D. Mariano y las multas de tráfico
¿Todavía alguien cree que Rajoy va a bajar los impuestos? ¿Han olvidado la “actualización” del Programa de Estabilidad 2014-2017 que el Gobierno remitió a la Comisión Europea, donde se encuentran las últimas previsiones económicas oficiales? El documento constata que siguen y seguirán apostando por el continuismo de salarios cada vez más miserables con empleos precarios y a tiempo parcial. El gobierno seguirá con los recortes, con la subida de impuestos y con ese enfermizo afán recaudatorio.
Si algo crece, en este país, son las sanciones económicas. Las multas impuestas por la Dirección General de Tráfico, DGT, han aumentado en un 81,3 por ciento desde 2007, año en el que estalló la crisis económica internacional. Dato más escalofriante si tenemos en cuenta que con la crisis se ha reducido de manera notable la movilidad del parque de vehículos. En el período 2000-2006 se registraron 16 millones de sanciones mientras que el período comprendido entre 2007 y 2013 se han registrado 29 millones de sanciones. Un estudio desvela que el 92 por ciento de los conductores, unos 24 millones de personas, cree que la finalidad de las multas en España es “eminentemente recaudatoria”. Según dicho estudio el perfil medio del sancionado en España es el de un conductor experimentado, hombre, de entre 35 a 44 años y reincidente al que se le impone como media 208 euros de multa.
Esta percepción del ciudadano se ha visto corroborada por el Sindicato de la Guardia Civil, UniónGC, que hizo oficial un comunicado donde denunció que el Consejo de la Benemérita impuso una nueva Instrucción de Tráfico “abusiva, injusta, discriminatoria y que camufla el pago de productividades a los guardias según su capacidad sancionadora”. Se castiga a los agentes que no multan “lo suficiente” quitándoles un complemento salarial, unos 143 euros de la paga mensual. Son sometidos a evaluaciones mensuales donde se puntúa muy favorablemente las sanciones y su cuantía mientras que lo auxilios se puntúan de forma insignificante. Para los “superiores” es más importante multar que auxiliar. También los sindicatos de agentes de Policía Local de muchísimos ayuntamientos se quejan de que todos los esfuerzos y niveles de excelencia en la Policía Local parecen vinculados a la recaudación.
Las previsiones recaudatorias para este año eran de 360,91 millones de euros en multas a conductores. Unas 263 multas a la hora, según Automovilistas Europeos Asociados, con un importe medio de 121,82 euros. Esta cifra corresponde sólo a las sanciones impuestas por los agentes de la DGT falta añadir las multas de la Policía Municipal o de la Guardia Civil. Según la Organización de Consumidores y Usuarios, OCU, el importe total que suponen las multas para las arcas del Estado es de 658 millones de euros anuales.
La presión a la que están sometidos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en ese afán recaudatorio que, en la mayoría de los casos, es impuesto por órganos superiores nos ha llevado a situaciones como la del Servei Catalá de Tránsit que multó a un coche por exceso de velocidad, según datos recogidos por un radar en Tarragona. La sanción era de 100 euros, 50 euros si los pagaba en periodo voluntario… el problema era que el coche iba cargado en una grúa camino del taller. Se trata de un radar conocido como “la máquina de hacer dinero” ya que lo situaron en el carril de aceleración para incorporarse a la N240 y, por seguridad, suele ser conveniente pisar el acelerador e incorporarse lo más rápidamente posible. En Gran Canaria, un conductor conversaba con el copiloto cuando los agentes le pararon y le multaron por hablar. En la denuncia puede leerse como hecho denunciado “conducir un vehículo sin mantener la atención permanente a la conducción – mantiene conversación con el acompañante contiguo mirando en repetidas ocasiones”. El multado asegura que se trataba de una conversación normal.
En Salamanca, en la carretera SA-20, un conductor fue multado con 80 euros por ir mordiéndose las uñas mientras conducía según la denuncia “sin mantener la propia libertad de movimientos”. En Sabadell un ciclista que comía un croissant mientras pedaleaba fue multado con 100 euros por “conducción temeraria”. En Valencia una mujer fue sancionada con 301 euros por llevar un bolso cuya asa está catalogada como arma prohibida por tratarse de una llave de pugilato, puño americano. Un modelo que se vendía en diversas tiendas chinas y que es una copia del famoso “clutch” diseñado y comercializado por la firma Alexander Moqueen y cuyo precio oscilaba entre los 1.000 y los 2.000 euros. En la A-6 de Madrid un abogado fue multado “por rascarse la oreja”. Dos agentes le dieron el alto y lo acusaron de ir hablando por el móvil. Les demostró que la última llamada era del día anterior pero le pusieron una sanción por “sujetarse la oreja con su mano derecha de forma permanente sujetando el volante con una mano”. La multa 200 euros y detracción de 3 puntos del permiso de conducir fue retirada un año más tarde tras una apelación de diez páginas. Podríamos continuar…
Ante este acoso recaudatorio el 70 por ciento de los afectados se acogen a la reducción por pronto pago a la hora de pagar las sanciones y tan sólo un 8 por ciento cree que tiene garantías para reclamar. En la mayoría de los casos la disuasión la establece el coste que conlleva recurrir una multa. El Partido Popular impuso la ley del “tasazo”, la ley 10/2012, de 20 de noviembre por la que el ciudadano que recurría una multa tenía que pagar unos costes de gestión que no le serían devueltos, aunque el fallo fuera a su favor. Por ejemplo, recurrir una multa leve, sin pérdida de puntos y 100 euros de sanción, las tasas judiciales eran de 200 euros. Tasazo que se ha eliminado, por las inmensas presiones, para las personas físicas pero que no han derogado para las pequeñas y medianas empresas. Si esto no es afán recaudatorio…
En un Estado de derecho, es necesario, poder recurrir porque la Administración no es infalible. Hace un año aparecía en los medios de comunicación “la DGT multa por error a cientos de conductores por no pasar la ITV. Un nuevo sistema de sanciones de tráfico falla hasta en el 5’5% de los casos”. Este índice de error, cifrado en el 5,5 por ciento de las denuncias, lo reconoce la propia DGT. Se trata de unos instrumentos que se encargan de captar el número de matrícula, que se introducen automáticamente en una base de datos, para comprobar si se ha pasado el examen periódico. También en estos días leíamos que siete millones de multas podrían anularse al no estar correctamente notificadas.
