El pacto secreto TiSA restará poder al Gobierno sobre empresas públicas como Renfe o Correos

Tren de RENFE. EUROPA PRESS

Un documento de las negociaciones sobre el pacto de servicios filtrado por WikiLeaks plantea imponer limitaciones a ciertas empresas de titularidad estatal para que únicamente puedan actuar en base a "consideraciones comerciales".

 ALEJANDRO LÓPEZ DE MIGUEL
@Alopezdemiguel

MADRID.- Los cincuenta países que negocian el pacto secreto TiSA tienen todo bien atado para acelerar la desregulación del sector servicios. Uno de los documentos sobre la mesa de negociaciones, elaborado por EEUU, plantea acotar el poder de los estados sobre las empresas de titularidad pública y marcar limitaciones de actuación a las mismas. Empresas como Renfe o Correos entrarían en este marco, y la segunda ya se ve afectada por otro de los documentos del Trade in Services Agreements (TiSA, en inglés) ya publicado por este diario.
EEUU quiere acotar el derecho a "contratar y comprar" bienes o servicios o a rechazar hacerlo "si queda probado que obedece a "consideraciones comerciales".
WikiLeaks filtró este miércoles nuevos documentos sobre el TiSA a los que Público ha accedido en exclusiva en España. Entre ellos, el anexo sobre Empresas de Titularidad Estatal elaborado por EEUU, que debería ser secreto hasta cinco años después de la ratificación del acuerdo, fuerza a estas empresas a "actuar como compañías privadas", en base a "consideraciones puramente comerciales", como asegura el análisis de la organización que dirige Julian Assange.

Según el artículo X.4 del escrito, cada uno de los estados debe asegurarse de que estas empresas tratan de forma "no menos favorable" a las sociedades extranjeras que a las nacionales, y que estas siempre actúan "de acuerdo a consideraciones comerciales".

Como excepción sólo permite estas actuaciones "en cumplimiento de su mandato de servicio público" si mantiene el mismo trato para el resto de países, y acota el derecho a "contratar y comprar" bienes o servicios o a rechazar hacerlo "si queda probado que este tratamiento diferencial o rechazo" obedece a "consideraciones comerciales".
El texto plantea que los organismos administrativos de cada una de las partes que regulen este tipo de empresas deben actuar "de forma imparcial" y "respetuosamente"
En aras de la "transparencia", el texto establece también que los países deberán publicar en una "página web oficial" una lista con todas las empresas que cumplan estos criterios. Tendrán que actualizarla una vez al año, y estarán obligados a aportar por escrito un rosario de datos sobre estas sociedades si así lo requieren otros estados: el porcentaje de acciones con las que cuentan y los porcentajes de voto que controlan; el cargo en el Ejecutivo de los agentes gubernamentales que tengan responsabilidades en estas empresas; los ingresos anuales de éstas y los bienes que controlasen durante los últimos tres años; así como toda la documentación sobre posibles auditorías externas y otros aspectos.Y, aunque teóricamente no podrán revelar estos datos, como explican los expertos de WikLeaks, es más que probable que los países los utilicen para favorecer sus propios intereses.

Por otra parte, el documento en cuestión apunta además que en el marco de este acuerdo cada uno de los países "debe asegurarse" de que cualquiera de los organismos administrativos que establezca para regular este tipo de empresas debe actuar "de forma imparcial", "con respeto" por las empresas que regule, aunque estas no sean de titularidad estatal.


Límites confusos y cláusula anticrisis
Este marco está construido sobre uno de los anexos presentados por Washington en las conversaciones sobre el TPP, el acuerdo de libre comercio transpacífico.  Solo se aplica a empresas en las que el Estado controle al menos el 51% del capital; una veintena dentro de la SEPI, otras tantas vinculadas a distintos Ministerios, como Renfe.  También en las que designe al 51% de los directivos o tenga vías para controlar su voto, y estas deben "estar orientadas a generar beneficios" -aunque no necesariamente lo logren-. Esto excluye a todas las empresas en las que el Estado tenga una participación o control menor, las que están en manos de comunidades autónomas o ayuntamientos.
La propuesta de EEUU plantea incluir una 'lista negativa' para las excepciones: todo lo que no figure aquí será incluido automáticamente
El texto menciona que estas normas no afectan a las sociedades que operan sin ninguna expectativa de beneficio o las que lo hacen con el propósito de cubrir pérdidas. Esta ambigua clasificación está referida a la empresa en su conjunto -aunque dedique recursos a actividades que sí le harán ganar dinero- pero los propios expertos de WikiLeaks reconocen que no hay límites absolutamente claros a la hora de clasificar a las sociedades.

El anexo sobre Empresas de Titularidad Pública, fechado el 6 de octubre de 2015, deja la puerta abierta a que los estados incluyan otras excepciones en lo que se conoce como lista negativa: todo lo que no aparezca mencionado explícitamente quedará automáticamente encuadrado en este marco.

El documento tampoco puede aplicarse sobre respuestas temporales "de emergencia económica nacional o mundial", como recoge una suerte de cláusula anticrisis, ni sobre fondos de pensiones independientes, a no ser que el Gobierno les haya impuesto condiciones particulares, como la necesidad de realizar "inversiones éticas".
Blindaje contra China
EEUU ha tenido en cuenta hasta el último detalle; también el diseño de un mecanismo para impedir la entrada de China, que ha manifestado en varias ocasiones su interés por formar parte del TiSA.

El documento filtrado establece que si uno solo de los países firmantes considera que el 30% de las mayores empresas de otro estado miembro son de titularidad pública el primero tendrá herramientas para actuar en su contra. La norma se aplica también a estados que quieran unirse al tratado, y establece que estas sociedades no podrán representar más del 30% del Producto Interior Bruto de éstos.

En caso contrario, EEUU o cualquiera de sus aliados podrían exigir al resto de estados el desarrollo de nuevas normativas para garantizar que los países en cuestión no presten "asistencia no comercial" a sus empresas que pueda causar "efectos adversos" a sus intereses. Es la pescadilla que se muerde la cola.

Fuente: Público.es