Todo lo que esconde el CETA

Jean-Claude Juncker, Justin Trudeau, Donald Tusk y el primer ministro eslovaco, Robert Fico, durante la firma del CETA este domingo 30 de octubre

Un análisis del recorrido del acuerdo durante las últimas semanas y de los textos firmados finalmente demuestra que, en todo caso, la victoria de la Comisión y sus aliados es una victoria pírrica

ADORACIÓN GUAMÁN / ALEXANDRE MATO PABLO SÁNCHEZ CENTELLAS


El CETA está firmado: la UE y Canadá plasmaron su firma el domingo 30 de octubre en Bruselas. “Lo conseguimos”, dijo la ministra de Comercio de Canadá, Chrystia Freeland, a punto de saltar de alegría entre las sonrisas de los políticos presentes en la Cumbre de última hora convocada tras la ‘rendición’ de Valonia, la región belga que durante dos semanas ha bloqueado el Acuerdo Económico y Comercial Global entre la UE y Canadá.
La puesta en escena y el lenguaje corporal mostraron que la Comisión Europea, los gobiernos del continente y el canadiense y las grandes empresas que han empujado por este Tratado Comercial han salvado un momento crítico. La política comercial comunitaria “ha recuperado su credibilidad”, decía aliviada su responsable en la UE, la comisaria sueca Cecilia Malmström, mientras se escenificaba lo que aparentemente ha sido una victoria frente a sindicatos, organizaciones sociales y ecologistas y sobre Valonia, la pequeña aldea gala del siglo XXI que puso contra las cuerdas al mismísimo Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea.
Pero, ¿realmente han ganado los que apostaban por el tratado? ¿Han sido en vano los esfuerzos de las campañas de las organizaciones sociales y la izquierda europea? Un análisis del recorrido del acuerdo en las últimas semanas y de los textos firmados finalmente demuestra que, en todo caso, la victoria de la Comisión y sus aliados es una victoria pírrica.
Han sido quince días de “presiones increíbles” sufridas por Valonia, la pequeña región de apenas el 1% de la población de la UE, donde se han concentrado todos los poderes políticos (y económicos) hasta conseguir torcer el brazo de su gobierno. El líder de los socialistas belgas y ex primer ministro, Elio di Rupo, llegó a asegurar que tanto él como el ministro-presidente de Valonia, Paul Magnette, habían sufrido coacciones directas de los dirigentes europeos.
También el presidente del Europarlamento, Martin Schulz, en una actitud sin precedentes, ha llegado a presionar al presidente socialista del gobierno valón para que se rindiera a las presiones de la Comisión. El también socialista alemán realizó esas presiones sin la aquiescencia de la Eurocámara, y diversas eurodiputadas/os quieren pedirle responsabilidades.
HAN SIDO QUINCE DÍAS DE “PRESIONES INCREÍBLES” SUFRIDAS POR VALONIA, DONDE SE HAN CONCENTRADO TODOS LOS PODERES POLÍTICOS (Y ECONÓMICOS) HASTA CONSEGUIR TORCER EL BRAZO DE SU GOBIERNO
Las presiones se han librado también en los grandes medios, que han intentando sacarle los colores al gobierno valón por su declive económico, utilizando cuestiones como el reciente cierre de la fábrica de maquinaria Caterpillar para intentar justificar la necesaria apertura a las inversiones extranjeras que se promueve con el CETA. De hecho, aunque en la Comisión afirman que “han respetado con paciencia” los tiempos de las instituciones belgas, Juncker ha reconocido que sus negociaciones habían ido más allá del gobierno federal del país. Un equipo de la Comisión visitó varias veces Namur, capital de Valonia, durante los días del rechazo al CETA para discutir directamente sus objeciones.
La resistencia de la pequeña Valonia representaba en realidad el esfuerzo de miles de activistas que llevan años de campaña contra el CETA y el TTIP, y sumaba las reticencias de otros Estados miembros que no acababan de estar cómodos con el acuerdo en ciernes y que han exigido, al calor de las negociaciones para convencer a la región belga, introducir cambios en el texto de la manera que fuera posible.
En realidad, tras dos semanas de fracasos (un Consejo de Comercio que no pudo firmar el acuerdo, una Cumbre de líderes europeos con el primer ministro belga cabizbajo, incapaz de convencer a los valones, una ministra canadiense llorando, horas interminables de negociaciones...) se podría afirmar que ha sido la Comisión la que ha dado su brazo a torcer.
Es cierto que el presidente Juncker y su equipo, con Malmström al frente, han salvado la cara evitando “un golpe muy serio a la política comercial común y a la credibilidad de la UE”, en palabras de un alto diplomático de un país europeo. Pero tampoco puede negarse que Valonia solo ha bajado los brazos tras conseguir un acuerdo de escala nacional con numerosas condiciones, que también se han plasmado de manera parcial en la Declaración firmada como anexo al CETA. En todo caso, tras la firma quedan numerosos pasos por dar para que el acuerdo con Canadá entre en vigor, de manera provisional primero y de manera total posteriormente.
El camino que le queda al CETA
El primer reto del CETA será conseguir el apoyo de la mayoría simple de las y los diputados del Parlamento Europeo, en una votación que, si no se celebra en diciembre, deberá esperar a febrero. En principio, ese primer trámite no debería dar problemas a las partes firmantes: votará a favor la gran coalición de facto, formada por los conservadores del PP Europeo y el grupo de los ‘Socialistas y Demócratas’, a la que se unirán los liberales del ALDE, el cuarto grupo de la Cámara. La oposición quedará en manos del GUE/NGL, el grupo de izquierdas del Parlamento, y Los Verdes, junto a algunas eurodiputadas/os belgas y franceses.
EL PRIMER RETO QUE TENDRÁ QUE ENFRENTAR EL CETA SERÁ CONSEGUIR EL APOYO DE LA MAYORÍA SIMPLE DE LAS Y LOS DIPUTADOS DEL PARLAMENTO EUROPEO
Es sabido, también, que los socialdemócratas franceses en conjunto están siendo muy combativos en las negociaciones del TTIP, el tratado comercial con Estados Unidos, así que la disciplina de voto socialista podría romperse. En todo caso, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ha señalado que su previsión “es que no habrá problemas en el Parlamento Europeo”.
Una vez aprobado el CETA por el Parlamento Europeo, las dos partes procederán a la aplicación provisional del acuerdo. Este es el as en la manga de la Comisión, ya que permitirá que el tratado se aplique sin el tercer paso necesario para su ratificación, la aprobación por cada Estado de la UE. Sin embargo, gracias a las reticencias de Valonia, de numerosos juristas, del Tribunal Constitucional alemán y de varios países, la aplicación provisional sólo se producirá respecto de determinadas partes del tratado y no respecto de la totalidad del capítulo más criticado: el de la protección de la inversión extranjera. Aun así, durante la rueda de prensa tras la firma, el propio primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ha señalado que “una de las claves es que la entrada en vigor provisional representa el 98% de lo que es el CETA”.