Se supone que vivimos en un estado de pluralista, democrático y de derecho aunque algunos mandos y políticos parecen olvidarlo, lesionando la Constitución, con sus abusivas decisiones y órdenes recaudatorias a los funcionarios. A este respecto, un juez de lo Contencioso, en Sevilla, anuló una multa de tráfico y criticó a la Administración por su afán recaudatorio. La Sentencia expone que “por mucho que se pretenda tramitar sumariamente las sanciones de tráfico, la precipitación en generar y obtener rápidamente pingües beneficios para la Administración no puede hacerse a costa de violentar normas básicas del procedimiento”. Grandes recaudaciones pero paupérrimas prestaciones.
Y es que los niveles confiscatorios en España parecen no tener límites. Regalar un mechero por comprar un cartón de tabaco, según publica un medio especializado, puede significar una multa, para el propietario de un estanco, de 12.000 euros como mínimo e incluso perder la licencia. Las sanciones se acogen, según relatan, a “principios de neutralidad e igualad” de la ley, por los cuales “no se podrá realizar, en ningún caso, actividad promocional de labores de tabaco destinada a los expendedores y titulares de autorización de punto de venta con recargo, ni utilizar a éstos o aquéllos como vía o instrumento para la entrega de incentivos dirigidos al público”.
Es tal el afán recaudatorio que en la autovía A-45 en el sentido Antequera-Málaga han limitado la velocidad durante la mayor parte del trazado entre Málaga y Casabermeja a 80 Km/h y han instalado radares, según justifican, “por seguridad”. El motivo, parece ser, incrementar el uso de una autopista de peaje AP-46 que discurre prácticamente paralela a la anterior y que costó, la friolera, de 405 millones de euros y que no está cumpliendo las previsiones de vehículos que se preveía circulasen por la misma. Los que conocen las carreteras malagueñas no suelen usar esta vía pero si te limitan de esta forma la velocidad y te acribillan a multas… tal vez consigan disuadirte… no te preocupes porque ellos siempre recaudan.
La voracidad recaudatoria del Partido Popular no parece saciarse. Según los Presupuestos Generales del Estado el valor catastral de 14,4 millones de inmuebles subirá entre 2015 y 2016. Esto supondrá un aumento del Impuesto de Bienes Inmuebles y de otros tributos como la plusvalía municipal que se calculan a partir de estas referencias. Además la regularización catastral lleva consigo la aplicación de oficio del cobro retroactivo por cuatro años de las cantidades que resulten de la diferencia de lo abonado antes y después de la regularización, ello implica que podemos encontrarnos con facturas desde 300 euros a 2.300 euros. La retroactividad es una decisión opcional que, según parece, la Dirección General del Catastro ha decidido aplicar de oficio. Los expertos denuncian que se podría haber optado por otra vía, desde el Catastro y el Ministerio de Hacienda, que tiene coste cero tanto para los Ayuntamientos como para los vecinos.
Gracias a Montero, el ministro de Hacienda, ya sabemos quién es esa persona que nadie conoce en las bodas, bautizos o fiestas populares. El Inspector de Hacienda. Y es que los inspectores han recibido cursillos para contactar con los promotores de los eventos con el propósito de solicitar las facturas y controlar el pago del IVA. A este respecto, un medio relata como hace dos años inspectores visitaron varias fallas pidiendo las facturas de artistas, mercadillos, pirotecnia, floristería,… y en una de ellas se encontraron con un ninot que representaba al ministro como el cobrador del frac. Parece ser que no se salvó de la quema. Y eso que los técnicos de Hacienda, a través del Sindicato Gestha, han repetido en innumerables ocasiones que el 72% del total del fraude en España es atribuible a grandes fortunas, corporaciones empresariales y grandes empresas lo que supone una evasión fiscal de 43.000 millones de euros. El Ministro de Hacienda parece desconocer o no estar interesado en conocer el dato.
Llegados a este punto, tal vez usted esté un poquito sulfurado, y es de entender… pero recuerde que no sólo contamos, gracias al Partido Popular, con un impuesto al Sol, sino que también tenemos un impuesto al aire acondicionado. Comprar y recargar un aparato de aire acondicionado supone un coste adicional de entre 60 y 65 euros desde la aplicación de la Ley 16/2013 de 29 de octubre donde se creó un nuevo impuesto sobre el uso de gases fluorados.
En esta vorágine recaudatoria vivimos situaciones esperpénticas como la producida en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, donde el Partido Popular cogobierna con Coalición Canaria. Multan a los vecinos que no tiren la basura entre las 19 y las 21 horas. Los chicharreros disponemos sólo de dos horas para tirar la basura y los sábados está prohibido. Las multas oscilan entre los 60-180 y 301 euros si eres novato o reincides. De manera que si trabajas de tarde o tienes problemas de movilidad y un trabajador social te atiende en horario de mañana vete preparándote para entregarte al Síndrome de Diógenes porque comienza a implementarse una era dictatorial donde los políticos no están al servicio del ciudadano sino que el vecino debe facilitarle la vida y los caprichos al político y recuerda quéjate que te aplican la ley mordaza para seguir recaudando….
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