Jordi Borja
¿Las elecciones son una palanca para promover un cambio político y social profundo? Así fueron las elecciones de 1977 y 1982 en España que dieron lugar a la instalación de una democracia formal o liberal primero y luego a un gobierno socialista que promovió un importante desarrollo de los derechos sociales. Otro caso especialmente interesante fueron las elecciones municipales de 1931 que acabaron con la Monarquía, establecieron la República y reconocieron la personalidad nacional de Catalunya, Euzkadi y Galicia. La emergencia de Podemos, un posible ganador de las elecciones generales de 2016, ha generado una expectativa de cambio que no sea la simple alternancia del bipartidismo establecido desde la “Transición”. Podemos es una alternativa política y social que pretende cuestionar el actual “sistema” formal y material. Las elecciones son la oportunidad y el instrumento para impulsar cambios institucionales y políticas públicas que amplíen los derechos pero su ejecución no depende únicamente de los programas y de los resultados obtenidos por parte de los vencedores. Se deben a que se hayan expresado demandas y reivindicaciones antes y hayan creado un ambiente propicio a las nuevas políticas. Y la ejecución de éstas dependerán en gran parte de cómo se manifiesta la presión social. Un caso de libro, entre otros, es la victoria del Frente Popular en Francia en 1936. Poco después de las elecciones los sindicatos de trabajadores promovieron las mayores huelgas conocidas hasta entonces y ocuparon las fábricas. Sus reivindicaciones fueron más allá de los programas de los partidos del Frente Popular. Se promovieron reformas legales y sociales que establecieron los derechos y los programas que fueron el inicio del welfare state (estado del bienestar). Hubo una articulación entre el movimiento de los trabajadores y los partidos de la izquierda (comunistas principalmente y en menor grado socialistas) pero también contradicciones. 1 Cuando la representación política parlamentaria no está vinculada a la movilización social se pierden las elecciones, como ocurrió en el postmayo del 68. O bien el partido vencedor no es capaz o no considera viable asumir las expectativas de la ciudadanía movilizada, como ocurrió con los gobiernos resultantes de la transición en España. En estos casos las elecciones son una trampa, el instrumento frustrador de las demandas de una ciudadanía mal representada por las instituciones políticas. Sartre definió las elecciones después del 68 con una frase contundente: “Élections piège a cons”2
¿Cuál es la causa de que se produzca una frustración de la ciudadanía cuando llegan a gobernar las fuerzas políticas que representan la esperanza del cambio? Sin entrar en explicaciones específicas sobre los gobiernos y las situaciones concretas sobre el liderazgo, la debilidad programática, la insuficiente movilización social o el temor a los poderes fácticos nos parece que hay una causa más general. Los momentos históricos en los que se plantean reformas profundas del marco institucional y socio-económico suponen una confrontación entre el Estado de derecho existente y la exigencia democrática portadora del cambio. O, expresado más concretamente, el conflicto enfrenta a los gobiernos y los partidos dominantes, instalados en el marco jurídico y político institucionalizado y los movimientos sociales y ciudadanos en los que la insuficiencia de los derechos formales y el sentimiento de no sentirse representados plantea la disyuntiva entre el orden formal de la democracia representativa (o desorden establecido según el personalista cristiano Mounier) y el nuevo orden que más o menos confuso expresa el “pueblo”3 . Y este exordio nos lleva hasta la España actual en la que se enfrenta el Estado del malestar pero de “derecho” y Podemos que se presenta como una alternativa popular, son calificados de populistas por sintonizar con a la gente en la calle y prometen combatir los privilegios y las desigualdades generadas por las políticas impulsadas de los gobiernos y de los poderes económicos y mediáticos. Es indiscutible que son, o quieren ser, realmente una alternativa a lo que denominan “casta” o “sistema” y no es ni mucho menos imposible que puedan ganar unas elecciones generales. Incluso no es utópico que puedan formar gobierno, solos o con aliados. ¿Y después? Supongamos que se llegue a las elecciones y las tendencias de voto y de indignación social sigan en aumento. Gana Podemos y forma gobierno, con una mayoría relativa pero potente y con aliados diversos, de izquierda y quizás nacionalistas. ¿El programa que anuncia Podemos y las expectativas de la parte más movilizable hoy de la sociedad podrá aplicarse solamente actos