A partir de ahí, el CETA libraría su última batalla, una lid con casi 40 escenarios pues en algunos Estados miembros, como evidentemente Bélgica, el Tratado requerirá la aprobación en los parlamentos regionales. Por esta razón, Bruselas tiembla ante otros ‘valones’ en cualquier rincón del continente y, entre bambalinas, no se descarta que probablemente el acuerdo con Canadá nunca llegue a ser ratificado del todo.
Si finalmente el CETA descarrila porque alguno de los Estados Miembros de la UE no lo ratifica o, incluso, si un Tribunal Constitucional o una institución similar falla en contra de la compatibilidad entre el CETA y alguna de las Constituciones nacionales, finalizaría la aplicación provisional del acuerdo. La duda estriba en saber cuándo va a ocurrir esto ¿será inmediato el cese de la aplicación? ¿Habrá un tiempo mínimo para que el CETA muera definitivamente?
Esta cuestión ha ocupado, entre otras, un lugar central en el debate que ha llevado hasta el sí de Valonia. Si repasamos los documentos publicados tras la negociación en Bélgica se observa que la aquiescencia valona se ha conseguido mediante la adopción de una resolución firmada por el conjunto de autoridades belgas implicadas. Este texto, resultante de la negociación intrabelga, establece condiciones importantes que pueden lastrar la vida del Tratado.
Las condiciones de Valonia
En primer lugar, y como declaración principal, las autoridades implicadas van a realizar a intervalos regulares evaluaciones de las implicaciones sociales y ambientales de la aplicación provisional. Si una de las entidades federadas informa al gobierno belga de su decisión definitiva y permanente de no ratificarlo, éste deberá notificar en un plazo máximo de un año al Consejo la imposibilidad total de ratificación. Valonia y las otras federaciones siguen teniendo en su mano la muerte definitiva del CETA.
EN ALGUNOS ESTADOS MIEMBROS EL TRATADO REQUERIRÁ LA APROBACIÓN EN LOS PARLAMENTOS REGIONALES. BRUSELAS TIEMBLA ANTE OTROS ‘VALONES’ EN CUALQUIER RINCÓN DEL CONTINENTE
Un segundo punto clave es que los distintos Gobiernos belgas también han acordado elevar ante el Tribunal de Justicia de la UE una solicitud de examen de la compatibilidad del mecanismo de resolución de controversias inversor-Estado (ICS) con los Tratados de la UE. Estas regiones han manifestado en ese mismo texto su negativa a ratificar el CETA si se mantiene el capítulo 8, respecto de la inversión extranjera, tal y como está en el texto.
Además, la resolución incluye una previsión de activar la cláusula de salvaguarda en materia de agricultura, y la obligación de que el Parlamento belga apruebe cualquier iniciativa en materia de cooperación reguladora que trate competencias compartidas con Bélgica.
Las reclamaciones valonas contra el CETA también han estado muy centradas en los posibles cambios de la legislación europea en áreas como los productos transgénicos, en concreto sobre su “autorización, comercialización, crecimiento y etiquetado” en suelo europeo. El texto belga “reafirma que el CETA no afectará a la legislación de la UE” sobre estos alimentos, pero no hace mención, por ejemplo, a posibles problemas en la gestión del agua.
El resto del acuerdo intrabelga se vincula con el contenido de la Declaración interpretativa del CETA que llevaba meses fraguándose y que ha sido engordada y acabada in extremis, como único camino posible para sortear obstáculos que parecían infranqueables.
Realmente ¿qué han firmado la UE y Canadá?
El contenido del CETA finalmente firmado no ha cambiado, es exactamente el mismo que rechazó el Parlamento valón y que ha suscitado las críticas de Estados, movimientos sociales, sindicatos e incluso del propio Tribunal Constitucional alemán. Sin embargo, junto con el CETA se ha firmado una Declaración anexa que debe entenderse como parte del acuerdo.
Esta declaración de 12 páginas contiene dos novedades fundamentales respecto de los textos filtrados antes de que Valonia se rebelara. Por un lado, la Declaración se reconoce a sí misma como interpretación obligatoria en el sentido del artículo 31 del Convenio de Viena sobre el derecho de los Tratados. El CETA, por tanto, debe interpretarse según el sentido que le dé esa declaración, que incluye un listado de los artículos específicos a los que afecta y que deben ser interpretados según sus indicaciones.
JUNCKER Y SU EQUIPO TIENEN SERIOS PROBLEMAS PARA SACAR ADELANTE SU AGENDA POLÍTICA Y ESPECIALMENTE UNO DE SUS PILARES, LA POLÍTICA COMERCIAL
Esta contundencia choca con la segunda de las novedades que incluye la Declaración, con afirmaciones que van en sentido totalmente contrario al contenido del CETA. Por ejemplo, en la Declaración se reconoce que del CETA no se va a derivar un trato más favorable para los inversores extranjeros que para los nacionales. Si aplicamos estrictamente esta idea, directamente hemos de eliminar del texto el mecanismo de solución de controversias inversor-estado (ICS), lo cual significaría dejar caer una de las piezas fundamentales del Tratado. ¿Cuál puede ser la solución? ¿Están diciendo realmente una cosa y la contraria? La respuesta puede estar en el propio artículo 31 del mencionado Convenio de Viena, donde se señala que la interpretación de todo tratado debe realizarse en primer lugar atendiendo a su texto y en segundo lugar a las declaraciones anexas. Si se aplica esta norma de manera rigurosa queda claro que, en todo caso, va a primar lo que diga el CETA, lo que sin duda resta valor a la Declaración que tantos esfuerzos ha costado firmar.
El anexo parece escrito para fomentar la tranquilidad. Su preámbulo tiene un aroma conocido y repite las bondades del CETA y sus potencialidades para impulsar la economía, incluyendo afirmaciones como que “el principal propósito del comercio es aumentar el bienestar de la ciudadanía”; el reconocimiento del derecho a regular; el reconocimiento de la capacidad de ambas partes de plantear y conseguir sus “objetivos legítimos de políticas públicas” decididas por sus instituciones democráticas; o la afirmación de que el CETA no rebajará los estándares y regulaciones relativas a la salud, protección del consumidor, ambiente o protección de los derechos laborales. Ambas partes reafirman su compromiso con el principio de precaución y reiteran que la cooperación en materia normativa será voluntaria, algo que es evidente según el capítulo 21 del CETA. No se explica en cambio que si una de las partes decide “voluntariamente” apartarse del método de cooperación debe justificarlo y esta justificación no es sencilla.
A partir de ahí la Declaración aborda los temas que más reticencias y polémica han despertado durante las negociaciones: el derecho a regular de los Estados y sus entidades, los mecanismos de cooperación reguladora, los servicios públicos, el ICS (el mecanismo de arbitraje entre inversor y Estado), el desarrollo sostenible (en cuestiones laborales y ambientales), las consultas con los agentes sociales, la contratación pública, el agua, las pymes o la protección de los pueblos aborígenes de Canadá.
LA LUCHA PÚBLICA DE VALONIA EN LAS DOS ÚLTIMAS SEMANAS HA SUPUESTO UN ESPALDARAZO Y UN RECONOCIMIENTO A LA LABOR DE LAS CAMPAÑAS Y MOVIMIENTOS SOCIALES
En muchos de estos puntos la Declaración es una mera repetición de lo dicho hasta ahora: buenas intenciones sin modificar el texto del CETA. Sin embargo, hay algunas novedades como la mención a los sistemas de seguridad social, que se reconocen expresamente fuera del ámbito del tratado, y quedan exentos de las obligaciones de liberalización establecidas para el conjunto de los servicios en diversos capítulos del CETA.
Otro ejemplo es la materia laboral, ya que se afirma que los mecanismos de sanción por incumplimiento de los estándares laborales (mínimos) serán vinculantes, un extremo que no está establecido en el tratado y que, sin duda, generará confusión a la hora de activar estos mecanismos. Una parte positiva es que se remarca que el CETA no afecta a los derechos de negociación colectiva y de huelga.
Menos clara resulta la parte de la declaración que atañe a la contratación pública: se afirma que ninguna previsión del CETA va a ser un obstáculo para la introducción de cláusulas sociales y ambientales, pero el contenido del Tratado apunta a lo contrario. También se subraya que los stakeholders, o partes con intereses en el CETA, no son solo empresas, sino sindicatos, grupos ecologistas, cosa que hasta ahora no se contemplaba.
La parte dedicada a la protección de la inversión extranjera es la que más profundamente afecta al contenido del CETA. Para matizar la frase comentada sobre la no discriminación entre inversores extranjeros y nacionales, en la Declaración se indica que el “trato igual”  significa que los inversores extranjeros pueden, que no deben, utilizar los tribunales estatales. Además, se clarifica que una modificación normativa no puede ser objeto de un recurso de un inversor, y que sólo las empresas con un claro vínculo con Canadá o la UE podrán utilizar estos mecanismos (lo que no es óbice para que el mecanismo siga siendo una avenida para las empresas de EEUU porque muchas tienen filiales en Canadá).
LA SUERTE DEL TTIP ESTÁ EN SUS HORAS MÁS BAJAS. LOS SOCIALISTAS DEL CONTINENTE ESTÁN DIVIDIDOS Y TIENEN POR DELANTE MUCHAS VOTACIONES PARA AHONDAR EN SUS CONTRADICCIONES
La Declaración incluye cuestiones que ya se habían afirmado como un maquillaje que no cambia el corazón del mecanismo de ICS (jueces seleccionados por su currículum, un código de conducta, normas de remuneración, etc). Ante este contenido, los sectores críticos recuerdan que el principal problema es que el mecanismo de ICS genera una justicia paralela sólo al alcance de las empresas extranjeras, algo que no cambia con la Declaración anexa. Haciendo bandera de esta nueva aproximación a los mecanismos de solución de controversia inversor-Estado, la Declaración confirma la voluntad de la UE de caminar con rapidez y con el apoyo de Canadá hacia una Corte Multilateral de Inversiones.
También es importante señalar que la Declaración incluye la cuestión del agua. Aunque la Comisión había prometido dejar este asunto fuera del acuerdo, el European Water Movement ha analizado el capítulo del CETA sobre ‘Derechos y obligaciones relacionados con el agua’ y concluye que facilitará en Europa y Canadá “el acaparamiento del agua por parte de empresas multinacionales”. Aunque este capítulo considera que el agua no es un bien ni un producto y, por tanto, queda fuera del acuerdo comercial, el European Water Movement alerta de que sus usos posteriores como mercancía (agua potable, saneamiento o riego agrícola) sí abren la posibilidad de que esté sujeta a los mecanismos del CETA. Para contrarrestar estas críticas, se ha introducido una cláusula interpretativa asegurando que “nada en el Acuerdo obliga a la UE a permitir el uso comercial del agua para cualquier propósito”.                                                                
Tras el CETA, ¿está muerto el TTIP?
Juncker y su equipo, la autodeclarada “Comisión política y no de tecnócratas”, tienen serios problemas para sacar adelante su agenda política y especialmente uno de sus pilares, la política comercial. En el último choque de trenes europeo se ha evidenciado cómo, en este tema, lo que debería haber sido un paseo triunfal se ha convertido en una pírrica victoria y esto va a afectar sin duda al TTIP.
La suerte del tratado con los Estados Unidos está en sus horas más bajas. Los socialistas del continente están divididos y tienen por delante muchas votaciones para ahondar en sus contradicciones, sobre todo por sus repetidas sentencias de muerte al TTIP. El tiempo dirá si se materializan estas sentencias de muerte de ciertos políticos franceses y alemanes en horas preelectorales pero, de momento, ponen palos en las ruedas de los Tratados de Libre Comercio de nueva generación. Por añadidura, una gran parte de la ciudadanía conoce el CETA, el TISA --Acuerdo sobre el Comercio de Servicios que negocian 23 miembros de la OMC-- y sobre todo el TTIP.
La lucha pública de Valonia en las dos últimas semanas ha supuesto un espaldarazo y un reconocimiento a la labor de las campañas y movimientos sociales que, en palabras de sus miembros, van a seguir peleando para extender el conocimiento y el rechazo de estos tratados al conjunto del continente. Como apuntan desde los movimientos de rechazo al CETA, “puede parecer que hemos perdido una batalla, pero hemos salido con la moral alta y el grueso de las tropas intactas, no todos pueden decir lo mismo. Ahora no vamos a bajar la guardia, tenemos por delante la votación en el Parlamento Europeo y hay que seguir en las calles”.
AUTORES:
Adoración Guamán
Es profesora titular de derecho del trabajo en la Universitat de València y autora del libro TTIP, el asalto de las multinacionales a la democracia.

