- Algunas de las exigencias del líder de Ciudadanos están contenidas en el documento que el PP elaboró para negociar un nuevo gobierno, otras, como la creación de una comisión de investigación sobre el caso Bárcenas pueden erosionar a los populares
Albert Rivera se ha mostrado dispuesto a que sus 32 diputados voten a favor de la investidura de Mariano Rajoy. Eso allanaría el camino del líder del PP hacia la presidencia, pues lo situaría con 170 votos a solo seis de los 176 que necesita para la reelección. Pero la oferta de Rivera no es gratis. El dirigente de Ciudadanos ha puesto seis condiciones. Algunas son asumibles para los populares. Otras erosionarán a Rajoy.
Crear una comisión de investigación parlamentaria sobre el caso Bárcenas
Este tipo de comisiones no tienen en principio consecuencias judiciales. El artículo 52 del Reglamento del Congreso establece que las conclusiones de la comisión “no serán vinculantes para los tribunales ni afectarán a las resoluciones judiciales”.
Eso sí, la Mesa del Congreso podría decidir “dar traslado” de las conclusiones “al Ministerio Fiscal para el ejercicio, cuando proceda, de las acciones oportunas”. En este caso, resultaría redundante llevar a Fiscalía el asunto de Luis Bárcenas, puesto que ya está siendo investigado por los jueces.
Pero más allá de las consecuencias judiciales, Rivera sabe que una comisión de este tipo puede desgastar a Rajoy y al PP, pues tendrá una gran repercusión mediática. Las comparecencias serán más que sonadas y la investigación parlamentaria pondrá en las portadas la presunta corrupción del PP un día sí y otro también.
Redacción de una nueva ley electoral más proporcional
La ley electoral española no cumple la máxima de una persona, un voto. Los votos valen más en las circunscripciones pequeñas, porque el legislador quiso evitar que las provincias menos pobladas quedasen excluidas de las Cortes.
Este sistema, en el que prima la territorialidad sobre la proporcionalidad ha favorecido el bipartidismo durante años y perjudica a formaciones como Ciudadanos, Podemos y, sobre todo, Izquierda Unida.
Al PP no le interesa cambiar la norma, pero puede iniciar los trámites y cumplir así su compromiso con Rivera. Después, las cosas ya no dependerán de los populares, porque para modificar el régimen electoral, que se regula por ley orgánica, se requiere de mayoría absoluta, según el artículo 81 de la Constitución.
Como PP y Ciudadanos no suman mayoría absoluta, para que esa reforma llegue a materializarse será necesaria la complicidad de otras formaciones políticas.
Eliminación de los aforamientos
Cuando se iniciaron las negociaciones para la formación del nuevo Gobierno, el PP elaboró un documento en el que subrayaba las coincidencias entre su programa y los de Ciudadanos y el PSOE. En ese documento el PP plantea “reducir los aforamientos, impulsando la adopción de las iniciativas necesarias para los distintos sujetos legitimados”.
Es decir, que los populares abogan por examinar caso por caso. Eso no es lo que quiere Rivera, cuya propuesta, que tiene a Rita Barberá en el punto de mira, consiste en eliminar todos los aforamientos.
A Barberá, que es senadora y, en consecuencia, está aforada, no la puede investigar el Tribunal Superior de Justicia de Valencia como al resto de los concejales de su gabinete, que están imputados por el caso Imelsa. El aforo obliga a que sea el Tribunal Supremo quien impute si lo considera oportuno a la ex alcaldesa de Valencia. Ser senadora no la libra de la justicia, pero retrasa el procedimiento.
Acabar con los indultos a políticos condenados
En este punto podría haber mayor coincidencia, ya que el documento de negociación del PP aboga por “promover un acuerdo político para la no concesión de indultos a los condenados por corrupción, de la misma manera que no se han concedido a los delitos de violencia de género”.
En la última legislatura, el Gobierno de Mariano Rajoy ha concedido dos sonados indultos a políticos condenados por corrupción, según el indultómetro. Josep Maria Sevitge, militante de Unió que fue secretario general de Treball, fue condenado a cuatro años y medio de cárcel: el ejecutivo de Rajoy le redujo la condena a dos años y Sevitge no ingresó en prisión.
También se benefició de una reducción de pena similar Tomás Gómez Arrabal, ex alcalde del PP en la población malagueña de Valle de Abdalajís. Gómez fue condenado a más de diez años de cárcel por prevaricación. Gracias al indulto, la condena se redujo a dos años y no pisó la prisión.
Expulsar a los cargos políticos que sean investigados (antiguos imputados)
El PP plantea que a “los altos cargos se les cese cuando se les abra juicio oral” . La propuesta de Rivera es más contundente, pues aboga por que los políticos sean apartados de sus puestos en un momento anterior del procedimiento, cuando el juez los declare investigados, lo que en la anterior regulación se denominaba “imputados”.
Pese a esta disparidad de criterios, es posible que ambos formaciones lleguen a un acuerdo en esta materia.
Limitación de la presidencia de España a dos mandatos u ocho años
No es la primera vez que la limitación de mandatos hace su aparición en la política española. José María Aznar se comprometió a no estar más de ocho años en el poder y lo cumplió. Se fue tras designar a Rajoy como sucesor. Miembros de su Gobierno explicaron después que Aznar se había arrepentido de esa promesa, pues pensaba que su carrera política podía haber sido más larga.
