Vicenç Navarro
Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y ex Catedrático de Economía. Universidad de Barcelona
El “salario mínimo” establece una norma que instruye a los agentes sociales que mantengan un nivel mínimo salarial por debajo del cual no se permite reducir el salario. Fue, en realidad, una gran conquista del movimiento sindical y contribuyó en gran medida a reducir la pobreza. La aplicación de las políticas neoliberales por gran parte de los partidos liberales y socioliberales gobernantes en Europa (incluida España) ha tenido como consecuencia un gran descenso del salario mínimo y de su impacto corrector de la pobreza. Una medida aplicada por varios de estos gobiernos, incluidos los españoles, ha sido desligar las variaciones del salario mínimo del aumento de la inflación, lo cual ha deteriorado todavía más su capacidad adquisitiva y su habilidad de prevenir la pobreza.
Esta y otras medidas han mostrado las grandes insuficiencias del salario mínimo, lo cual explica que haya aparecido un movimiento en varios países exigiendo no ya el salario mínimo, sino el “salario decente” (o en inglés, “living wage”) necesario para garantizar una vida digna, que es más que salirse de la pobreza. Salario decente es el nivel de ingresos netos (es decir, después de pagar impuestos y otras tasas), derivados del trabajo realizado durante un periodo de tiempo (que no puede sobrepasar las 48 horas por semana), que permita a las personas tener sus necesidades básicas cubiertas y atendidas, tales como vivienda, energía, nutrición, vestimenta, atención sanitaria, educación, agua potable, escuelas de infancia y transporte para una familia de cuatro personas, recibiendo además una cantidad adicional para gastos discrecionales equivalente al 10% del coste de las necesidades básicas citadas en este párrafo.
El movimiento internacional por un salario decente
Este movimiento a favor del salario decente se ha ido extendiendo a lo largo de los países a los dos lados del Atlántico Norte. El 27 de octubre de este año, 140 personas de varios países procedentes de movimientos sindicales y sociales, académicos y también representantes políticos y de asociaciones no gubernamentales, se reunieron en el Consejo Económico y Social de los Países Bajos para, entre otras cosas, pedirle a la OCDE, que es una coalición de 34 países fundada en 1961 (que, en teoría, tiene como objetivo “promover el bienestar económico y social de la población alrededor del mundo”), que se tome en serio tal mandato y exija como condición de buen gobierno que las empresas transnacionales paguen salarios decentes a sus trabajadores, resolución que, como muchas otras que podrían haber mejorado el bienestar de la población, ha sido ignorada en las intervenciones de la OCDE.
El continuo argumento que se utiliza por parte de las derechas y del mundo empresarial para no responder a esta petición es que tal aumento de los salarios disminuiría la competitividad de las empresas. Pero el mundo de las grandes empresas ha visto crecer sus beneficios espectacularmente durante estos últimos años. Podrían haber subido, por lo tanto, los salarios, sin aumentar el precio de los productos, a costa del descenso de los beneficios. Ninguna consideró esta posibilidad. Por cierto, una de las empresas que paga peor a sus trabajadores es precisamente la empresa Apple, que consigue unos beneficios muy elevados como consecuencia de unos salarios miserables y de ahorrar el pago de impuestos en paraísos fiscales (ver Can the Electronics Industry Provide a Living Wage? Not While Corporations Set the Rules, de Nicki Lisa Cole, Truthout, 30.10.15).
La urgente necesidad de conseguir el salario decente
Pero estas apelaciones a las empresas tienen sus limitaciones. De ahí que los defensores del salario decente estén presionando a los gobiernos para que estos no contraten a ninguna empresa que no pague salarios decentes. Esta medida tendría un gran impacto, pues en cualquier país el Estado es el mayor contratante de empleo. ¿Por qué no está ocurriendo esto en España? Y la respuesta es muy fácil de ver: porque el mundo empresarial y de las grandes empresas tiene mucho más poder mediático y político que el mundo del trabajo. Así de claro. Es este enorme desequilibrio el que es responsable de que se hayan estado llevando a cabo, por parte de los gobiernos de tendencia conservadora y liberal, políticas públicas (como la reforma laboral en España) que han tenido un impacto sumamente negativo, pues al reducirse los salarios (que era el objetivo de tales reformas) ha disminuido la demanda doméstica, una de las mayores causas de la Gran Recesión económica. Como suele pasar estos días, la enorme evidencia científica que avala esta interpretación de las causas de la Gran Recesión ha forzado a instituciones internacionales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI), a reconocer su error, cuando por muchos años han estado presionando a los gobiernos para que redujeran los salarios. El establishment político-mediático español (incluyendo el catalán) continúa estancado en esta visión neoliberal, promovida en los medios. La televisión pública catalana, TV3, por ejemplo, ha estado promoviendo el neoliberalismo en un programa, Economia en colors, que es una burda y vulgar justificación de las políticas que han llevado al desastre, atribuyendo el éxito empresarial a la actitud innovadora de las grandes compañías, como McDonalds, sin citar que gran parte de este supuesto éxito se debe a los salarios misérrimos y a la explotación laboral practicada por tales compañías. McDonalds es un ejemplo de ello.
Existe un enorme retraso en la cultura económica y financiera en España que es responsable de que no se estén tomando las medidas que un gran número de economistas tan conocidos como Paul Krugman, Thomas Piketty, Joseph Stiglitz o Mark Weisbrot han estado proponiendo a nivel internacional por bastante tiempo. Aquí, en España, continuamos todavía con los lumbreras mediáticos, que a través de fundaciones como Fedea, financiadas por el IBEX-35, continúan con su dogma, basado más en la fe que no en la evidencia científica. Y así nos va.
Fuente: Público.es
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