Alexandre Mato
Periodista por la UCM, donde cursó un Máster en Relaciones Internacionales.
Antiguo editor jefe de cierre de 'Mercados', ha pasado por la Cadena Ser, Informativos Telecinco y 'El Confidencial'. Colabora con la TVG o Telemadrid. Vive en Bruselas.

FUENTE: CTXT

Valonia desbloquea el tratado del CETA

Una vuelta atrás

Daniel Tanuro

La victoria valona contra el CETA ha sido de corta duración. El jueves 27 de octubre, tras varios días de negociaciones, de dramatización y de comunicación, las entidades federadas y el gobierno federal belga han llegado a un acuerdo en torno a la interpretación del tratado. Se ha adoptado un documento de cuatro páginas que será sometido a los parlamentos regionales y comunitarios para su ratificación-exprés (en 24 horas). Este documento no modifica en nada el tratado. Será propuesto a la Comisión y al resto de Estados miembros. El presidente valón, el socialdemócrata Paul Magnette, siempre ha dicho que él no estaba opuesto al CETA sino que lo que deseaba era modificarlo en algunos puntos. El documento aprobado le permite presentarse como vencedor de este pulso, pero:

1) El documento está muy lejos de la posición adoptada por el parlamento valón el 16 de octubre; y

2) No compromete al Estado belga y a sus componentes.

El único punto positivo es que el Estado belga solicitará la opinión de la Corte Europea de Justicia sobre el Tribunal de Arbitraje. Los movimientos sociales que desde hace tres años vienes movilizándose contra los tratados y por una ruptura clara con el neoliberalismo son los más perjudicados. Decir que la maniobra de la socialdemocracia y de la democracia cristiana era pura y exclusivamente electoral sería excesivo, pero lo que se confirma es que esta preocupación ha jugado un rol totalmente determinante en su actitud. Queda por ver si los movimientos sociales seguirán unidos en la lucha contra el CETA o si algunas organizaciones se inscribirán en la lógica del "mal menor".

Daniel Tanuro es militante ecosocialista belga y colaborador habitual de VIENTO SUR

Bélgica | acuerdos de libre comercio | Transnacionales

Fuente: Viento Sur

Valonia se mantiene firme y Canadá se va sin el CETA firmado

Parlamento valón bloquea el acuerdo de libre comercio de Bélgica y Canadá

Pablo Elorduy
Diagonal

La presión por parte de la Comisión Europea sobre los representantes del Gobierno de la federación de Valonia no surte efecto y Canadá anuncia el fracaso de las negociaciones para la firma del CETA.
Un Estado dentro de un Estado que alberga a la Comisión Europea está cerca de terminar con el tratado de inversiones de la UE con Canadá. La archipresionada Valonia sigue en su negativa de dar luz verde a la aprobación provisional del acuerdo y se estancan las negociaciones para que el Consejo Europeo pueda culminar el proceso de ratificación del texto.

Durante 18 meses, el Parlamento valón ha estado analizando el contenido del tratado, explica Tom Kucharz, de Ecologistas en Acción, "han invitado a empresarios, ecologistas el gobierno canadiense, es impresionante en términos de trabajo democrático que han hecho". Pese al "chantaje" que según Kucharz se ha llevado a cabo esta semana, Valonia se ha mantenido firme. Hasta cinco veces ha sido llamado su Ministro-Presidente a la Comisión Europea y hasta cinco veces el Parlamento se ha ratificado en su 'no'.

"Hay que celebrar que el Parlamento haya resistido al chantaje: les han llamado radicales, les han acusado de no tener ni idea del tratado", explica un optimista Kucharz, que no obstante califica este episodio como "una victoria temporal: lo van a volver a intentar". "La UE seguirá presionando ferozmente al Gobierno de Valonia, incluso el Gobierno de Bélgica presionará al Gobierno regional", advierte.
Un poco antes de las 16h, la ministra canadiense de Comercio, Chrystia Freeland anunciaba que vuelve a su país con las manos vacías. Han sido inútiles sus esfuerzos por convencer a Paul Magnette, Ministro-Presidente de la región de Valonia, el bastión que no ha podido conquistar la presión de la gobernanza europea, que ha realizado un esfuerzo ímprobo para cambiar el mandato del Parlamento de Valonia de no aprobar el acuerdo tal y como está en este momento.

El principal motivo del 'no' valón es el polémico tribunal de arbitraje ISDS, como ha reconocido el propio Magnette. Este capítulo, incluido en el Acuerdo Integral de Economía y Comercio (CETA, por sus siglas en inglés), permitiría a una empresa denunciar a Gobiernos regionales y locales que legislasen contra lo que ellos entendiesen sean sus legítimos intereses. El capítulo de derechos extraordinarios para inversores ha sido considerado por el Parlamento valón "un atentado contra los derechos laborales, sociales y ambientales".

Leer: Cómo algo llamado CETA puede cambiarte la vida
En declaraciones a Diagonal, Lola Sánchez, diputada de Podemos en Bruselas, considera "inaceptable" las presiones que la Comisión Europea ha ejercido sobre el representante del Parlamento valón, una presión que "evidencia que se les está cayendo este castillo de naipes", en referencia al tratado.

Sánchez, que forma parte del grupo de 88 eurodiputados que han enviado una carta de apoyo a Magnette y otros tres altos cargos valones, considera una buena noticia que los belgas se planten, pero advierte del peligro que tiene el comportamiento de los actores proCETA: "Todo el mundo está felicitando a Valonia por mantenerse firme, pero son una barbaridad las presiones de representantes democráticos comportándose poco o nada democráticamente", apunta Sánchez, que apunta que "un primer ministro no puede saltarse un mandato democrático" como se le ha pedido desde la UE.