de gobierno y aprobación de leyes y reglamentos? Mi intención no es exponer los probables límites y oposiciones de los múltiples entornos adversos: la Unión Europea, los aparatos del Estado, los poderes económicos, las diversidades territoriales, las reacciones ideológicas y mediáticas, etc. Son cuestiones previsibles y conocidas. Nos referimos a dos cuestiones menos debatidas y muy vinculadas entre ellas: la articulación del gobierno con la ciudadanía activa o pueblo y la confrontación con el marco jurídicopolitico existente. La relación “gobierno-pueblo” (perdonen un concepto que suena a démodé) puede ser complicada. Podemos no es por ahora un partido o similar arraigado en el tejido social y en las instituciones y entidades territoriales y sectoriales. No hegemoniza los sindicatos ni las corporaciones profesionales, ni grandes medios de comunicación. Su dirección y su esqueleto orgánico no parece que esté formado por cuadros políticos con experiencia no solo de gobierno (tal como se gobierna casi mejor así) sino tampoco de liderazgo social. La imagen que transmiten es gente procedente del mundo académico, intelectualmente brillante y personalmente honesta. La política es dura, si se gobierna mucho más. Se puede esperar que sean suficientemente duros para no endurecerse demasiado. Un gobierno como el que una gran parte de la ciudadanía desea supone contar con la fuerza organizada de la ciudadanía. En los próximos meses es posible que aumente la movilización social y política y los que fueron partidos dominantes parecen suficientemente estúpidos como para aumentar la indignación popular. Podemos y organizaciones políticas más o menos afines se pueden reforzar mucho, antes y después de las elecciones. Y lo mismo puede ocurrir con los movimientos sociales y su articulación con las candidaturas políticas Todo esto es posible si el nuevo período preelectoral que se anuncia puede dinamizar este complejo político y social democrático.
La otra cuestión nos parece más delicada, imprevisible y compleja. Retornamos a la cuestión de la “democracia conflictual”. O dicho de otra forma, la contradicción entre el “Estado de derecho”, formalización de la democracia institucionalmente existente, enfrentado con las expectativas de construir ya una democracia más real, que no sea excluyente y oligárquica sino socialmente justa, económicamente integradora, culturalmente diversa, nacionalmente plural y estatalmente multiforme. ¿Es posible una reforma profunda del marco constitucional sin forzar la legalidad existente? ¿Las exigencias nacionales de Catalunya y del País Vasco y quizás de otros territorios van a esperar indefinidamente a que se construya una nueva arquitectura estatal a gusto de todos? ¿Unas nuevas políticas socio-económicas (financieras, fiscales, laborales, redistributivas, publificadoras, pago de la deuda ilegítima, etc) podrán implementarse frente al “muro del dinero? ¿Los poderes mediáticos que promoverán campañas alarmistas podrán actuar impunemente bajo la protección del derecho de expresión? ¿Se podrán ceder competencias de gestión pública a las organizaciones sociales? ¿Se limitarán las funciones de los partidos políticos a su actividad en el gobierno y los parlamentos? ¿Se multiplicarán las formas de participación política y el desarrollo de la democracia directa? ¿Podrán Podemos y sus posibles aliados responder positivamente a estos desafíos? Puede que así sea. Esperemos que finalmente vivamos una segunda y real transición democrática. Y no la de Merimée, perdón la que lideró el PSOE en los años 80.
1 Los sindicatos, como portavoces de la movilización social, consiguieron un importante aumento de salarios, las vacaciones pagadas, la semana de 40 horas y el arbitraje del Ministerio de Trabajo en los conflictos laborales. Las reivindicaciones iniciales eran más radicales pero el PC convenció a los sindicatos que la reacción de los sectores conservadores podía provocar una derechización política y social.
2 “Elecciones trampa para imbéciles” editorial de Temps Modernes, 1971.
3 El debate, o mejor dicho la dialéctica, entre populismo y democracia podría ser más productivo si se relacionan ambos conceptos. La bibliografía es numerosa pero predomina el “parti pris”. Por su distanciamiento teórico son estimulantes las cuatro conferencias de Etienne Balibar en el Birkbeck Institut de la Universidad de Londres (2008), Of Insurrection and Democracy. Su versión escrita se encuentra en Cittadinanza (Torino, 2012) y su traducción en castellano: Ciudadanía (Argentina,2013). Ver cap 6, La aporia de una democracia conflictiva.
Jordi Borja es miembro del consejo editorial de SinPermiso
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