Enric Llopis
Rebelión
El binomio seguridad-riesgo se vincula íntimamente al neoliberalismo. Los intereses individuales priman sobre la vida en común, en un mundo lleno de precariedades, competitividad e incertidumbre, en el que los lazos comunitarios y los resortes del Estado del Bienestar se ven claramente mermados. La vida se torna peligrosa. Una parte de los ciudadanos piden más monitoreo, policía y castigo. Exigen el “derecho a la seguridad”. Las ideas libertad-seguridad han desplazado a las de igualdad-fraternidad en el centro de las relaciones sociales. Aquellos barrios estigmatizados de la década de los 70 y 80, como Vallecas, Carabanchel, Villaverde o San Blas en Madrid, a los que se asoció a los atracos, la heroína y el chabolismo, sufren actualmente nuevas “amenazas”: familias de “ocupas”, “bandas latinas” y otros “elementos” que se consideran ajenos a las barriadas. Cunde asimismo un discurso de vuelta a la disciplina, en profesionales, iglesias, asociaciones de víctimas y vecinales, entre otros sectores. Según el argumentario neoliberal, los profesores y la ley han perdido autoridad, lo que se entiende como una perniciosa herencia de mayo del 68. El profesor de Sociología y Trabajo Social, Sergio García, y la investigadora militante Débora Ávila apuntan estas ideas en la introducción del libro “Enclaves de Riesgo. Gobierno neoliberal, desigualdad y control social”, publicado por el Observatorio Metropolitano de Madrid en la editorial Traficantes de Sueños. “La seguridad funciona como único pegamento posible en un tejido social tremendamente desigual”, añaden.
La prisión recupera un espacio de preeminencia. Autor de “Las cárceles de la miseria” (2001) y “Los condenados de la ciudad” (2013), el investigador Loïc Wacquant destaca que la realidad ha desmentido las reflexiones, a mediados de los 70, de pensadores como David Rothman, Michel Foucault o Michael Ignatieff, tres de los principales historiadores revisionistas de la prisión. La observaban como una institución en declive, frente a otras fórmulas más difusas de control social. Se discutía entonces sobre la “desencarcelación” y la aplicación de penas de servicios a la comunidad, pero los gobiernos han caminado por otra senda. “La población encarcelada se ha duplicado en Francia, Bélgica e Inglaterra, triplicado en Holanda, España y Grecia, y quintuplicado en Estados Unidos”, subraya Wacquant. El profesor de Sociología en la Universidad de California (Berkeley) señala que la “repentina hipertrofia” del sistema penal en Estados Unidos encontraba un complemento en la Ley de 1996 de “oportunidades laborales y responsabilidad individual”, que operaba una mutación radical de principios. Se cambiaba el derecho al bienestar por la obligación al trabajo. Era la respuesta al final del modelo keynesiano, el trabajo asalariado fordista y la crisis del gueto como espacio de confinamiento tras las revueltas por los derechos civiles de los 60.
En un artículo titulado “Policías cotidianas”, el sociólogo y miembro de las Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos (Madrid), Sergio García, pone el acento en los llamados enfoques “preventivistas”, que requieren “mucha policía y muy presente”. Entre 2003 y 2010, Madrid pasó de 94,7 a 90,5 delitos y faltas por cada 1.000 habitantes, pero los responsables policiales continuaban apelando a la necesidad de incrementar las plantillas. En la época podían leerse titulares como “Gallardón promete reducir la tasa de delitos un 10% y ampliar la plantilla de la Policía Municipal con 1.500 agentes”. La capital de España era en ocasiones escenario de “una feria de luces azules sobre flamantes coches patrulla, o un desfile de jóvenes cuerpos dentro de renovados uniformes (o de ‘secretas’ ropa Springfield)”, apunta Sergio García. En plena crisis (julio de 2012), afirmaba el director general del Cuerpo Nacional de Policía, Ignacio Cosidó: “Sin seguridad no puede haber libertad, desarrollo ni crecimiento económico”. Son principios generales que después se traducen en medidas específicas, como el Plan Integral de Mejora de la Seguridad y la Convivencia del Barrio de Lavapiés (diciembre de 2012), que apunta –sostiene Sergio García- a una división del cuerpo asociativo de la barriada madrileña. Se trataba de aislar a los sujetos “ilegítimos” (Okupas o activistas del 15-M que, según el documento, trataban de impedir las operaciones contra “narcotraficantes de raza negra”); y por otro lado el tejido “legítimo”, formado por comerciantes y vecinos. Todo ello aderezado con una actualización de las estrategias comunicativas: programas televisivos como “Policías en Acción”, buzoneo con “Ideas de seguridad para vivir mejor”, el “Plan Mayor Seguridad” del Ministerio del Interior dirigido a las personas mayores o la incorporación de nuevos lenguajes por la Policía Local de Madrid respecto a los menores (“ayuda”, “cuida”, “protege”…).