El pressing Valonia no ha sido el primer síntoma de que la CE y la gobernanza europea han acelerado la máquina para aprobar de manera exprés el CETA. El 5 de julio se aprobaba el tratado como mixto pero se introducía la posibilidad de la aprobación provisional en octubre, antes de la ratificación en los parlamentos nacionales, que es la que se ha discutido esta semana. ¿Por qué tanta prisa?

Para Sánchez, "se dan cuenta de que cuando se conoce el contenido más rechazo hay, además, conocer el CETA permite conocer el TTIP, hay una prisa tremenda para sacar adelante esto lo antes posible, el tiempo juega en su contra". En este sentido, Sánchez recuerda que el negociador canadiense ha pedido que las negociaciones sean "más rápidas" para que no haya "tanto revuelo".

Casi por accidente, Valonia se ha convertido en el epicentro de un terremoto en los tratados de inversiones, tratados que "es cierto que crean riqueza", dice Sánchez, "pero sólo para unos pocos". El sistema federal belga ha impedido que se cierre un tratado que ha sido rechazado por varios departamentos y comunidades autónomas en toda Europa y por más de 2.000 ayuntamientos. "Cuanto más te acercas a la ciudadanía, como es el caso de los Ayuntamientos, más rechazo al tratado te encuentras, incluso en partidos que en niveles superiores aceptan el tratado y en niveles inferiores dicen que no", concluye Lola Sánchez.

Kucharz destaca que otros ministros de la UE han mostrado sus dudas respecto al acuerdo y que esto permitirá seguir adelante en la batalla para que el CETA quede en papel mojado, aunque advierte que sólo la movilización "en la calle" parará el acuerdo.

Fuente: http://www.diagonalperiodico.net/global/31984-ceta-mas-lejos-canada-anuncia-fracaso-negociaciones-con-valonia.html

TTIP, CETA y TiSA: El asalto de las multinacionales al planeta, la democracia y los bienes comunes

Enrique Javier Díez Gutiérrez y Víctor Álvarez Terrón
Rebelión


El sábado 15 de octubre se desarrollan  en todo el Estado, convocadas por organizaciones y movimientos sociales, campesinos, vecinales, sindicales y políticos, para denunciar el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y los Estados Unidos (TTIP) que se prolonga ahora en el CETA y el TiSA, con el lema “Las personas y el planeta no somos mercancía”.

Entramos así en este otoño de resistencia, que se convoca desde los movimientos sociales y altermundistas exigiendo la suspensión del TTIP (entre multinacionales de la Unión Europea y de EEUU) y del CETA (entre multinacionales de la UE y de Canadá, caballo de Troya del TTIP), la nueva hornada de los tratados mal llamados de “libre” comercio e inversiones, que imponen los intereses económicos de las multinacionales en detrimento de los derechos de las personas. Para promover una sociedad igualitaria y respetuosa de los derechos de las personas y el medio ambiente es imprescindible replantear el sistema de comercio global que, a día de hoy, únicamente favorece la concentración del poder en manos de unas pocas multinacionales. El otoño en resistencia global llama a la movilización popular por el fin de la impunidad de las multinacionales y en pos de una acción colectiva para defender alternativas sociales como única vía para recuperar soberanía, democracia y derechos.

Organizamos recientemente un Curso de Verano de Derechos Humanos en la Universidad de León, que se celebró el último fin de semana de septiembre, titulado “TTIP: El Asalto de las Multinacionales a la Democracia”, donde expertos y expertas internacionales y nacionales, como Susan George desde Francia, Eduardo Garzón, Adoración Guamán desde Luxemburgo, Arcadi Oliveres o Maria José Rodríguez Rejas desde México, analizaron las consecuencias de este tipo de tratados para nuestra sociedad, nuestra democracia y nuestro planeta explicando que las organizaciones sociales se oponen a este acuerdo porque vulnera derechos laborales, sociales o medioambientales y sólo beneficia a las grandes empresas.

Explicaban cómo los documentos filtrados por Greenpeace (los principales textos de la negociación permanecen ocultos a la ciudadanía, existiendo una cláusula para no permitir su publicación en 30 años) confirman una devaluación de las normativas europeas en materia de protección de salud pública, consumo y medio ambiente. Quieren que caigan leyes y políticas que aún protegen los derechos e intereses de las mayorías sociales en Europa y Norteamérica.

Pero igualmente grave es la pérdida de empleos que puede suponer el TTIP. Recientes estudios auguran hasta 600.000 empleos surpimidos. La propia Comisión Europea, cuyo discurso gira en torno a la creación de empleo, reconoce que diversos sectores tendrían pérdidas de empleo. Como comentaba la profesora Rodríguez Rejas, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, un tratado similar, como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre México, EEUU y Canadá, donde se preveía la creación masiva de puestos de trabajo, conllevó una pérdida neta de un millón de empleos.

Una consecuencia derivada de estos tratados comerciales, complementaba el economista Eduardo Garzón, es el aumento exponencial de las privatizaciones de los servicios públicos, como la educación, la sanidad, los servicios sociales, etc., bien directamente o de forma desagregada (ambulancias, comedores, gestión hospitalaria y educativa, etc.). Esto supone la implantación del lucro en los servicios públicos y el progresivo deterioro de los sistemas públicos de protección financiados públicamente, al considerarlos una “competencia desleal” con el sector lucrativo privado.

La equiparación de las normativas con las norteamericanas derivaría además en una rebaja de los estándares sociales y ambientales, profundizaba la presidenta del Transnational Institute de Ámsterdam, Susan George, al tomar como referente la legislación más laxa de cada zona, como han solicitado las grandes empresas. En la UE, avanzaba, rige un principio de precaución en el uso de sustancias químicas o pesticidas peligrosas, mientras que la legislación norteamericana da prioridad a la comercialización de los productos, de manera que sólo se retiran si se demuestra a posteriori que son dañinos. Lo mismo pasa con los transgénicos, la carne hormonada (aceptada en EE.UU.) o piensos fabricados con harinas de origen animal. Dado que EEUU tiene, por lo general, peores estándares ambientales (EEUU da prioridad al libre comercio sobre la protección del clima, dada la presión de la industria petrolera) y laborales que la UE, habría una pérdida de derechos sociales, laborales y ambientales cada vez mayor a favor de los intereses de las multinacionales.

Lo que nos mostró la profesora de Derecho del Trabajo, Adoración Guamán, es que se incluye un capítulo de protección de las inversiones, con el que las multinacionales extranjeras pueden denunciar legalmente a los Estados en tribunales internacionales privados, que dan prioridad a la salvaguarda de los inversionistas, por encima de las legislación social, laboral o ambiental del país, algo que ya ha ocurrido con otros tratados comerciales. Un ejemplo sería la privatización del agua en Estonia a una multinacional holandesa que demandó al Estado por querer impedir que subiera las tarifas del agua y la imposibilidad de revertir privatizaciones.

En definitiva, para todos los expertos y analistas, estos tratados sitúan los beneficios económicos por encima de la vida, la salud, los derechos sociales y laborales y el medio ambiente. La meta parece clara: eliminar las barreras sólo para la acumulación de beneficios de las multinacionales ya dominantes.

Las experiencias de Tratados de Libre Comercio anteriores han demostrado que las consecuencias han sido las contrarias a las prometidas: incremento de la desigualdad, aumento de los beneficios de las elites acomodadas, estancamiento de los salarios, crecimiento del desempleo, dumping social, declive de la protección social y destrucción de los derechos de las organizaciones de trabajadores y de su capacidad de negociación colectiva.

No podemos vaciar a la sociedad de derechos y a las instituciones democráticas de capacidad de decisión para cedérselo a las multinacionales, pedía el economista Arcadi Oliveres. Nunca antes ha existido una oposición a la política comercial y de inversión de la UE como con este tratado. Más de 1.800 gobiernos municipales y regionales, pymes y figuras de la cultura integran un movimiento contra los tratados como TTIP, CETA y TiSA con un impacto político cada vez mayor.

Nos vemos, pues, el sábado 15 en las calles defendiendo la democracia, los bienes comunes y el planeta en unos tiempos en que una economía criminal ha demostrado hasta dónde puede llegar en el saqueo y el atropello a la voluntad popular. Allí estaremos construyendo una “geopolítica de las resistencias” frente a la configuración de un gobierno económico mundial sustraído a cualquier control democrático y regido por el afán de saqueo de nuestros bienes comunes y de nuestros derechos.

