El “caso Imelsa”, en referencia a la empresa pública de la Diputación valenciana, se ha saldado con 24 arrestos, aunque el número de “imputados” asciende a 29 por participar, supuestamente, en una red que cobraba comisiones a cambio de adjudicaciones públicas. Una trama, según algunas fuentes “descomunal” de corrupción infiltrada en varias administraciones públicas de la Comunidad valenciana, donde el Partido Popular gobierna desde hace 24 años. Se han perpetrado, supuestamente, delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales. La Fiscalía y la Guardia Civil señalan que el Partido Popular valenciano amparó “una organización criminal” cuyo monto económico supera cualitativamente al del “Caso Gürtel”.
Mientras esta información sacude al País, Rajoy ha tenido la desfachatez de comentar en un medio de comunicación que estas detenciones “demuestran” que no hay impunidad” y que “el Partido Popular ha sido y seguirá siendo implacable” con la corrupción faltándonos al respeto de nuestra inteligencia. Muchos analistas han aludido a la posibilidad, totalmente factible, de que estas detenciones se han producido al no estar el Partido Popular gobernando, tan sólo en funciones, lo que le limita, tan sólo, al despacho ordinario de los asuntos públicos, produciéndose una libertad de acción de los jueces y de los cuerpos y fuerzas de seguridad. Recordemos como el fiscal del caso “Nóos” acusó al Partido Popular de maniobrar con el propósito de obstaculizar su trabajo e impedir que se conociera la verdad o cómo el Ministro del Interior, Fernández Díaz, Partido Popular, recibió en su despacho “ministerial” al exvicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, Partido Popular, el mismo día, según medios de comunicación, que acudió a los juzgados y se negó a declarar por considerar que requería más datos de Hacienda sobre los delitos que se le imputaban. Y así podríamos seguir refrescando la memoria y aportando datos a este respecto…
Es más, como si fuéramos personajes de la obra de Saramago, Ensayo sobre la ceguera, continúa Rajoy, en la entrevista anteriormente mencionada, destacando que el Partido Popular ha actuado con contundencia contra los implicados en casos de corrupción subrayando que ya no forman parte de las filas del PP, que están fuera de la vida pública y no pueden hacer más daño. Parece que Rajoy desconoce, o no se ha dado cuenta, que la hemeroteca y la memoria histórica existen. Tanto Bárcenas como el número 2 del “Caso Gürtel”, Pablo Crespo, han relacionado a Rajoy y a “toda la estructura del PP” con el conocimiento de la financiación irregular del Partido Popular. También recordamos como el Gobierno y el Partido Popular rechazaron las peticiones de varios partidos políticos para que Rajoy compareciera ante el Pleno del Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre el “Caso Gürtel” o como durante el transcurso de una rueda de prensa, en Berlín, acompañado de la Canciller Ángela Merkel, a preguntas de la prensa internacional sobre los papeles de Bárcenas respondió: “todo lo que se refiere a mí y a mis compañeros de partido no es cierto. Salvo algunas cosas que es lo que han publicado algunos medios de comunicación”. Evidentemente, podríamos seguir con muchos otros ejemplos que constatan nuestra premisa.
Es tal la chulería y el cinismo del Partido Popular que en su página web publica “Hemos aprobado el paquete de medidas contra la corrupción más importantes desde 1977” afirmando que con Rajoy se ha avanzado más en la lucha contra la corrupción que “en cuatro décadas de democracia”. Parecen olvidar esa aprobación, utilizando el rodillo de su mayoría absoluta, al final de la legislatura, deprisa y corriendo, de la Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal considerada por jueces y fiscales como una ley que favorece “la impunidad” para los grandes procedimientos, especialmente los referidos a casos de corrupción. Todas las asociaciones de jueces y fiscales, a los que se unieron posteriormente el Consejo General de la Abogacía, han rechazado la limitación de los plazos de instrucción. También el Partido Popular fue el responsable único de cambiar el término imputado por “investigado”, en la fase de instrucción, y por “encausado”, tras el auto formal de acusación, porque el término tiene “un nivel de contaminación semántico muy alto”. Sin comentarios.
La desvergüenza de Rajoy llega a tales niveles que no se sonroja al afirmar que “la corrupción no tiene porqué dificultar las negociaciones para formar Gobierno”. Parece desconocer el expresidente Mariano Rajoy que la corrupción corroe la capacidad del Estado de redistribuir los recursos entre los diferentes grupos y regiones, de implementar políticas de desarrollo coherentes y racionales, de transformar la sociedad siguiendo prioridades sociales, en definitiva, la corrupción política impide que una comunidad política alcance sus objetivos políticos. Ello implica que, evidentemente, la corrupción y las medidas que se han tomado contra ella deben afectar a cualquier pacto político y es que etimológicamente la palabra corrupción proviene del latín y significa “echar a perder”.
Pero Rajoy seguirá negando lo innegable. Es tal el despotismo del Partido Popular que uno de sus altos cargos, imputado en el “caso Imelsa”, montó un local para, presuntamente, blanquear dinero denominándolo “Que hay de lo mío” y les pareció graciosa la ocurrencia… o eso creían.
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