España, en los tribunales

La vida política del país vuelve a estar muy absorbida por los procesos judiciales
España, en los tribunalesLos procesos judiciales vuelven al centro del debate político (Pool / Reuters)

ENRIC JULIANA, Madrid

El Gobierno de España se siente fuerte. Mariano Rajoy ha salido vivo del azaroso túnel del 2016, y ahora los problemas los tiene la oposición: el PSOE, descabezado y desorientado; Podemos, intentando escapar de una suicida lucha entre facciones; Ciudadanos, pálido. El Gobierno no tiene mayoría en el Congreso, pero controla el tablero. En mayo, Rajoy volverá a tener a su disposición el botón de las elecciones anticipadas. Pronto tendrá poderes reforzados, y no es probable que le tiemblen las piernas si el soberanismo catalán decide explorar tierra incógnita. No le temblarán las piernas. Carles Puigdemont y el círculo de Artur Mas dicen lo mismo. La tensión entre Madrid y Barcelona parece destinada a un choque de imprevisibles consecuencias, pero, caray, en el país pasan más cosas.

Rajoy se siente especialmente fuerte en el exterior. Los diez meses sin gobierno fueron objeto de chanzas y bromas en todo el mundo, pero eso quedó atrás. La modesta estabilidad española vale ahora su peso en oro en los mercados de Bruselas y Berlín, donde reina la preocupación por el súbito empeoramiento del orden europeo. El Gobierno de España tiene motivos coyunturales para sentirse fuerte, pero el control del tablero puede ser uno de esos periódicos espejismos que se generan en Madrid. Los espejos cóncavos y convexos del paseo de la Castellana. El fondo social sigue alterado. La procesión de los indignados no ha finalizado. La máquina del malestar apenas ha aminorado la marcha. España vuelve a ser un país pendiente de los tribunales. En audiencias y juzgados se dirime la inestable correlación de fuerzas, como ya ha ocurrido otras veces en el pasado. Sociedad fragmentada, política bloqueada, tribunales decisivos.


La investigación de Bankia puede diseccionar el legado de Zapatero
Esta semana ha sido un buen ejemplo del retorno de todos los órdenes de la discusión pública a los tribunales. El lunes, la Sala Penal de la Audiencia Nacional citaba a declarar a Miguel Ángel Fernández Ordoñez y a Julio Segura , exgobernador del Banco de España y expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), los dos organismos que estaban encargados de la supervisión de la problemática salida a bolsa de Bankia en julio del 2011. En medios judiciales y financieros se estima que esta citación judicial, que incluye a otros tres altos cargos del Banco de España, puede conducir al procesamiento.

Se acelera la investigación sobre los apoyos, los errores y los descuidos que permitieron uno de los mayores descalabros del sistema financiero español. No el único –el agujero de Catalunya Caixa no le va a la zaga–, pero sí el de mayor calado político, no en vano la antigua Caja Madrid era la entidad de referencia de las clases medias adineradas de la capital de España, el mascarón de proa del Gran Madrid soñado por José María Aznar . La resolución judicial ha tenido una inmediata replica en el Parlamento con la propuesta de Podemos y Ciudadanos, los nuevos partidos, sin esqueletos en el armario de aquella época, de constituir una comisión de investigación, a la que el PSOE no puede oponerse y que el Partido Popular no podrá bloquear. El debate girará en los próximas semanas sobre el ámbito y la amplitud de la investigación parlamentaria. ¿El descalabro de Bankia o el de todas las cajas? El asunto Bankia se confirma como una de las más peligrosas minas flotantes de la política española. Rodrigo Rato es hoy la más viva estampa del hombre poderoso caída en desgracia, Fue el héroe de la turboeconomía aznarista. Ahora va de un juzgado a otro, con un informe de Hacienda que le acusa de haber defraudado al erario público desde los tiempos en los que ejercía la vicepresidencia del gobierno. Puede acabar en la cárcel.

El PP teme perder Murcia, su único bastión en el Arco Mediterráneo
Miguel Ángel Fernández Ordoñez, más conocido en Madrid como MAFO, ha sido durante años uno de los personajes de referencia de la tecnoestructura socialista. El economista Julio Segura era miembro del Comité Central del Partido Comunista de España en 1977 y después evolucionó hacia el PSOE. Mala noticia para el Partido Socialista ante su congreso de junio, que se presenta muy dividido y agitado. Motivo de preocupación para el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, desde hace semanas muy implicado en la campaña de apoyo a Susana Díaz y lógicamente interesado en la salvaguarda de su legado político.

No hay semana sin noticias judiciales sobre Catalunya. Ora, el proceso soberanista. Ora, las investigaciones sobre los negocios de la familia Pujol. Ora, la pista del 3%, las comisiones ilegales atribuidas a Convergència Democràtica de Catalunya. Este martes, el Tribunal Constitucional declaraba jurídicamente anuladas las resoluciones del Parlament de Catalunya del pasado mes de octubre sobre la convocatoria de un referéndum de autodeterminación y autorizaba a la Fiscalía la apertura de una nueva vía penal contra la presidenta de la Cámara, Carme Forcadell, y los cuatro miembros de la mesa que autorizaron el debate de la resolución anulada.

