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El alcalde de Granada, José Torres Hurtado. |
EDUARDO ROJO / 13 Abr 2016
Terremoto político este miércoles en Granada. Su epicentro, el Ayuntamiento de Granada. El damnificado de mayor relevancia, el propio alcalde de la ciudad. Decenas de agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional registraban desde primera hora de la mañana el Ayuntamiento de Granada y varias empresas y domicilios particulares y detenían al alcalde, José Torres Hurtado, la concejal de Urbanismo en la capital, Isabel Nieto, y varios empresarios en el marco de una operación urbanística dirigida por el Juzgado de Instrucción 2 de Granada y la Fiscalía de Medio Ambiente, que investigan el llamado ‘caso Serrallo’.
Entre los detenidos también figura Manuel Lorente, durante ex jefe de servicio del área de Urbanismo del Ayuntamiento y persona de referencia en el departamento incluso tras haber dejado la jefatura. En su día, renunció al cargo tras establecer el Ayuntamiento la obligación de hacer la declaración de bienes. Uno de los motivos alegados fue que su mujer era registradora de la propiedad y el saneado patrimonio familiar estaría vinculado a la actividad profesional de su cónyuge.
MALVERSACIÓN, COHECHO, ESTAFA…
La relación de delitos que les imputa la Fiscalía resulta abrumadora: malversación de caudales públicos, asociación ilícita, prevaricación, estafa, cohecho, maquinación para variar el precio de las cosas y falsedad documental. La investigación alcanza a empresarios y políticos, pero también a funcionarios del área de Urbanismo del consistorio granadino. Algunas fuentes cercanas al caso especulan con que el núcleo de la trama podría estar precisamente en algunos funcionarios en connivencia con promotores que se habrían beneficiado de rectificaciones poco claras.
La operación policial pone en riesgo la estabilidad del propio gobierno local, gobernado por el PP con el apoyo de Ciudadanos. El diputado y portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento, Luis Salvador, ha anunciado este miércoles que rompe “drásticamente” toda relación con el PP en la capital, después de propiciar la gobernabilidad tras un acuerdo después de las elecciones municipales, y ha abierto la puerta a abrir un diálogo con el resto de grupos municipales para valorar la situación tras el arresto del alcalde, José Torres Hurtado.
TODO EMPEZÓ HACE DIEZ AÑOS
Aunque las irregularidades arrancan desde el año 2006, el caso de presunta corrupción urbanística en el que podría estar implicado el alcalde empezó a tomar consistencia judicial en el año 2013. La investigación intentaba esclarecer por qué el gobierno municipal de Granada dio licencia para la construcción de una discoteca en terrenos de dominio público y permitió una instalación que está expresamente prohibida en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
La Fiscalía siempre entendió que los hechos podían ser constitutivos de supuestos delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación urbanística y maquinación para alterar el precio de las cosas. Los terrenos en cuestión, calificados en el PGOU como sistema general de espacios libres, fueron adjudicados en 2006 por concesión administrativa para construir un parque con juegos infantiles y un quiosco. En su lugar,se acabó construyendo una sala de fiestas-restaurante, una pista de patinaje y una tirolina sin haberse modificado las condiciones del contrato público. En noviembre pasado, el grupo socialista presentó en el pleno una moción para que se hiciera una auditoría del departamento de Urbanismo, pero fue rechazada con los votos del PP.
TRAS LA PISTA DE 2,4 MILLONES
Según adelantaba semanas atrás el diario Ideal, la Fiscalía pidió el 12 de febrero a la UDEF un informe contable sobre la operación urbanística vinculada al’ caso Serrallo’, en el cual están investigados -anteriormente imputados- cinco altos cargos municipales, un empresario y la propia concejala de Urbanismo, Isabel Nieto, que declaró el pasado 10 de diciembre.
El informe policial se extrañaba de que, cuatro años después de que el Ayuntamiento diera por finalizadas las obras y la urbanización del entorno donde se sitúa la sala de fiestas, aún no se hubiera producido la liquidación definitiva, de manera que el Ayuntamiento no ha recibido todo el dinero que le correspondería tras la operación urbanística que transformó aquella zona de la ciudad. La Policía Nacional, según Ideal, cuantifica este ‘agujero’ en cerca de 2,5 millones de euros: “Estaría pendiente de justificar el pagó de 2.475.186,75 euros, según liquidación provisional y a falta de la definitiva”.
BAJO SECRETO DE SUMARIO
Las actuaciones se encuentran bajo secreto de sumario, pero por ahora ha trascendido que se prevén más de doce detenciones. El alcalde, según las fuentes consultadas, se encuentra detenido en su propia casa, pero podría ser trasladado a comisaría, aunque se prevé que quede en libertad en calidad de investigado.
La UDEF está registrando desde primera hora el Ayuntamiento de Granada, la sede de Urbanismo, así como varios domicilios, entre ellos la casa del alcalde, y empresas. La operación está a cargo del Juzgado de Instrucción 2 de Granada y la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo; las investigaciones las realiza la UDEF central y el Grupo de Delitos Económicos de la Jefatura Superior de Policía de Granada. La concejal Isabel Nieto declaró por este asunto el pasado 10 de diciembre en el Juzgado, en un caso en el que están siendo investigados otros altos cargos de Urbanismo.
Fuente: Andaluces.es-Público
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