En diferentes artículos del libro se da cuenta de cómo los cuerpos policiales intentan abandonar la imagen del escudo y la porra. Se cuidan aspectos como la “proximidad”, la “cercanía” o la “empatía” e incluso los agentes locales incorporan formatos de la “intervención social”: se reúnen con escuelas y asociaciones de vecinos o imparten conferencias en centros cívicos. Una de las expresiones del paradigma son los “agentes tutores” de la policía municipal. Oficialmente se habla de “trabajo en red”, “reinserción”, “menores en protección” y “absentismo”. Los trabajadores sociales amoldan también algunos elementos de su labor a lógicas cercanas a la actuación policial. “Alejados cada vez más del barro y de quienes lo habitan –sostienen Sergio García y Débora Ávila- sus competencias responden cada vez más a las necesidades de contención (de riesgos) del sistema, que obvian todo análisis de las causas sociales”. “Las antiguas ‘chiquilladas’ –pequeños hurtos o peleas- hoy provocan la intervención institucionalizada sobre los chavales de educadores y trabajadores sociales, previo paso por comisaría”.
El arquitecto y profesor de la Universidad Técnica Nacional de Atenas, Stavros Stavrides, que participó en las movilizaciones de la primavera de 2011 en la plaza Syntagma, entiende la “normalización” como un proyecto de dominación para moldear a los sujetos sociales. Las normas rigen dentro de cada “enclave urbano”, sea la organización de unos grandes almacenes, la entrada de una entidad financiera o la utilización de un gran estadio. Pero también barrios o urbanizaciones cerradas, en la que se normalizan los comportamientos y se vigila el cumplimiento de las regulaciones. Éstas se presentan como asépticas normas de gestión, que garantizan la protección frente a cualquier amenaza señalada por la autoridad.
Otro elemento decisivo en la reflexión de Stavros Stavrides es la “excepción”, considerada la suspensión de los derechos que los habitantes del “enclave” aceptan e incluso desean. Incluso puede actuar como fuerza motriz de la norma. Por ejemplo la “zona roja” establecida durante la celebración de la cumbre del G8 de 2001 en Génova. “Las autoridades decidieron enfrentarse a las manifestaciones masivas como si la peste se cerniera sobre la ciudad”, escribió el filósofo Giorgio Agamben en un artículo en Il Manifesto. Foucault señaló la epidemia de la viruela como ejemplo del poder normalizador en desarrollo durante el siglo XIX. Se recurría a tasas de mortalidad y estadísticas de la enfermedad, lo que permitía asociar a las personas sanas con lo normal y las afectadas con lo anormal. En conclusión, las patologías se tenían que considerar como una excepción recurrente, y es la ciencia la que aporta el poder de controlar lo impredecible mediante la creación de modelos y el cálculo de probabilidades.
Después de tres años de trabajo de campo en las periferias de la capital, los investigadores del Observatorio Metropolitano de Madrid elaboraron el texto “Viejas y nuevas periferias en la ciudad neoliberal: seguridad y desigualdad social”. Reventada la burbuja del ladrillo, se ha ahondado en la tradicional desigualdad noreste-sureste en la ciudad de Madrid. Los autores concluyen que el viejo cinturón rojo de Canillejas a Campamento –dentro de la corona metropolitana madrileña- y del Corredor del Henares a Móstoles padece sobremanera el paro y los desahucios. Un análisis de 32 páginas distingue entre la periferia obrera que surge de la población rural llegada a Madrid en los años 50 y 60 del siglo pasado, en la que hoy se mantienen las mismas gentes –ya de edad avanzada- y buena parte de la población inmigrante. El segundo gran núcleo es la periferia “guetificada”, que emerge de los grandes planes de realojo de poblaciones chabolistas no integradas por los barrios obreros. Allí reside una parte importante de la población gitana y “paya” pobre. La categorización se completa con las llamadas “nuevas periferias neoliberales”, que acompañaron al monocultivo del ladrillo. “Una mezcla de descampados con urbanizaciones hipervigiladas y bloques de protección oficial, con el coche como único dispositivo capaz de comunicar vidas”.
En el artículo “De la disciplina obrera al improbable control securitario”, el profesor de Ciencia Política en la Universidad de París X-Nanterre, Laurent Bonelli, parte de perspectivas como la del historiador marxista E.P. Thompson, quien demostró que el control del tiempo y los ritmos laborales fue uno de los principales mecanismos para dirigir conductas durante el capitalismo industrial en Inglaterra. Se trataba también de minimizar el ocio (“la madre de todos los vicios”). “Durante mucho tiempo –abunda Bonelli- el empleo no cualificado ha actuado mucho más como agente disciplinador de las fracciones más turbulentas de las clases populares, que la acción institucional”. Pero en el nuevo orden neoliberal, al generalizarse la precariedad, las estructuras de “integración” juvenil, el Ministerio de Educación, la policía y la justicia (el Estado) imponen nuevas disciplinas.
Los múltiples controles de identidad a los jóvenes de los barrios populares –incluso tres o cuatro veces al día- refurzan la autoridad. Los guardias de seguridad privada asisten a los agentes de la policía nacional. Además, las políticas llamadas de “tolerancia cero”, como las desarrolladas en Nueva York en la década de 1990 o la Ordenanza Cívica de Barcelona en 2006, separan territorialmente a los “deseables” de los “indeseables”. En este modelo que convierte la inseguridad en sentido común, quienes son percibidos como amenaza o no pueden consumir son relegados a las periferias pobres. El libro, de 278 páginas, incluye artículos sobre las policías cotidianas, las nociones de riesgo y emergencia, las ciudades de excepción y la “burorrepresión”, además de la política neoliberal y el incremento de los presos. Consta de tres bloques (“La gestión securitaria neoliberal; “Enclaves: sujetos y espacios de riesgo” y “Más allá del riesgo: represión y castigo”).
Fuente: Rebelión
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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