Si Rajoy acepta esta condición, empieza a entonar el canto del cisne, pues ya lleva más de cuatro años en el poder. Comprometerse con Rivera a aceptar la limitación de mandatos, implicará que la próxima sea la última legislatura de Rajoy como presidente de España.
Fuente: La Vanguardia
Crear una comisión de investigación parlamentaria sobre el caso Bárcenas
Este tipo de comisiones no tienen en principio consecuencias judiciales. El artículo 52 del Reglamento del Congreso establece que las conclusiones de la comisión “no serán vinculantes para los tribunales ni afectarán a las resoluciones judiciales”.
Eso sí, la Mesa del Congreso podría decidir “dar traslado” de las conclusiones “al Ministerio Fiscal para el ejercicio, cuando proceda, de las acciones oportunas”. En este caso, resultaría redundante llevar a Fiscalía el asunto de Luis Bárcenas, puesto que ya está siendo investigado por los jueces.
Pero más allá de las consecuencias judiciales, Rivera sabe que una comisión de este tipo puede desgastar a Rajoy y al PP, pues tendrá una gran repercusión mediática. Las comparecencias serán más que sonadas y la investigación parlamentaria pondrá en las portadas la presunta corrupción del PP un día sí y otro también.
Redacción de una nueva ley electoral más proporcional
La ley electoral española no cumple la máxima de una persona, un voto. Los votos valen más en las circunscripciones pequeñas, porque el legislador quiso evitar que las provincias menos pobladas quedasen excluidas de las Cortes.
Este sistema, en el que prima la territorialidad sobre la proporcionalidad ha favorecido el bipartidismo durante años y perjudica a formaciones como Ciudadanos, Podemos y, sobre todo, Izquierda Unida.
Al PP no le interesa cambiar la norma, pero puede iniciar los trámites y cumplir así su compromiso con Rivera. Después, las cosas ya no dependerán de los populares, porque para modificar el régimen electoral, que se regula por ley orgánica, se requiere de mayoría absoluta, según el artículo 81 de la Constitución.
Como PP y Ciudadanos no suman mayoría absoluta, para que esa reforma llegue a materializarse será necesaria la complicidad de otras formaciones políticas.
Eliminación de los aforamientos
Cuando se iniciaron las negociaciones para la formación del nuevo Gobierno, el PP elaboró un documento en el que subrayaba las coincidencias entre su programa y los de Ciudadanos y el PSOE. En ese documento el PP plantea “reducir los aforamientos, impulsando la adopción de las iniciativas necesarias para los distintos sujetos legitimados”.
Es decir, que los populares abogan por examinar caso por caso. Eso no es lo que quiere Rivera, cuya propuesta, que tiene a Rita Barberá en el punto de mira, consiste en eliminar todos los aforamientos.
A Barberá, que es senadora y, en consecuencia, está aforada, no la puede investigar el Tribunal Superior de Justicia de Valencia como al resto de los concejales de su gabinete, que están imputados por el caso Imelsa. El aforo obliga a que sea el Tribunal Supremo quien impute si lo considera oportuno a la ex alcaldesa de Valencia. Ser senadora no la libra de la justicia, pero retrasa el procedimiento.
Acabar con los indultos a políticos condenados
En este punto podría haber mayor coincidencia, ya que el documento de negociación del PP aboga por “promover un acuerdo político para la no concesión de indultos a los condenados por corrupción, de la misma manera que no se han concedido a los delitos de violencia de género”.
En la última legislatura, el Gobierno de Mariano Rajoy ha concedido dos sonados indultos a políticos condenados por corrupción, según el indultómetro. Josep Maria Sevitge, militante de Unió que fue secretario general de Treball, fue condenado a cuatro años y medio de cárcel: el ejecutivo de Rajoy le redujo la condena a dos años y Sevitge no ingresó en prisión.
También se benefició de una reducción de pena similar Tomás Gómez Arrabal, ex alcalde del PP en la población malagueña de Valle de Abdalajís. Gómez fue condenado a más de diez años de cárcel por prevaricación. Gracias al indulto, la condena se redujo a dos años y no pisó la prisión.
Expulsar a los cargos políticos que sean investigados (antiguos imputados)
El PP plantea que a “los altos cargos se les cese cuando se les abra juicio oral” . La propuesta de Rivera es más contundente, pues aboga por que los políticos sean apartados de sus puestos en un momento anterior del procedimiento, cuando el juez los declare investigados, lo que en la anterior regulación se denominaba “imputados”.
Pese a esta disparidad de criterios, es posible que ambos formaciones lleguen a un acuerdo en esta materia.
Limitación de la presidencia de España a dos mandatos u ocho años
No es la primera vez que la limitación de mandatos hace su aparición en la política española. José María Aznar se comprometió a no estar más de ocho años en el poder y lo cumplió. Se fue tras designar a Rajoy como sucesor. Miembros de su Gobierno explicaron después que Aznar se había arrepentido de esa promesa, pues pensaba que su carrera política podía haber sido más larga.
Si Rajoy acepta esta condición, empieza a entonar el canto del cisne, pues ya lleva más de cuatro años en el poder. Comprometerse con Rivera a aceptar la limitación de mandatos, implicará que la próxima sea la última legislatura de Rajoy como presidente de España.
Fuente: La Vanguardia
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