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| ACAMPADA DE SOL |
Estamos
hoy viendo en España el ataque (y no hay otra manera de definirlo) más frontal
al bienestar de las clases populares desde el final de la dictadura fascista
(sí, el término científico para definir aquella dictadura no es franquismo,
sino fascismo) en el año 1978. Aquel final ocurrió mediante una transición (que
no fue modélica) de una dictadura a una democracia sumamente limitada e
insuficiente, resultado del enorme dominio que las fuerzas ultra-conservadoras
continuaron teniendo sobre los aparatos del Estado. Las movilizaciones del
mundo del trabajo (desde 1974 a 1976, España tuvo las movilizaciones y huelgas
políticas más numerosas y extensas existentes en Europa) forzaron el fin de
aquella horrible dictadura, de manera que, aún cuando el dictador murió en la
cama, la dictadura terminó en la calle, con la agitación social que la protesta
obrera determinó. Ahora bien, las fuerzas democráticas, y muy en especial, los
dirigentes de los partidos de izquierda, acababan de salir de la cárcel o
habían llegado recientemente del exilio y no pudieron neutralizar, y todavía
menos debilitar, las fuerzas ultra-conservadoras que controlaban el Estado. La
permanencia de la Monarquía, regida por un Rey nombrado a dedo por el dictador,
era el símbolo de la desigualdad en la correlación de fuerzas en aquel momento.
Las
consecuencias de este dominio ultra-conservador sobre el Estado y sobre la
mayoría de las instituciones mediáticas y políticas del país son muchas. Como
ejemplos podemos citar: una ley electoral escasamente proporcional, que
discrimina a las izquierdas (y muy en especial al partido que lideró la
resistencia antifascista); la ausencia de medios radiotelevisivos o rotativos
de izquierda; y el enorme subdesarrollo social de España (que durante todos
estos años ha continuado teniendo el gasto público social per cápita -que
financia su escasamente desarrollado Estado del Bienestar- más bajo de la Unión
Europea de los Quince (UE-15) (el grupo de países de semejante nivel de
desarrollo económico al nuestro)).
Otra
consecuencia de este dominio ultra-conservador del Estado español ha sido la
enorme regresividad de la política fiscal, que explica, junto con el enorme
fraude fiscal, los escasos ingresos al Estado. Tal realidad, fácilmente
documentable (los ingresos al Estado representan sólo el 32% del PIB, el mas
bajo de la UE-15) niega las tesis neoliberales promovidas por las voces
próximas al capital financiero y a la gran patronal, como Fedea (fundación
financiada por la banca y algunas de las mayores empresas del país, que se
benefician extensamente de la existencia de paraísos fiscales que les permiten
evitar el pago de tributos al Estado) de que nos estamos gastando en España más
de lo que podemos. La validez de tal tesis queda fácilmente falseada con el
siguiente dato. España no es pobre. Su PIB es el 92% del promedio de los países
de la UE-15. En cambio, su gasto público social per cápita no es el 92% del
promedio del gasto público social per capita de la UE-15, sino sólo el 72%, lo
cual quiere decir que España se gasta 60.000 millones de euros menos de los que
se deberían gastar por su nivel de riqueza.
Es
cierto que durante el periodo democrático iniciado en 1978 ha habido cambios y
mejoras, sobre todo en los periodos de gobiernos PSOE, cambios que han
permitido reducir el enorme déficit de gasto público social. Pero debido al
gran retraso que dejó la dictadura y también a la excesiva moderación de los
gobiernos PSOE, el Estado del Bienestar ha continuado a la cola de la Europa
Social. Y los enormes recortes que está imponiendo el gobierno del Partido
Popular están aumentando todavía más este déficit social. Y ello es resultado
de unas políticas públicas de austeridad que, en su objetivo central de
debilitar al mundo del trabajo, están creando una recesión que para amplios
sectores de la población alcanza niveles de Gran Depresión.