Enrique Javier Díez Gutiérrez y Víctor Álvarez Terrón. Universidad de León y UNED.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de los autores mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

La década ominosa de Latinoamérica llega a España

Andrés R. Amayuelas
Presidente de la Coordinadora de ONG de Desarrollo

La creencia generalizada atribuye a las avestruces la costumbre de esconder la cabeza bajo tierra cuando se acerca un peligro. Aunque no es verdad que lo hagan, la imagen viene como anillo al dedo para explicar el motivo por el que tendemos a no afrontar ciertos problemas porque asumimos que no ocurrirán o porque creemos que no contamos con las capacidades para enfrentarlos. Pero, ojo, como bien alerta la sabiduría popular, escondiendo la cabeza el trasero queda fuera.

Cual avestruz, parte de la población se esconde cuando le llegan los ecos de las graves consecuencias de los acuerdos comerciales que pretende firmar la Unión Europea con Canadá y Estados Unidos. TTIP, CETA, TISA, esa retahíla de siglas indescifrables que, al ser escuchadas, dibujan la mueca de indiferencia que precede al comentario de ¡no será para tanto!

Acabo de volver de Latinoamérica y tengo la sensación de que estamos viviendo en España lo que vivieron por aquellas latitudes a mediados de los 90. El 1 de enero de 1994, entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México. Coincidiendo con esa fecha y mientras los medios oficiales aseguraban que crearía empleos, haría crecer la economía y mejoraría el nivel de vida de la población, en lo más recóndito de la selva Lacandona un grupo de indígenas se levantaba en armas contra un sistema profundamente injusto y un acuerdo que calificaron como ‘sentencia de muerte’. El paso de los años está dando la razón a los insurgentes frente a los argumentos de los voceros del poder. Más de 22 años sufriendo las consecuencias de acuerdos comerciales y planes de ajuste estructural que se impusieron desde organismos y actores internacionales, reduciendo las inversiones en políticas sociales para garantizar que los bancos no quebraran y los países pagaran su deuda externa. ¿Les suena?

Todos los estudios demuestran que este acuerdo (NAFTA, en sus siglas en inglés) ha generado un aumento de la inversión extranjera directa en México, sobre todo desde EEUU. Ahora bien, este flujo no ha servido para promover procesos de crecimiento económico ni un fortalecimiento democrático. Es más, en los últimos 22 años el crecimiento se ha estancado mientras la pobreza se mantiene en un nivel inaceptable, la desigualdad se ha profundizado y el medio ambiente se ha degrado. Y sin duda, el NAFTA ha contribuido mucho a ello. Tal vez pueda pensarse que España no se encuentra en la misma situación que el México de los 90, tal vez… pero recuerden que más de 13 millones de personas se encuentran en riesgo de exclusión social en nuestro país, mientras 500 multimillonarios acaparan más de 30 millones de euros cada uno.

Las tretas de los acuerdos

Quienes defienden los acuerdos comerciales que ahora se negocian a puerta cerrada aseguran que crearán empleos y nuevas oportunidades para las pequeñas y medianas empresas. Cantos de sirena, no más. Si miramos a México comprobamos cómo el NAFTA ha provocado una desarticulación estructural de sus cadenas productivas nacionales en beneficio de la inserción, cada vez más subordinada y desigual, en los circuitos internacionales del capital. La población campesina se ha visto obligada a abandonar sus tierras y migrar hacia Estados Unidos; multitud de pequeñas y medianas empresas han echado el cierre. Las oportunidades laborales disponibles para las personas más jóvenes son mal pagadas, sobreexplotadas y con pésimas condiciones de trabajo. Los resultados de este tipo de acuerdos son devastadores.

Ya, dirán, pero aquí la protección laboral no es la misma que en el país azteca. ¿Seguro? La última reforma laboral ha supuesto el desmantelamiento de las conquistas sindicales del último siglo. Veamos un ejemplo. Una multinacional como Bridgestone ha ofrecido nuevas inversiones en sus plantas españolas siempre y cuando se aumente la jornada, desaparezca la antigüedad laboral y se rebajen en un 30% los salarios para las nuevas contrataciones. Un chantaje puro y duro en una empresa grande y con secciones sindicales organizadas y movilizadas. Para echarse a temblar si pensamos en que este tipo de acuerdos equipará a la baja las condiciones laborales con legislación estadounidense que ni siquiera ha ratificado los convenios internacionales que prohíben el trabajo infantil, garantizan la negociación colectiva o la libertad sindical.

Un último apunte sobre las consecuencias del NAFTA. Desde 1994, México ha pasado de ser un país exportador de maíz, -un cereal del que depende el 80% de la dieta nacional, y que es parte de sus raíces históricas de su cultura-, a ser país receptor de una auténtica invasión de maíz estadounidense de baja calidad. Todo gracias y a consecuencia de la eliminación de barreras comerciales y a la política subsidiaria de Washington. El movimiento campesino de México lo denunció claramente en el manifiesto Ciudad Juárez: “hacer depender la alimentación de nuestro pueblo de las importaciones de los EEUU, controladas por unas cuantas transnacionales, es aceptar la madre de las derrotas: la de la comida de nuestra gente”.

Está claro que si adoptamos la estrategia del avestruz ante los acuerdos comerciales que tratan de imponer los grupos de presión de las grandes empresas, nos van a dar por todos los lados. Es hora de hacerles frente porque hay experiencias que demuestran que un giro es posible. En 1998, gracias a una potente campaña ciudadana, se consiguió parar el Acuerdo Multilateral de Inversiones, que estaba impulsado por la OCDE y la Organización Mundial de Comercio. Si nos movilizamos podemos pararlo de nuevo.

El poder piensa que no tiene a nadie enfrente, que la respuesta social apenas tiene entidad y que quienes creemos que otro mundo es posible y necesario somos incapaces de articular una respuesta global contundente. La historia demuestra que los avances sociales para el 99% de la población solo se han conseguido con la lucha de personas y organizaciones concienciadas y críticas, que han sacado la cabeza del hoyo, y han puesto el apoyo mutuo y el bien común por delante de los intereses de unos pocos privilegiados.

Los tratados comerciales generan desigualdad y pobreza; violan derechos humanos. Es urgente que la ciudadanía dé un paso al frente y se plante; es necesario que gobiernos locales y nacionales nos acompañen. Por eso, nos movilizamos en la semana contra la pobreza; del 14 al 21 de octubre saldremos a las calles para reivindicar, de manera clara y directa, que las personas y el planeta tienen que estar por encima de los intereses de las multinacionales. Si queremos acabar con la pobreza, reducir las desigualdades y proteger a nuestro planeta, no hay otro camino.

Fuente: Público.es

Decepcionante voto del SPD alemán a favor del polémico tratado UE-Canadá

Tom Kucharz
Miembro de Ecologistas en Acción y de la campaña contra TTIP, CETA y TiSA

La sociedad civil critica duramente la decisión del Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD) que ha votado a favor del tratado de comercio e inversión UE-Canadá (CETA), una especie de globo sonda del TTIP con Estados Unidos. Con ello, el SPD ha sacrificado los servicios públicos y la protección del medio ambiente y la salud para salvar las ambiciones personales y la carrera política de su presidente, Sigmar Gabriel, traspasando todas sus “líneas rojas”.

La decisión ignora a la opinión pública, según sondeos sólo un 18% de la población alemana considera el acuerdo con Canadá como “algo bueno”, y llega a sólo dos días de la movilización en siete ciudades alemanas que congregó a más de 320.000 personas en contra de estos tratados comerciales.

La convención extraordinaria del Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD) votó a favor de la resolución que la dirección había preparada para respaldar la línea política de su presidente, Sigmar Gabriel que se empleó a fondo en los últimos meses para hacer propaganda a favor del tratado y maniobrar confundiendo a la opinión pública. Gabriel ha llegado a definir el Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA) como el “mejor tratado comercial jamás negociado”. “Queremos convencer a los sindicatos que CETA también protege los intereses de los trabajadores”, comentó la semana pasada.

Gabriel ha conseguido meter en cintura a su partido con promesas vacías y consuelos sobre supuestas mejoras del CETA. La promesa, a último hora, de incorporar al acuerdo una especie de “protocolo” con mejoras procedimentales en algunos capítulos no altera el espíritu peligroso del acuerdo y ha sido una simple cortina de humo para distraer y acallar a la oposición interna del partido.

