JUAN CARLOS ESCUDIER
Con la Constitución debe de andar el personal un tanto confuso, especialmente si tiene algunos años. Tantas flores se han derramado sobre sus páginas, tantas alabanzas ha recibido por su contribución a la convivencia y a la paz galáctica, que parece extraña tanta unanimidad en que hay que cambiarla porque es una antigualla. No es cosa de ahora ni de los mismos. Hace diez años, en aquella cercana prehistoria en la que gobernaba Zapatero en España y Montilla en Cataluña, hasta Rajoy estaba subido a ese carro: “La Constitución no es perfecta. Ha podido quedar obsoleta. Es hija de su tiempo y debe de adaptarse a su tiempo”, decía el del PP en el 28 cumpleaños de la Carta. En aquel entonces no había crisis y las angulas corrían por el Congreso. Vivir para ver.
Algún maleficio ha de rodear al texto porque a diferencia de sus pares en otras democracias, sobre las que se pasa el tippex y se sobrescribe sin mayor problema, sus dos únicas enmiendas en casi cuatro décadas –permitir el voto de los extranjeros en las elecciones municipales y la reforma exprés para dar prioridad al pago de la deuda pública- vinieron impuestas desde fuera. En lo demás, no se ha tocado ni una coma pese a la evidencia de que los suyos no sólo son problemas de pintura sino fudamentalmente de chapa.
Puestos a detectar defectos, el principal es que tenemos una Constitución que no se cumple y, lo que es peor, no se puede hacer cumplir. De nada sirve a los millones de parados tener derecho al trabajo ni al que vive en una chabola saber que le corresponde una vivienda digna, porque los auténticos derechos han de poder ejercerse ante los tribunales, y éste no es el caso. ¿De qué sirve tener derecho a la protección de la salud si una Administración puede decidir no comprar los medicamentos para la hepatitis C con el argumento de que son muy caros y le viene mal para cumplir el objetivo de déficit?
De hecho, la Constitución ampara cosas increíbles. A saber: que el voto de algunos valga más que el de otros, que la iniciativa legislativa popular, es decir la ciudadanía, no pueda ni siquiera intentar modificar determinadas leyes que sufren, o que los diputados no estén ligados por mandato imperativo a sus electores, de manera que identificar la voluntad del Parlamento con la del pueblo que dice representar es sencillamente una entelequia.
Diseñada para colmar en lo posible las aspiraciones de algunas fuerzas nacionalistas, la experiencia ha demostrado que, si para algo ha servido el café para todos que consagra el texto y con el que se quiso calmar a los espadones que vigilaban el proceso constituyente, ha sido para desquiciar el modelo de Estado y convertirlo en una fuente inagotable de conflictos. La igualdad es un derecho de los ciudadanos y no de los territorios, ya que llevado al extremo Castilla-La Mancha debería sentirse discriminada en las inversiones para puertos aunque la única experiencia marinera sea la de su presidente García Page como grumete de Bono.
El avance más significativo en este tiempo ha sido identificar algunas reformas cosméticas, tal que hacer referencia a la Unión Europea, incluir el nombre de las comunidades – especialmente el de Navarra para desactivar la previsión constitucional de que en algún momento pudiera unirse a Euskadi-, reformar el Senado, que como cementerio ya no da abasto a tantos elefante, para convertirlo en cámara territorial y eliminar la prevalencia del varón en la sucesión del trono, que está muy bien si antes se pudiera elegir si se quiere trono o no.
En aquella recepción de 2006 que se mencionaba al principio asistieron entre otros, Fraga y Carrillo, ambos con bastón, el expresidente del Gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo, el que lo fuera del Constitucional, Jiménez de Paga, y el exjefe de la Casa Real, Sabino Fernández Campos. Todos ellos y bastantes más están hoy muertos. Era su Constitución y se entiende que celebraran su aniversario.
Hace algunos años, Alberto Noguera, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Extremadura, denunciaba en un artículo el desfase de la carta Magna dentro de una obra colectiva en la que se reclamaba una asamblea constituyente. Mencionaba que durante la revolución norteamericana, Jefferson escribió a Madison, padres ambos de la Constitución de 1787, para preguntarle si una generación tenía derecho a mediatizar a otra. Ambos concluyeron que no.
Cada generación debe de ser libre para adaptar la Constitución a su propio tiempo y ese es el derecho que asiste a quienes nacieron después de 1978 y por razones obvias no pudieron votarla. A ellos les corresponde decidir si quieren una monarquía o una república, si creen o no que el derecho de autodeterminación debe ser recogido, si hay una nación o quince o si el Ejército se mantiene como garante de la unidad de España o se transforma en una ONG. Noguera mencionaba esta frase Jefferson: “El presente es de los vivos, no de los muertos”. Y las Constituciones, también.
Fuente: Público.es