La
rebelión de los jóvenes
Entre
estos sectores que viven una Gran Depresión están los jóvenes. Hoy sólo uno de
cada dos jóvenes encuentra trabajo. Y según las proyecciones de las agencias
que gozan de mayor credibilidad, tal situación continuará durante al menos diez
años, una situación intolerable. Y ello es resultado de decisiones políticas
que se han ido tomando durante todos estos años, tanto en España como en
Bruselas y en Frankfurt y que, con la complicidad de los medios, se han
presentado como las únicas posibles. Los datos, sin embargo, muestran que por
cada medida de austeridad había una política expansiva de gasto público posible
(se hubieran conseguido más fondos revirtiendo la bajada de impuestos de
sucesiones -2.500 millones de euros- que congelando las pensiones -1.500
millones de euros-).
No
es de extrañar que existan protestas populares en las que los jóvenes –a los
que erróneamente se les suponía que “pasaban de todo”- protagonicen las
movilizaciones en contra de tales políticas y los establishments financieros,
económicos, políticos y mediáticos que las imponen. El 15-M es un movimiento
que surge como respuesta a tal crisis financiera, económica y política que ha
causado la mayor pérdida de legitimidad de tales establishments. Y tanto en sus
objetivos, tales como democratizar la sociedad (y la extensión de los derechos
políticos, civiles y democráticos de los ciudadanos que ello conllevaría), como
en su táctica (con manifestaciones y acampadas no violentas) ha despertado gran
simpatía y apoyo popular, del cual deriva su poder.
Esta
demanda de mayor democracia entra en conflicto con la democracia tan limitada
que existe en España, consecuencia de la transición inmodélica referida
anteriormente. Hoy, exigir democracia es subversivo del orden imperante en
España. Exigir que cada ciudadano tenga la misma capacidad de incidencia en la
gobernanza del país es revolucionario, pues terminaría con el dominio de las
instituciones políticas por parte de las fuerzas conservadoras en el país.
Exigir que exista una pluralidad en los medios de información es terminar con
el monopolio de clase existente en los medios en España. Exigir que todo cargo
representativo sea elegido es terminar con la Monarquía, que es el eje del
aparato del Estado todavía controlado por las fuerzas conservadoras. Exigir que
existan formas de participación directa (como referéndums a nivel de todo el
Estado) es terminar con el control por las élites partidistas del sistema
democrático. Exigir que los partidos se democraticen es terminar con el control
por parte de los grupos dirigentes de tales instrumentos. Exigir que la
economía esté al servicio de las clases populares y no al servicio del 1% de la
población que controla las finanzas y grandes empresas es también profundamente
subversivo en España. Estas demandas, como los adjetivan los portavoces del
establishment, son “extremistas”, “populistas” o “demagógicas”, adjetivos
utilizados por las estructuras de poder para marginar las voces críticas
auténticamente democráticas que quieren desarrollar la democracia todavía
extraordinariamente limitada en España.
Predeciblemente,
la respuesta del establishment a tales peticiones ha sido la represión. Véase
lo ocurrido el 1º de Mayo en las manifestaciones organizadas, entre otros, por
el 15-M. Yo asistí por la mañana a la excelente marcha organizada por los
sindicatos (100.000 personas) y por la tarde a la del 15-M (40.000 personas).
Lo que ocurrió en esta última me recordó lo que ocurría en los años cincuenta.
A los jóvenes, por ser jóvenes, se les detenía y se les registraba. Era el
intento de identificar –como lo hizo el reportaje de La Vanguardia- a los
jóvenes como terroristas. Era la criminalización de la juventud. El peligro de
instalar de nuevo las prácticas represivas que vimos durante la dictadura
existe hoy en España.
Vicenç Navarro
Por su interés, publicamos el artículo que el profesor Vicenç Navarro publicó en el primer aniversario del 15-M
15 DE MAYO 2012
FUENTE: PÚBLICO.ES
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