La CUP ahoga la Gran Coalición

Contra todo pronóstico, que parecía indicar que la CUP imitaría aquella dualidad de votos de Herri Batasuna votando tanto a favor como en contra del Plan Ibarretxe, Mas no será reelegido como el próximo presidente de la Generalitat. Sin la honestidad del exlehendakari, lo tenía bastante difícil y pese a haberse humillado ha sido vetado. Esta decisión, que conlleva la convocatoria de elecciones en Catalunya, incide también de modo especial en las perspectivas políticas de toda España hasta tal punto que la apertura de las urnas catalanas puede preceder también a las españolas. Salvo que el PSOE apoyara el Gobierno progresista votado por la mayoría de los españoles, la otra opción –la del Gobierno de coalición bipartidista– queda muy tocada, si no hundida, por esta implosión del proceso independentista catalán. No cabe duda de que los Reyes Magos han traído mucho carbón para Rajoy y Susana Díaz al ahogar la Gran Coalición que preparaban. Este rebote de la CUP viene a golpearlos en tres direcciones: agrava los muchos problemas para la confluencia, borra la coartada que justificaría esta coalición contra natura y despeja el camino a la alternativa de progreso.
La CUP, como el PSOE, basó toda su campaña electoral en que nunca votarían a los candidatos de la derecha catalana o española. Reiteradamente, se denunció a sus líderes como símbolo de la máxima corrupción e incluso Rajoy fue descalificado como indecente. Si en Barcelona aquellas palabras se han transformado en este veto, en Madrid tampoco se las va a llevar el viento. Esperar, como ansían algunas plumas del IBEX, que el PP cambie de dirigente carece de sentido. Ya no es posible que La Moncloa salve a la soldado Susana Díaz como intentó salvar al soldado Sánchez. Ni tampoco parece viable erosionarla en su feudo andaluz. La liquidación de Mas prefigura la liquidación del Gobierno de coalición sin prefigurar aún la de quienes han intentado formarlo y, quizás, todavía lo intenten. La llamada Sultana de Andalucía va a tener, eso sí, muchas más dificultades para poder explicar su inexplicable abstención en la investidura de Rajoy. Tras la drástica coherencia de la CUP, el coste electoral de la posible incoherencia del PSOE sería letal.
Pero lo peor para el bipartidismo es que se queda sin la gran coartada del choque de trenes con la que explicarían la razón de Estado de una coalición contra natura. Ya no van a argumentar sobre el peligro de la España rota –la Generalitat contra la Moncloa– para tapar esa común porquería en la que se refocilan las élites catalanas y españolas. La guerra de las banderas, los juegos de patriotas, –tan rentables para los corruptos en Barcelona y para los políticos en Madrid– van a ser sustituidos por la dialéctica social impuesta por el movimiento popular surgido del 15-M. En esta situación, una alianza PPSOE multiplicaría tanto los votos populares como restaría los socialistas. Eso es posible, por ahora, Despeñaperros abajo, pero de Despeñaperros arriba es un suicidio. Continuar apelando a la solidaridad territorial sin exigir la solidaridad social es pura demagogia que ya no es de recibo ni en Sevilla. Quien vivió con Chavez y Griñán no puede denunciar a quien, como Mas, vivió junto a Pujol. Al cruzarse la cuestión nacional con la social, ya no será posible instrumentalizar la primera contra la segunda.
Su gran problema, sin embargo, se llama Ada Colau, al perfilarse como la próxima presidenta de la Generalitat. El doble bloqueo político del bipartidismo, esta derrota de la derecha catalana más la impotencia de la derecha española por formar Gobierno, potencia extraordinariamente a Podemos en Catalunya y el resto de España. Tras estos dos últimos meses catalanes, es imposible saber quién está mas desprestigiado, si el independentismo catalán o el viejo centralismo bipartidista madrileño. La opción del referéndum aparece para la mayoría de Catalunya como la fórmula sensata que combina el respeto a su identidad nacional con la unidad democrática del Estado español. Así, el movimiento popular del 15 -M, nacido desde el kilómetro cero de la Puerta del Sol, se extiende por toda España como reconocía el propio diario Gara al titular una de sus últimas portadas: “La izquierda estatal arrasa en Euskadi”. No deja de ser un dato relevante, sobre la muy escasa calidad de la democracia española, que Pablo Iglesias se vea obligado a revestirse de Cameron con coleta para proponer en Catalunya el derecho a decidir que el conservador británico propuso en Escocia.

