero por ahora ha trascendido que se prevén más de doce detenciones. El alcalde, según las fuentes consultadas, se encuentra detenido en su propia casa, pero podría ser trasladado a comisaría, aunque se prevé que quede en libertad en calidad de investigado.

La UDEF está registrando desde primera hora el Ayuntamiento de Granada, la sede de Urbanismo, así como varios domicilios, entre ellos la casa del alcalde, y empresas. La operación está a cargo del Juzgado de Instrucción 2 de Granada y la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo; las investigaciones las realiza la UDEF central y el Grupo de Delitos Económicos de la Jefatura Superior de Policía de Granada. La concejal Isabel Nieto declaró por este asunto el pasado 10 de diciembre en el Juzgado, en un caso en el que están siendo investigados otros altos cargos de Urbanismo.

Fuente: Andaluces.es-Público

viernes, 29 de enero de 2016

Rajoy, ¿qué hay de lo tuyo?

 
El “caso Imelsa”, en referencia a la empresa pública de la Diputación valenciana, se ha saldado con 24 arrestos, aunque el número de “imputados” asciende a 29 por participar, supuestamente, en una red que cobraba comisiones a cambio de adjudicaciones públicas. Una trama, según algunas fuentes “descomunal” de corrupción infiltrada en varias administraciones públicas de la Comunidad valenciana, donde el Partido Popular gobierna desde hace 24 años. Se han perpetrado, supuestamente, delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales. La Fiscalía y la Guardia Civil señalan que el Partido Popular valenciano amparó “una organización criminal” cuyo monto económico supera cualitativamente al del “Caso Gürtel”.
Mientras esta información sacude al País, Rajoy ha tenido la desfachatez de comentar en un medio de comunicación que estas detenciones “demuestran” que no hay impunidad” y que “el Partido Popular ha sido y seguirá siendo implacable” con la corrupción faltándonos al respeto de nuestra inteligencia. Muchos analistas han aludido a la posibilidad, totalmente factible, de que estas detenciones se han producido al no estar el Partido Popular gobernando, tan sólo en funciones, lo que le limita, tan sólo, al despacho ordinario de los asuntos públicos, produciéndose una libertad de acción de los jueces y de los cuerpos y fuerzas de seguridad. Recordemos como el fiscal del caso “Nóos” acusó al Partido Popular de maniobrar con el propósito de obstaculizar su trabajo e impedir que se conociera la verdad o cómo el Ministro del Interior, Fernández Díaz, Partido Popular, recibió en su despacho “ministerial” al exvicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, Partido Popular, el mismo día, según medios de comunicación, que acudió a los juzgados y se negó a declarar por considerar que requería más datos de Hacienda sobre los delitos que se le imputaban. Y así podríamos seguir refrescando la memoria y aportando datos a este respecto…
Es más, como si fuéramos personajes de la obra de Saramago, Ensayo sobre la ceguera, continúa Rajoy, en la entrevista anteriormente mencionada, destacando que el Partido Popular ha actuado con contundencia contra los implicados en casos de corrupción subrayando que ya no forman parte de las filas del PP, que están fuera de la vida pública y no pueden hacer más daño. Parece que Rajoy desconoce, o no se ha dado cuenta, que la hemeroteca y la memoria histórica existen. Tanto Bárcenas como el número 2 del “Caso Gürtel”, Pablo Crespo, han relacionado a Rajoy y a “toda la estructura del PP” con el conocimiento de la financiación irregular del Partido Popular. También recordamos como el Gobierno y el Partido Popular rechazaron las peticiones de varios partidos políticos para que Rajoy compareciera ante el Pleno del Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre el “Caso Gürtel” o como durante el transcurso de una rueda de prensa, en Berlín, acompañado de la Canciller Ángela Merkel, a preguntas de la prensa internacional sobre los papeles de Bárcenas respondió: “todo lo que se refiere a mí y a mis compañeros de partido no es cierto. Salvo algunas cosas que es lo que han publicado algunos medios de comunicación”. Evidentemente, podríamos seguir con muchos otros ejemplos que constatan nuestra premisa.
Es tal la chulería y el cinismo del Partido Popular que en su página web publica “Hemos aprobado el paquete de medidas contra la corrupción más importantes desde 1977” afirmando que con Rajoy se ha avanzado más en la lucha contra la corrupción que “en cuatro décadas de democracia”. Parecen olvidar esa aprobación, utilizando el rodillo de su mayoría absoluta, al final de la legislatura, deprisa y corriendo, de la Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal considerada por jueces y fiscales como una ley que favorece “la impunidad” para los grandes procedimientos, especialmente los referidos a casos de corrupción. Todas las asociaciones de jueces y fiscales, a los que se unieron posteriormente el Consejo General de la Abogacía, han rechazado la limitación de los plazos de instrucción. También el Partido Popular fue el responsable único de cambiar el término imputado por “investigado”, en la fase de instrucción, y por “encausado”, tras el auto formal de acusación, porque el término tiene “un nivel de contaminación semántico muy alto”. Sin comentarios.
La desvergüenza de Rajoy llega a tales niveles que no se sonroja al afirmar que “la corrupción no tiene porqué dificultar las negociaciones para formar Gobierno”. Parece desconocer el expresidente Mariano Rajoy que la corrupción corroe la capacidad del Estado de redistribuir los recursos entre los diferentes grupos y regiones, de implementar políticas de desarrollo coherentes y racionales, de transformar la sociedad siguiendo prioridades sociales, en definitiva, la corrupción política impide que una comunidad política alcance sus objetivos políticos. Ello implica que, evidentemente, la corrupción y las medidas que se han tomado contra ella deben afectar a cualquier pacto político y es que etimológicamente la palabra corrupción proviene del latín y significa “echar a perder”.
Pero Rajoy seguirá negando lo innegable. Es tal el despotismo del Partido Popular que uno de sus altos cargos, imputado en el “caso Imelsa”, montó un local para, presuntamente, blanquear dinero denominándolo “Que hay de lo mío” y les pareció graciosa la ocurrencia… o eso creían.

Odalys Padrón
Fuente: Público.es

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