El también vicecanciller alemán y ministro de economía realizó la semana pasada un viaje relámpago a Canadá para negociar una declaración conjunta que incluye elementos como garantizar “jueces independientes” a través de un código de conducta en los tribunales de arbitraje, la ratificación y aplicación de las normas laborales de la OIT, la efectividad de los mecanismos de resolución de controversias Estado-Estado, la intención que los servicios públicos “están protegidos” o que los procedimientos de la contratación pública puedan incluir criterios sociales y laborales. Gabriel reconoció que el propósito de la declaración conjunta era convencer a los sindicatos y los críticos de su partido, que CETA era un “buen acuerdo”.

Sin embargo, con la resolución a favor del CETA el SPD apoya la expansión muy sustancial de los privilegios especiales e inconstitucionales de las grandes multinacionales para demandar a los Estados antes tribunales privados de arbitraje si una decisión política o una sentencia judicial afecte negativamente a sus beneficios.

El CETA incluye un mecanismo de solución de controversias entre inversores y Estados (ISDS) —al que más tarde, en febrero de 2016, se le dio un cambio de imagen cambiando el nombre por el de Sistema de Tribunales de Inversiones (ICS) que concede a los inversores extranjeras la potestad de demandar directamente a los países ante tribunales internacionales privados y exigirles una indemnización por adoptar salvaguardias en materia de salud, medio ambiente, finanzas u otras medidas internas que, en opinión de dichos inversores, socaven sus intereses.

El SPD reniega sus propias líneas rojas porque con el CETA se daría vía libre a una ola de demandas de las multinacionales contra los Estados con la posibilidad de frenar medidas, por ejemplo, para aumentar del salario mínimo, re-municipalizar servicios públicos privatizados, para prohibir casos de industria fraudulenta como el caso Volkswagen o luchar contra el calentamiento global.

Según una querella ante el Tribunal Constitucional CETA contraviene la Constitución alemana. Por ejemplo, los órganos europea-canadienses que se crearían con el CETA obtendrían amplios poderes para interpretar y cambiar el Tratado sin pasar por los parlamentos.

Gabriel miente cuando dice que “con CETA no hay una disminución de los estándares”. Incluso durante su negociación ya se han bajado normas ambientales. Por ejemplo, se ha debilitado la «Directiva sobre calidad de los carburantes». Entre 2013 y 2015 el Gobierno canadiense y las empresas petroleras –como Shell, BP y Repsol- se gastaron más de 30 millones de dólares para hacer lobby en Bruselas con el fin de que la UE levante sus barreras al crudo más contaminante de Canadá. Ahora, la entrada masiva a Europa del petróleo procedente de arenas bituminosas, cuya combustión produce un 23% más de emisiones de CO2 que la del petróleo convencional, hará inviable el compromiso original de la Directiva de Calidad de los Combustibles, de lograr que el carburante consumido en 2020 tenga un 6% menos de emisiones de media que el consumido en 2010.

La “cooperación regulador”a en CETA tiene graves implicaciones. Es parte de un esfuerzo más amplio de la Unión Europea y de las asociaciones empresariales para controlar la reglamentación nacional a través de los acuerdos comerciales internacionales que tienen preferencia sobre las leyes nacionales. En CETA, la cooperación reguladora cubre una vasta área, tanto del comercio de bienes y servicios y de la inversión. Entre sus objetivos figuran la eliminación de “obstáculos innecesarios al comercio y la inversión” y la modificación de muchas leyes que protegen el medioambiente y la salud pública, entre otros. Equiparar las regulaciones de Canadá y la Unión Europea conduciría a una competición a la baja.

Las instituciones y los mecanismos que crearía el CETA buscan facilitar a las grandes empresas dominar la agenda reguladora. La estrecha relación de Canadá con Estados Unidos y los filiales de la mayoría de las grandes empresas de Estados Unidos en Canadá abre la puerta para que dichos sectores empresariales también tengan una influencia significativa sobre los cambios legislativos que se pueden desarrollar con el acuerdo y alcanzar así una parte sustancial de los objetivos perseguidos bajo las negociaciones del TTIP (incluso si no se llegase a concluir el TTIP).

Debido a las funciones que el CETA transfiere a instituciones de nueva creación es probable que conduzca a retrasos, bloqueos y una reducción en el nivel de regulación y las competencias parlamentarias en áreas tales como el cambio climático, las finanzas, los productos químicos tóxicos, etc.

Esto es extremadamente peligroso en una época en la que se necesitan políticas coherentes sobre cambio climático y la contaminación del aire, la regulación financiera, en áreas como nanotecnologías, disruptores endocrinos (contaminantes hormonales), la biología sintética, la reducción de los precios farmacéuticos, la protección de datos y los problemas en la agricultura, por mencionar sólo algunos de los desafíos regulatorios que tenemos.

Con la resolución de Wolfsburg bajo el brazo, Gabriel puede ir a la cumbre informal de ministros de comercio, que tiene lugar esta semana en Bratislava, fanfarronear sobre la “responsabilidad” de la socialdemocracia y votar en el seno del Consejo de la Unión Europea a favor de la firma del CETA prevista para finales de octubre. Pero sobre todo alienta sus ambiciones para presentarse como rival a la canciller Angela Merkel en las elecciones generales del próximo año.

A medio plazo, eso quiere decir que el SPD votará –probablemente- a favor del tratado con Canadá tanto en el Parlamento Europeo así como en el Bundestag. Ello podría debilitar al ala izquierda del partido y a las delegaciones de Francia, Bélgica, Reino Unido, etc. en el grupo parlamentario europeo (S&D), entre cuyas filas hay bastantes parlamentarios críticos o incluso contrarios al CETA.

Queda la esperanza que en la cámara alta (Bundesrat) una mayoría de los estados federales vote en contra el CETA y bloquee así su ratificación. Es especialmente en el ámbito regional y local donde hay mucho malestar institucional por las posibles consecuencias del CETA y del TTIP sobre las competencias gubernamentales y parlamentarias.

¿Qué pasa ahora?

La agenda oficial de Bruselas registra, por el momento, una decisión sobre la firma y aplicación provisional del CETA prevista para la reunión del Comité de Representantes Permanentes (Coreper) el 12 de octubre, la adopción de una decisión en la cumbre del Consejo sobre Política General el 18 de octubre y la firma el 27 de octubre en la cumbre UE-Canadá.

Aún no se ha dicho la última palabra. Según las actas secretas de la última reunión del Comité de Política Comercial del Consejo de la Unión Europea, del pasado día 16, hay varios gobiernos, por ejemplo de Bélgica, Austria, Hungría y Eslovenia, que han señalado no estar en condiciones para firmar el CETA. Lo cual puede alterar la agenda oficial. La movilización contra estos tratados malditos continuará y tendrá cada vez mayor impacto electoral. Y, al final, cosecharemos victorias.

Como siguiente paso convocamos a toda la sociedad a expresar su opinión ante los tratados TTIP y CETA. Para ello, se han convocado acciones el día 20 de septiembre y manifestaciones el próximo 15 de octubre.

FUENTE: PÚBLICO.ES

El TTIP tal vez esté muerto, pero nos espera algo peor

Los gobiernos y los lobistas de las grandes corporaciones buscan nuevas formas de blindar la privatización y esquivar el proceso democrático.
George Monbiot
¿Estamos ante su muerte? ¿Será cierto? Si lo es, se trata de una gran victoria para una campaña que parecía no tener ninguna posibilidad y que se enfrentaba a un impenetrable muro construido por la élite política, económica y burocrática.

Todo parece indicar que el Acuerdo Transatlántico para el Comercio y la Inversión (en inglés, Transatlantic Trade and Investment Partnership o TTIP) ha muerto. El ministro de Economía de Alemania, Sigmar Gabriel, ha indicado que las negociaciones con Estados Unidos han fracasado. El primer ministro francés, Manuel Valls, ha anunciado su “interrupción”. Los ministros belgas y austriacos se han manifestado en el mismo sentido. La ciudadanía ha ganado. Al menos, de momento.

Sin embargo, los lobistas que reclamaban un tratado que blindara los derechos de las grandes corporaciones no se rendirán tan fácilmente. En realidad, este acuerdo ha sido expulsado del escenario por otro que tendrá el mismo impacto y que se esconde detrás del telón.