Fernando López Agudín

Fuente: Público.es

Podemos y el derecho a decidir

 
 

 
 
Gerardo Pisarello · · · · ·
04/01/15
 
El final de año ha dejado tras de sí varios acontecimientos políticos relevantes. Uno de ellos ha sido sin dudas el reciente paso de Pablo Iglesias por Barcelona. Las declaraciones del dirigente de Podemos han generado polémica y han sido objeto de numerosos análisis. Tras el masivo mitin de Vall d’Hebron se le comparó con Lerroux y con el PSOE de la transición. Sin embargo, ninguna de estas caracterizaciones permite captar el papel que la joven formación puede tener en el escenario de cambios que se abrirá en 2015.
La visita de Iglesias ha servido para corroborar algunas tendencias ya apuntadas por las encuestas. La primera, la irrupción en Catalunya de un espacio popular desinhibido de crítica a CiU, a su vínculo con la corrupción y a sus políticas anti-sociales y privatizadoras. Este espacio no era inexistente. Pero a menudo quedó opacado por el proceso soberanista y por el oportunismo con el que Artur Mas consiguió sumarse a él y utilizarlo a su favor.
Podemos ya decidió quebrar esta inercia cuando se querelló contra el clan Pujol junto a Guanyem Barcelona. En esa misma línea, Pablo Iglesias utilizó parte de su discurso en Vall d’Hebrón para equiparar a Mas con Rajoy y a Pujol con Rodrigo Rato. Recordó que los lazos entre las oligarquías catalanas y españolas suelen pesar más que sus diferencias. Y recordó, también, que a pesar de su declarado patriotismo, estás siempre están dispuestas a priorizar sus intereses económicos, aunque con ello perjudiquen a su propia gente.
Esta comparación despertó un justificado entusiasmo entre el público. Pero obviaba un pequeño matiz: que una derecha que tiene un aparato estatal detrás no puede igualarse sin más a la que no lo tiene. Hace poco lo recordaba el historiador Josep Fontana: la diferencia entre Fraga y Pujol era que el primero podía encarcelar al segundo, pero no al revés. Algo similar sucede hoy con Rajoy y Mas, y con la capacidad que cada uno de ellos tiene para vetar consultas, para presionar a fiscales o para disponer, incluso, del aparato policial y militar.
Al atacar a CiU, Pablo Iglesias también lanzó un dardo al diputado de la CUP David Fernández por su abrazo con Mas la noche del 9-N. La referencia no fue afortunada. Por un lado, porque más allá del episodio concreto, el diputado independentista ha sido una de las voces que con mayor valentía y honradez ha denunciado, dentro y fuera del Parlamento catalán, a los poderes financieros y políticos contra los que el propio Podemos arremete. Pero sobre todo, porque esa amonestación ad personam introdujo ruido y no ayudó a debatir la cuestión de fondo que Pablo Iglesias pretendía plantear: la incapacidad de la izquierda soberanista, incluida la CUP, para generar una agenda autónoma a la de Mas y para conectar con una parte sustancial de las capas populares del área metropolitana, en la mejor tradición, por ejemplo, del PSUC anti-franquista.
Este tono directo y provocador le granjeó al líder de Podemos numerosas críticas. Las más cansinas insistieron en su pretendido populismo, un concepto que se ha convertido en arma arrojadiza contra cualquiera que se atreva a señalar lo obvio: la escasa calidad democrática del régimen político actual y la complicidad con él de los grandes partidos, tanto si son de derechas como si se denominan de izquierdas.
En Catalunya algunos han visto en Podemos una suerte de operación pergeñada desde Madrid para liquidar el proceso soberanista. Esta última lectura ha sido frecuente en ambientes nacionalistas catalanes. Pero también en sectores españolistas que querrían ver en el ascenso de la formación la tumba de los reclamos de autodeterminación. También aquí, el juicio parece apresurado.
