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| Jorge Fernández Díaz entrega la cartera de Interior a Juan Ignacio Zoido |
Zoido da carta blanca al comisario Florentino Villabona para "poner orden" como director operativo en los 10 meses que tiene hasta su jubilación
La guerra entre los mandos de la 'policía política' de Fernández Díaz amenaza con provocar la nulidad de causas contra la corrupción, entre ellas el caso Pujol
El comisario jubilado Villarejo se revuelve contra su imputación con notas a los juzgados contra sus rivales en la policía y el CNI
Pedro Águeda
Zoido preside mañana el acto de toma de posesión de la nueva cúpula de Interior
El recurso a una 'policía política' para enfrentarse al desafío soberanista en Cataluña durante los cuatro primeros años de gobierno de Rajoy tiene a día de hoy consecuencias imprevisibles. Los mandos a los que recurrió el Ministerio del Interior para esa misión, enfrentados ahora en bandos, son protagonistas casi a diario de informaciones que dibujan un poder paralelo asentado en la cúpula de la Policía.
La alarma está instalada en el nuevo equipo del Ministerio del Interior, que ha encomendado al próximo director adjunto operativo, Florentino Villabona, una misión para los diez meses que restan antes de su jubilación, “poner orden” en el Cuerpo, aseguran fuentes del Ministerio.
La Dirección Adjunta Operativa (DAO) es la sala de mando de la Policía. En una perversión de sus funciones, el anterior DAO, Eugenio Pino, organizó en su seno el grupo que investigó con fondos reservados y sin control judicial a los líderes del proceso soberanista y después a Podemos.
Los resultados de sus trabajos servían para cebar las portadas de determinados medios de comunicación y pocas veces prosperaban en los tribunales. El que presumían había sido su mayor logro, el caso Pujol, corre ahora el riesgo de acabar en nulidad por la incorporación a la causa de la Audiencia Nacional de un 'pen drive' con información obtenida presuntamente de forma irregular. Una maniobra que fuentes jurídicas atribuyen a los propios autores de aquellas investigaciones prospectivas.
Pino se jubiló el pasado mes de junio y fue sustituido de forma interna por el comisario Antonio Rodríguez, desafecto a la cruzada de su antecesor. Pero el relevo definitivo se ha ido retrasando en las últimas semanas según el nuevo equipo de Interior tomaba constancia del descontrol instalado en un sector de la cúpula policial y la dificultad para encontrar al comisario que pudiera poner fin al mismo.
El nuevo DAO tenía que ser alguien ajeno a la actuación de la 'policía política' en los últimos años y contar con la determinación necesaria para prescindir de mandos policiales que vienen sobreviviendo a cambios de gobierno y de ministros, parapetados en unas supuestas habilidades imprescindibles, disposición para hacer cualquier trabajo e información susceptible de comprometer a cualquiera que ose enfrentarse a ellos.
En el caso de Antonio Rodríguez, su tibia gestión en el esclarecimiento de la operación contra una falsa célula yihadista en Madrid las pasadas Navidades provocó que quedara descolgado de la carrera por alcanzar la Dirección Adjunta Operativa, a pesar de haber estado colocado en la mejor posición.
Rodríguez se limitó a abrir una investigación interna y esquivó el cese de Germán Castiñeira, el jefe de la Brigada Provincial de Información. Este es el grupo que se empeñó en llevar adelante la destinada a ser la operación más importante contra un grupo yihadista desde el 11-M. Las advertencias de la Comisaría General del Cuerpo y el CNI no sirvieron de nada, los detenidos han quedado en libertad y la sombra del montaje se cierne sobre el operativo. Precisamente, el propio comisario Castiñeira era uno de los que había presentado su candidatura oficial a DAO.
En las últimas semanas, otros aspirantes han sido sondeados sobre su disposición a acometer reformas contundentes en el Cuerpo, según las fuentes consultadas. Ninguno de ellos mostró la determinación que buscaba el equipo de Zoido, que tiene como pieza fundamental al secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto. Finalmente, ha sido el ministro del Interior quien ha optado por Florentino Villabona.