De hecho, se trata de una versión mejorada y solo le falta la aprobación final. Si se aprueba antes de que el Reino Unido salga de la Unión Europea, nos atará de pies y manos durante 20 años.

El Acuerdo integral de Economía y Comercio (Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA) es un tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Canadá. Probablemente se pregunten cómo nos podría perjudicar Canadá. En la práctica, permite que cualquier empresa que tenga operaciones en ese país, aunque no tenga su sede allí, pueda demandar a un gobierno ante un tribunal internacional especialmente creado para este fin. Este acuerdo quiere terminar con todas las leyes que nos protegen de los abusos de las multinacionales y evitar que los parlamentos de ambos lados del Atlántico puedan aprobar legislación que nos ampare.

Afirmar que los gobiernos no tienen el mandato de la ciudadanía para cerrar este tipo de acuerdos sería quedarse corto: los ciudadanos les pidieron que hicieran todo lo contrario. Cuando a regañadientes la Unión Europea hizo una consulta en torno a la propuesta del TTIP relativa a otorgar nuevos derechos a las empresas, recibió 150.000 respuestas; el 97% estaba en contra. Lo que ocurre es que cuando compramos mantequilla podemos elegir, pero cuando se tienen que tomar grandes decisiones no nos tienen en cuenta.

No está claro que los parlamentos nacionales puedan vetar este acuerdo. El Comisario Europeo de Comercio ha indicado que no será necesario: el texto puede presentarse ante el Parlamento Europeo sin necesidad de pasar por los parlamentos nacionales. E incluso si los parlamentos nacionales pudieran debatir la necesidad de este acuerdo, solo podrían aprobarlo o rechazarlo. El contenido ya está cerrado.

La Comisión Europea no ha publicado el texto del acuerdo hasta que las autoridades europeas y canadienses no han dado la negociación por cerrada y el contenido del acuerdo se ha filtrado. Tiene 1.600 páginas y carece de una lista de contenidos o de un texto explicativo. Desde un punto de vista de transparencia, paridad y de inteligibilidad, se asemeja a los tratados sobre posesión de tierra que los líderes tribales africanos tuvieron que firmar en el siglo XIX. Es difícil entender cómo los parlamentarios podrían tomar una decisión fundamentada.

Si quieren comprar un coche de segunda mano, tal vez el vendedor del concesionario intente engatusarlos para llevarlos a su terreno, pero las leyes de la UE de protección del consumidor lo obligan a explicar los riesgos de la operación. Si quieren conocer las ventajas y los inconvenientes de “comprar” este nuevo acuerdo, no quedan amparados por leyes similares. La página web de la Unión Europea afirma que se trata de un vehículo maravilloso pero no advierte de los riesgos que conlleva conducirlo.

Aquí tienen la respuesta a la pregunta de si las negociaciones del CETA se hicieron en secreto: “en absoluto, durante los cinco años de negociaciones, la comisión organizó varios encuentros con representantes de la sociedad civil”. Proporciona un enlace que a su vez informa de los cuatro encuentros que se organizaron, todos en Bruselas y todos controlados por asociaciones comerciales que, en cualquier caso, probablemente están a favor de este tratado. ¿Cómo se anunciaron estos actos? ¿Qué esfuerzos hicieron para intentar generar un debate en otros países? ¿por qué no se organizaron más debates para que la sociedad pudiera dar su opinión, ya no digamos dar su aprobación? Si esto es transparencia, no quiero ni imaginarme qué consideran secretismo.

Tras intentar durante horas comprender el acuerdo, acepté que era imposible entender las implicaciones que puede tener. Tuve que fiarme de las opiniones de los expertos que trabajan para grupos como Attac, en Alemania, y el Centro Canadiense para Políticas Alternativas.

Al igual que el TTIP, el CETA quiere blindar la privatización e imposibilitar cualquier intento de renacionalización (por ejemplo, de la red de ferrocarriles del Reino Unido) o de volver a asumir unos servicios que están mal gestionados (como hizo Joseph Chamberlain en la ciudad de Birmingham en el siglo XIX, lo que permitió levantar los fundamentos de las prestaciones sociales que tenemos en la actualidad).

Al igual que el TTIP, tiene una definición muy amplia de los términos “inversión” y “expropiación” para que las empresas puedan demandar a los gobiernos si creen que una nueva ley amenaza sus beneficios futuros.

Como el TTIP, limita las formas que tiene el gobierno para proteger a la ciudadanía. Por ejemplo, prohíbe la normativa que evitaría que los bancos crecieran en exceso. El acuerdo también parece ser una amenaza para nuestras leyes de ordenación y otras protecciones del más elemental sentido común.

El acuerdo cubre todo lo que no está expresamente exento. En otras palabras, si los gobiernos no prevén un posible riesgo, luego estarán atados de pies y manos. A título de ejemplo, la Unión Europea parece haber renunciado a la posibilidad de que la banca comercial y la de inversión sean dos entidades que funcionen por separado.

La CETA se autodefine como un tratado comercial pero lo cierto es que muchas de sus cláusulas no tienen nada que ver con el comercio. Más bien quieren someter la democracia al imperio del poder empresarial. Millones de personas en Europa y en Canadá quieren dejar atrás la era neoliberal. Este tipo de tratados no harán más que impedirlo y permitirán que los políticos que no hemos querido en el gobierno ahora nos gobiernen eternamente.

Si los parlamentos rechazan este acuerdo, redactarán otro, como por ejemplo, el Acuerdo sobre servicios comerciales que la UE está negociando simultáneamente con Estados Unidos y otros 21 países. El gobierno de Theresa May ha mostrado su entusiasmo: “el Reino Unido mantiene su compromiso con este acuerdo”. Se nota que están intentando recuperar el control sobre el país tras el Brexit.

Los lobistas que trabajan para las empresas y sus gobiernos rehenes han intentado imponer este tipo de tratados durante más de 20 años, empezando con el Acuerdo Multilateral sobre Inversiones (como el TTIP, las protestas ciudadanas masivas consiguieron pararlo en 1998). Trabajando en secreto, sin haber alcanzado previamente un consenso democrático, siguieron insistiendo, con la esperanza de derribar los muros de resistencia.

Cuando nos dicen que el precio que tenemos que pagar por la libertad es tener que permanecer constantemente atentos se refieren precisamente a situaciones como esta. Será una vigilancia perpetua; una lucha que tendremos que librar el resto de nuestras vidas. Tenemos que ganar cada vez que lo intenten porque, de lo contrario, con una sola victoria ellos habrán conseguido lo que se proponen. Nunca bajen la guardia. Nunca les dejen ganar.

Traducción de Emma Reverter
Fuente: eldiario.es

La Comisión Europea pretende saltarse a los Estados miembros en la aprobación del CETA

Juncker quiere que los parlamentos de cada país no puedan votar

Yago Álvarez
El Salmón Contracorriente


Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, propondrá el 5 de julio que el acuerdo comercial entre Canada y Europa (CETA por sus siglas en inglés) se apruebe sin contar con el voto de los parlamentos de los Estados miembros.
Funcionarios de la Comisión Europea (CE), como la portavoz de Jean-Claude Juncker Mina Andreeva, y diversos medios alemanes y austriacos han hecho pública la propuesta, presentada este pasado martes por Jean-Claude Juncker ante los lideres de la Unión Europea, de declarar la firma del acuerdo con Canadá un acuerdo de competencia exclusiva de la CE, un acuerdo “EU-only” o “no mixto”. De este modo, la firma y aprobación del acuerdo no pasaría por la votación y apoyo necesaria de los Estados miembros, como sería necesario actualmente al tratarse de un acuerdo “mixto”.

Según estas fuentes, la CE propondrá el 5 de julio un procedimiento simple de aprobación en un intento de acelerar la adopción de este acuerdo comercial entre la UE y Canadá visto como controvertido en muchas capitales de la UE. Así, Juncker y la comisaria de Comercio Cecilia Malmstrom, eliminan de un plumazo antidemocrático a los detractores de este y otros tratados de libre comercio que se siguen negociando a las espaldas de la ciudadanía.

Juncker también aprovechó esta ocasión para instar a los líderes de la UE a que respaldaran las negociaciones del tratado libre comercio con Estados Unidos (TTIP por sus siglas en inglés), frente al creciente escepticismo en los Estados miembros provocadas por las filtraciones de Greenpeace y las continuas campañas realizadas por plataformas ciudadanas para intentar desenmascarar este tratado negociado en secreto.