Comisión parlamentaria sobre la ‘operación Catalunya’ presidida por el PNV
Se va prefigurando la gran colisión. El Tribunal Constitucional no dejará que se sometan a debate las denominadas l eyes de desconexión , que podrían suponer una bifurcación de la legalidad. Ese podría ser el momento de fisión del átomo constitucional, antes de que se plantee la convocatoria del referéndum. Mientras ello ocurre, habrá otros dos momentos judiciales de fuerte impacto en Catalunya. El próximo 27 de febrero, el juicio contra el diputado Francesc Homs en el Tribunal Supremo. Será la segunda vuelta del reciente juicio a Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau por la organización del 9-N. Ya se cruzan apuestas sobre cual de las dos sentencias saldrá primero, si la del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya o la del Supremo. En este caso, el orden de los factores podría alterar el producto. La sentencia del Supremo actuaría de guía para los magistrados catalanes. Homs no podrá apelar a instancia superior en España.

El día 1 de marzo dará comienzo el otro juicio que puede alterar el acelerado ecosistema catalán. El caso Palau se sienta en el banquillo. Los hechos llegan a juicio siete años después de salir a la luz. Una lentitud que ningún otro caso de corrupción ha logrado emular en los últimos tiempos. Las declaraciones de los encausados serán claves para determinar si el Palau de la Música actuó de central de redistribución de comisiones destinadas a CDC y quizás a alguna otra organización política. El contenido de ese juicio puede modificar el genoma del proceso soberanista, toda vez que su movilización exige un elevado tono moral. Dura prueba para el grupo dirigente de la antigua CDC. El día 8 de marzo declararán Fèlix Millet y su mano derecha, Jordi Montull. La declaración de este último puede ser especialmente relevante.

El 27 de febrero comienza el juicio contra Francesc Homs en el Supremo
Seguimos en Catalunya. El miércoles declaraba ante el juez Josep Bosch de El Vendrell el extesorero de CDC Andreu Viloca, por el supuesto cobro de comisiones de diversas empresas. La pista del 3%. Viloca se negó a declarar. Ese mismo miércoles se conocía el contenido de un pen drive con información del caso Pujol casualmente encontrado por un comisario de policía de Madrid mientras hacia limpieza en su despacho. No es un asunto menor. Desde el pasado mes de abril, en que el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata recibió un informe sobre presuntas actividades ilegales de Jordi Pujol Ferrusola en el extranjero, el magistrado trata de concretar el origen de los datos. El jueves declaró ante el juez De la Mata el que fuera director adjunto de la Policía Nacional, Eugenio Pino, actualmente jubilado. El juez intenta averiguar los orígenes de los informes policiales ante una posible contaminación de la instrucción, que daría argumentos a la defensa para pedir la nulidad de esta.

Detrás de los pen drives que aparecen y desaparecen está la sombra de la denominada operación Catalunya, supuesta misión extraoficial de la Policía para desprestigiar y atacar a los dirigentes soberanistas catalanes, que habría contado con el explícito apoyo del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz. Guerra entre policías. Colisión con el Centro Nacional de Investigación (CNI). Un asunto verdaderamente oscuro, que permite al soberanismo proclamar que hay juego sucio contra las posiciones políticas que en estos momentos tienen mayoría en el Parlament de Catalunya. El mismo jueves, mientras el comisario Pino declaraba ante el juez, en el Congreso se desbloqueaba la comisión de investigación parlamentaria sobre la citada operación Catalunya. La comisión fue solicitada por el PSOE en julio pasado, antes de la investidura de Mariano Rajoy, y parecía haber entrado en sopor. Presidirá la comisión el diputado Mikel Legarda, del Partido Nacionalista Vasco, con representantes de PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos en la mesa. En las próximas semanas se deberán determinar los nombres de los comparecientes. Tres meses de trabajo, mientras la situación en Catalunya se va calentando. He ahí otra mina flotante.

El día 1 de marzo empieza, después de siete años, el juicio del caso Palau
Más tribunales. El mismo jueves, el fiscal general del Estado. José Manuel Maza, fue llamado a comparecer en fecha próxima en el Congreso por el caso que afecta al presidente de la región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, del Partido Popular. El fiscal general dio orden de no acusar al presidente murciano por un supuesto amaño de contratos de la red Púnica cuando era consejero de Educación de esa comunidad. Las fiscales de Murcia que investigan el caso se sintieron desautorizadas. Quieren imputar al presidente. La pérdida de la presidencia de Murcia podría ser un doloroso trance para el PP, después de su fuerte retroceso en la Comunidad Valenciana y en Baleares. Sin Murcia, el Partido Popular estaría totalmente ausente de las instancias de gobierno de las comunidades del Arco Mediterráneo, incluido Aragón.

Y finalmente, el viernes, la sentencia de la Audiencia Provincial de Palma sobre el caso Noos. La sentencia sobre la que discute acaloradamente toda España.

La sentencia de Palma hace discutir a toda España y condensa el momento político
FUENTE:LA VANGUARDIA