El mitin de Vall d’Hebron fue, sin duda, un acto contra CiU y contra su pretensión de dirigir el proceso soberanista sin renunciar a sus consejeros y a sus políticas neoliberales y sin padecer desgaste alguno. Pero no fue un acto contra el derecho a decidir. A él asistieron figuras destacadas del catalanismo político como el batallador diputado de ERC, Joan Tardá, o el propio Pasqual Maragall. En su alocución, Pablo Iglesias dijo lo que ni Rajoy ni Pedro Sánchez, y probablemente muy pocos dirigentes de Izquierda Unida, habrían dicho: que España era un “país de naciones”, que “la casta” había “insultado a Cataluña”, y que el derecho a decidir era un reclamo plenamente legítimo. Interrogado sobre si esto incluía la posibilidad de un referéndum sobre la independencia, Iglesias repitió lo ya dicho por su compañero Iñigo Errejón: que en democracia, “todas las posibilidades de relación jurídica con el Estado, y todas son todas”, deben poder discutirse.
Más adelante, Pablo Iglesias sugirió que el derecho a decidir solo se podría ejercer realmente si se abría un proceso constituyente de ámbito estatal. En rigor, esto es discutible. La legalidad vigente ya ofrece vías para la celebración de un referéndum como en Escocia o Quebec, sin necesidad siquiera de una reforma constitucional previa. Que estas vías no se hayan utilizado no se explica por un impedimento jurídico insuperable sino por la falta de voluntad democrática del Gobierno y del PSOE. Lo que hay que reconocer, en todo caso, es que también en este punto el líder de Podemos fue más lejos que cualquier político español con su proyección: cuestionó que una declaración unilateral de independencia fuera un camino realista para ejercer el derecho a decidir pero admitió, en cambio, que este podría concretarse en “uno o diferentes procesos constituyentes relacionados entre sí”.
Esta referencia a procesos constituyentes en plural es inédita en la historia española. Sobre todo viniendo de un partido de ámbito estatal con posibilidades de ganar unas elecciones generales. Naturalmente, las palabras no lo resuelven todo, y las declaraciones de un día podrían modificarse si la correlación de fuerzas cambia. Pero una cosa es cierta: si Podemos aspira a gobernar y a transformar las actuales relaciones de poder, necesitará no solo a IU o a Equo, sino a diferentes fuerzas soberanistas, desde ERC y Bildu hasta Anova, las CUP, ICV, BNG o Compromís. Y a la inversa: si el soberanismo quiere votar con plenas garantías y decidir, necesitará a Podemos. El entendimiento, pues, entre diferentes fuerzas con vocación constituyente, y no meramente reformista, es todo menos una quimera.
Queda por ver, es cierto, si Podemos es capaz, más allá del reconocimiento del derecho a decidir, de plantear un proyecto creíble y atractivo de convivencia plurinacional. Un proyecto alternativo al independentismo, pero también al autonomismo y al federalismo centralizantes y negadores de la diversidad. Y queda por ver, también, si es capaz de dotarse de una estructura organizativa con arraigo en los diferentes territorios, con democracia interna y con capacidad para reflejar la diversidad del “país de naciones” al que alude su principal portavoz.
Muchas de estas cuestiones se decantarán en este 2015. Un año clave para saber si el vendaval de aire fresco activado por Podemos mantiene su fuerza. Y sobre todo, si consigue conectar con otros vientos de cambio que ya soplan en Grecia y en diferentes rincones del Estado y que serán imprescindibles para dar al traste con un Régimen injusto y venal que ha abusado demasiado de la paciencia de todos.
Gerardo Pisarello
 es profesor  de Derecho Constitucional en la Universidad de Barcelona, miembro de Guanyem Barcelona y del Comité de Redacción de Sinpermiso