Villabona integró la cúpula policial de Fernández Díaz. Como comisario general de Seguridad Ciudadana fue el máximo responsable de contener la protesta callejera. La actuación policial frente a los disturbios posteriores a las primeras Marchas de la Dignidad, en marzo de 2014, provocó críticas de la oposición y también internas, con las primeras concentraciones de miembros de la Unidad de Intervención Policial (UIP) de la historia en contra de sus jefes. A pesar de ello, Fernández Díaz y Pino optaron por condecorar a casi todos los miembros de la escala de mando responsable, empezando por Villabona.
El comisario principal está considerado próximo al PP andaluz. Siendo jefe superior en Melilla, dejó la Policía en 2007 para trabajar a las órdenes de un alcalde de la formación conservadora en el Ayuntamiento de Málaga. Cuando ya se divisaba la victoria de Mariano Rajoy, en 2011, regresó al Cuerpo en un puesto de segunda fila. Con el PP en el Gobierno, recibió la responsabilidad de dirigir la Comisaría General de Seguridad Ciudadana.
Villarejo y los casos en peligro
La guerra policial a la que tendrá que hacer frente Villabona se libra en buena parte en los tribunales. En casi todos los frentes aparece el comisario jubilado José Manuel Villarejo, imputado por haber grabado presuntamente de forma ilegal a un grupo de policías y agentes del CNI mientras conversaban sobre la investigación al Pequeño Nicolás.
Desde su imputación el pasado verano, Villarejo ha revelado en los juzgados detalles de la Operación Cataluña, en la que participó activamente. Lo ha hecho ante el juez que le investiga, Arturo Zamarriego, y también por escrito ante la Justicia andorrana, que persigue las presuntas presiones de su gran enemigo, el comisario Marcelino Martín-Blas, a los dueños del banco BPA, el banco del que salió la primera información de las cuentas de los Pujol.
La intervención de Villarejo, con notas escritas por él sobre la actuación policial, podría derivar en la nulidad de la causa contra los hermanos Cierco, investigados por varios delitos relacionados con el presunto blanqueo de capitales desde la entidad que dirigían. La actuación de la 'policía política' en Andorra ya ha causado el primer conflicto entre los ministerios de Exteriores e Interior por las quejas a Madrid de uno de sus diplomáticos.
Otras notas escritas por Villarejo señalan al CNI, al que el comisario está abiertamente enfrentado, como protagonista de una conjura para acabar con el caso Pujol a cambio de que el expresident guarde silencio sobre los supuestos fondos del rey Juan Carlos en Suiza, según El Mundo. Sin embargo, fue uno de los hijos de los Pujol quien declaró en la Audiencia Nacional, ante el juez José de la Mata, que el comisario Villarejo le había ofrecido tumbar el caso a cambio de que frenaran la escalada independentista.
Otro comisario, Enrique García Castaño, es objeto de una investigación interna después de que fuera grabado sin saberlo por publico.es hablando del presunto chantaje de Villarejo para divulgar información comprometedora del rey Juan Carlos y la comisionista Corinna Zu-Wittgenstein en el caso de que continúen las investigaciones contra el policía.
El juez De la Mata mantiene abierta una pieza separada para investigar el origen de las informaciones de origen presuntamente irregular introducidas en el proceso por policías de los que también trata de determinar la identidad. El magistrado ya ha tomado declaración a Eugenio Pino y Marcelino Martín-Blas, entre otros mandos, según fuentes jurídicas.
Asimismo, el nuevo DAO deberá culminar la investigación sobre las grabaciones realizadas en el despacho de Jorge Fernández Díaz en las que se evidencian la existencia de la Operación Cataluña y que, según fuentes del propio departamento, pudieron ser realizadas y difundidas por elementos de la 'policía política'.
Fuente: eldiario.es
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