Malmstrom, ya ha declarado que espera que CETA se apruebe antes de finales de octubre, durante una visita prevista a Bruselas por el primer ministro canadiense Justin Trudeau. Si la toma de decisión siguiera siendo la estipulada para una acuerdo mixto, cada país miembro tendría que aprobar el tratado mediante votación en sus parlamentos, lo cual retrasaría su aprobación durante meses.

Entre los detractores declarados se encuentra la región belga de Valonia, que ya ha manifestado su oposición al acuerdo con Canadá. Lo países Bulgaria y Rumanía también han expresado su repulsa a un tratado donde Canadá no se compromete a extender su sistema de visado a la ciudadanía de estos dos países.

Tom Kucharz, de Ecologistas en Acción y activista en la campaña NoalTTIP, se muestra escéptico con estas declaraciones y sus posibles consecuencias. “Por un lado, realmente no sorprende que la CE pretenda definir CETA como acuerdo de competencia exclusiva de la UE, porque para ello pidió la opinión del Tribunal Europeo de Justicia sobre el acuerdo UE-Singapur, pero por el otro lado no le interesa forzar la máquina y presentar al Consejo el CETA como acuerdo "no mixto" contra el criterio de la mayoría de los Estados miembros. Juncker sabe que definir el tratado UE-Canadá como “acuerdo de competencia exclusiva” de la UE genera un conflicto fuerte con varios Estados miembros y será imposible aprobar contra la voluntad de los gobiernos de Alemania, Francia, Austria, Bélgica, Luxemburgo y Hungría, entre otros”, explica Kucharz. “La sospecha que nos surge es que podría tratarse de una operación de chantaje sutil para presionar a través de los medios de comunicación mediante estas declaraciones. Cuanto más presiona la CE, los Estados miembros pueden creer que la Comisión tiene argumentos muy sólidos para que CETA sea se competencia exclusiva de la UE. Ello puede forzar a los Estados miembros a querer hacer un intercambio: la CE define CETA como mixto y a cambio los Estado miembros acepten en el CE la aplicación provisional. Ello satisfaría a la mayoría de los Estados miembros -incluyendo al Gobierno del Partido Popular- y a la Comisión Europea”, concluye el activista.

Fuente: http://www.elsalmoncontracorriente.es/?La-Comision-Europea-pretende

El Gobierno en funciones de Rajoy presiona para aprobar el 'TTIP canadiense'

Manifestantes, pusieron un “Caballo de Troya” hinchable, como protesta contra los tratados del TTIP y el CETA durante la visita del Presidente Obama a Hannover

Un documento al que 'Público' ha accedido en exclusiva prueba que el Ejecutivo en funciones trabaja para que el CETA pueda aplicarse a partir del 2017, aunque no ha obtenido ningún tipo de apoyo del parlamento, ni le ha pedido que se pronuncie al respecto.

ALEJANDRO LÓPEZ DE MIGUEL

@Alopezdemiguel

MADRID.- El Gobierno de Mariano Rajoy lleva en funciones desde el 21 de diciembre, un día después de las elecciones generales, pero eso no le impide presionar para lograr la ratificación de un acuerdo comercial que afectará a la vida diaria de los europeos, ni tampoco para abogar por una ratificación provisional, dejando algunos aspectos por cerrar para que el CETA entre en vigor en 2017. Y lo hace sin que el Congreso de los diputados se pronuncie al respecto.
Público ha accedido en exclusiva al documento que recoge la posición de la Representación Permanente de España ante Bruselas, el apéndice del gobierno español y su enlace principal ante las instituciones europeas, sobre el acuerdo comercial entre la UE y Canadá; el CETA. El texto, presentado este miércoles en una reunión del Comité de Política Comercial de la UE, en el que tienen representación cada uno de los estados miembros, se deshace en elogios hacia el criticado tratado de libre comercio: "El primer acuerdo amplio y ambicioso con un país desarrollado del G8"; "Un excelente precedente para futuros acuerdos con países como Estados Unidos o Japón", según la representación española ante la UE.

"El primer acuerdo amplio y ambicioso con un país desarrollado del G8"; "Un excelente precedente para futuros acuerdos con países como EEUU", afirma el texto

El Ejecutivo en funciones pide que se firme "con la mayor rapidez" la "aplicación provisional del acuerdo", para que "pueda entrar en vigor lo antes posible (previsiblemente a principios de 2017), lo cual redundará en amplios beneficios económicos y comerciales para ambos socios", siempre según el texto.

Sin embargo, cientos de organizaciones sociales y partidos políticos son menos optimistas que el Gobierno en funciones o la Comisión Europea, y llevan meses advirtiendo de que una "aplicación provisional", como pide el Ejecutivo de Rajoy, no tendría vuelta atrás.
"La implantación provisional dura tres años", explica a este diario Tom Kucharz, portavoz de Ecologistas en Acción y de la Campaña estatal No al TTIP, que asegura que esta implementación tendría lugar "sin debate parlamentario" y "sin un estudio de impacto sobre cómo afectaría a la población". "Sería un golpe contra la democracia representativa", sostiene.
Por otro lado, desde la Campaña contra el TTIP cuestionan también que un ejecutivo en funciones pueda estar legitimado para presionar y, llegado el caso, ratificar un acuerdo con las repercusiones del 'Comprehensive Economic and Trade Agreement' (CETA). "Es inaceptable que un gobierno en funciones decida sobre algo así. Incluso aunque fuera legal es ilegítimo, porque va a tocar cuestiones de política pública que afectan a las vidas de todos los españoles", apostilla Kucharz, que pide al resto de partidos políticos que presionen para que el Ejecutivo en funciones del PP cambie de rumbo.

"La implantación provisional dura tres años", explican desde Ecologistas en Acción, y tendría lugar "sin debate parlamentario" y "sin un estudio de impacto sobre cómo afectaría a la población"

El Comité de Política Comercial o Trade Policy Comitee orienta y controla la política comercial de la UE y cuenta con representación de la Comisión Europea. Sus actas son secretas y generalmente se reúne una vez al mes. Entre otros temas, la reunión en la que la representación permanente ha presentado la posición del Ejecutivo en funciones tenía cierto carácter preparatorio de cara al Consejo de Ministros de Comercio del próximo 13 de mayo, en el que el TTIP y el CETA tendrán un papel protagonista.
No está previsto que se adopten nuevas decisiones sobre la fecha de ratificación del acuerdo con Ottawa -prevista para finales de año-, pero sí servirá como toma de contacto a la Comisión, que ve cómo el rechazo de los europeos a estos acuerdos comerciales sigue creciendo.
A pesar del silencio de la mayoría de grandes medios de comunicación españoles al respecto, el TTIP comienza a ser conocido, pero no así el CETA. Activistas, sindicatos y partidos políticos advierten que ambos forman parte de una misma lógica, y que el CETA es una suerte de caballo de Troya del polémico acuerdo transatlántico.
El "éxito" de los tribunales privados de arbitraje
El documento también celebra el "éxito" que a su juicio suponen los cambios ejecutados en el mecanismo de resolución de disputas entre empresas inversoras y estados (ISDS), que permite a las multinacionales demandar a estos países por cifras millonarias de considerar afectados sus beneficios por los cambios normativos decretados por los respectivos gobiernos.
Para el Gobierno en funciones, el mecanismo de blindaje de las multinacionales que incorpora el CETA, y que cuenta con aspectos del sistema ICS -la versión 'mejorada' elaborada por Bruselas-, es "más imparcial y garantista para las partes". "Es igual del peligroso que el antiguo, y esencialmente reconoce los mismos privilegios para los inversores", rebate Kucharz.
El activista asegura que existe todo un debate jurídico sobre si una implementación provisional del acuerdo permitiría a las empresas demandar a los estados ante árbitros de inversiones, y recuerda que el nuevo modelo abre la puerta a las demandas por "expectativas de beneficios". También que la ratificación del CETA permitirá a "46.000 transnacionales con filiales en Canadá" hacer uso de estos mecanismos para demandar a estados europeos.
"El enfoque de la Comisión no pone fin al ISDS, sino que amenaza con encerrar a los estados de la UE en el ISDS para siempre. Será prácticamente imposible eliminar los privilegios de los inversores una vez que el TTIP y el CETA sean aprobados. De hecho, los países tendrían que salir de la UE de darse el caso", alerta.

Fuente: Público.es