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El “acuerdo” entre la UE y Turquía sobre los refugiados sirios: ilegal y vergonzoso
Mehmet Ugur
G. Buster
Yo solía divertirme investigando la integración europea, debido a que la cuestión me sorprendía por ser un rico laboratorio para destilar pruebas del lado obscuro de los gobiernos nacionales. He aprendido un rato largo acerca de la forma en que los gobiernos de mi país de origen y mi país de adopción (Turquía y el Reino Unido) defendían el ‘interés nacional’ en Europa. Mi lectura de la evidencia sugería que el ‘interés nacional’ no era en realidad nada más que el de los puntos de veto: grupos de interés pequeños pero estrechamente organizados capaces de apoderarse de la política pública, precisamente porque son pocos en número y se organizan de modo eficaz. Por contraste, el público en su conjunto (es decir, el origen legal y filosófico del interés nacional) quedaba orillado debido a su inherente debilidad a la hora de resolver problemas de acción, tal como ha demostrado Mancur Olson.
La inmigración es una cuestión de política en la que los grupos de veto tienen mejores oportunidades de equiparar sus intereses egoístas a un ‘interés nacional’ indivisible, pero en buena medida ficticio.
El reciente acuerdo entre la UE y Turquía sobre los refugiados sirios es un vergonzoso ejemplo de la política pública europea atrapada por grupos de veto que consisten en grupos y políticos xenófobos minoritarios preocupados por sus posibilidades de reelección. El acuerdo consta de tres elementos: (i) por cada refugiado sirio devuelto de las islas griegas a Turquía, la UE aceptará a un solicitante de asilo sirio de Turquía; (ii) el acuerdo no se aplicará a otras nacionalidades (es decir, a ciudadanos de Afganistán, Pakistán o incluso Irak); (iii) ayuda financiera extra de 3.000 millones a Turquía, que dobla la ayuda hasta 6.000 millones.
La Alta Comisión de las Naciones Unidas para los Refugiados (UNHCR), Amnistía Internacional y otros organismos han indicado ya que el acuerdo es moralmente un error y puede ser ilegal. Esencialmente, se reduce a una deportación forzosa, dado que los refugiados, sirios o no, que sean devueltos a Turquía se verán privados de su derecho a ser escuchados en un tribunal. En segundo lugar, el acuerdo implica enviar refugiados a Turquía, país considerado inseguro por las organizaciones de derechos humanos. Estas últimas llevan mucho tiempo criticando a Turquía por detener refugiados de manera arbitraria, remitiéndolos de vuelta a países peligrosos y bloqueando su acceso al mercado de trabajo.
Aparte de sus defectos legales, el acuerdo es moralmente vergonzoso por dos razones: en primer lugar, no detendrá el flujo de refugiados que huyen de zonas de guerra. En el mejor de los casos, el flujo puede verse reducido si Turquía colabora. Considerando la falta de seguridad y estabilidad de muchas partes de Oriente Medio y otros países como Afganistán, algunos refugiados seguirán jugándose la vida para buscar asilo en Europa, ya sea vía Turquía o atravesando el mar Egeo hasta Grecia. En segundo lugar, la exclusión de los refugiados de nacionalidad no siria representa una regresión clara respecto al espíritu de la Convención de Ginebra para los Refugiados de 1951, que garantiza un trato igual para todos los refugiados que huyen de zonas bélicas, con independencia de su nacionalidad.
El acuerdo también es políticamente defectuoso, porque se reduce a apoyar a un gobierno y un presidente turco autoritarios, que están matando a civiles inocentes (niños incluidos), destruyendo ciudades y barrios y silenciando el disenso con el pretexto de luchar contra el terrorismo. El aumento del número de ataques terroristas no es independiente de la marcha del gobierno y el presidente, su apoyo a grupos terroristas en Siria y su discurso cargado de odio, que ha fomentado continuos ataques violentos contra el único partido con un programa de respeto sin reservas por los derechos humanos y la democracia, el Partido Democrático de los Pueblos (Halklarin Demokrati Partisi - HDP). La combinación de una política exterior temeraria y la supresión de la opinion dentro de Turquía han sido el impulsor principal que ha incrementado tanto la probablidad de atentados terroristas como la vuelta a los mismos.
Aunque se asuma que los atentados terroristas son únicamente un problema de seguridad, la forma en que han respondido el gobierno turco y sus fuerzas de seguridad (incluyendo a los militares) constituye una serie de crímenes punibles de acuerdo con el Derecho Internacional. Aunque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos haya rechazado hasta ahora aplicar requerimientos por razones técnicas, veremos un enorme torrente de casos individuales que entrañan pérdida de vidas y propiedades, privación de agua e instalaciones sanitarias, trato cruel a hombres, mujeres y niños, y trato desconsiderado de los difuntos.
Víctimas del acuerdo
El acuerdo también le ofrece a Turquía la aprobación europea, por lo menos tácita, para que continue con su arremetida contra los kurdos so capa de lucha contra el terrorismo. La experiencia internacional sugiere claramente que los conflictos armadas no tienen vencedores. La misma historia de Turquía en la década de 1990 es un caso que se suma a la evidencia. Las principales víctimas de la arremetida de Turquía contra los kurdos serán los civiles kurdos, hombres, mujeres y niños.
La segunda victima sera la oposición emergente bajo el paraguas del HDP. De los otros dos países de oposición, el Partido de Acción Nacionalista (MHP) se atiene a principios racistas, xenófobos y opresivos de la ideología nacionalista turca, entre cuyas credenciales se cuenta la justificación del genocidio armenio y la admiración por el nazismo. El otro partido de la oposición – el Partido Popular Republicano (CHP) – incluye tanto a nacionalistas como a socialdemócratas, pero está unido a una ideología estatista en la que la ‘unidad’ del Estado turco (como quiera que se defina) tiene prioridad por encima de cualquier otra cuestión política, económica o social del país. Esta es la razón por la cual, tan tarde como esta semana, su líder proclamó que estarían en contra de cualquier cambio constitucional que reconozca a las diferentes etnias de Turquía y ponga fin a que el turco sea el único idioma oficial. Y esto pese al hecho de que kurdos y otros grupos étnicos constituyen cerca del 15% de la población.
El caso se justifica sobre la base de la crisis de los refugiados en la que está sumida Europa. Sin embargo, la justificación refleja una tendencia a poner los propios deseos (o la confianza en el actual gobierno turco) por delante de los hechos. Las instituciones europeas han elaborado numerosos informes, han emitido diversas resoluciones judiciales y ha invertido mucho tiempo de su personal en reuniones, todo con el propósito de ‘anclar’ la democratización turca. Sin embargo, el estado de la democracia es peor que en los años 90 y primeros años del siglo cuando el AKP llegó al poder. La UE y los gobiernos nacionales decididos a firmar el acuerdo, sobre todo el gobierno alemán, deberían ofrecer a los ciudadanos europeos pruebas de cómo funcionaría el acuerdo y hacer lo prometido de modo humano. A menos que se haga esto, la UE acabará apoyando a un régimen autoritario en un momento en que hasta los norteamericanos han empezado a hacer oír duras críticas debido a su papel en Siria y su opresión de la disidencia dentro del país.
El gobierno turco se ha resuelto utilizar a los refugiados sirios como moneda de cambio con la UE. Las actas que se han filtrado de un encuentro del 5 de octubre de 2015 entre el presidente de la Comisión Europea (Jean-Claude Juncker) y el presidente turco (Recep Tayyip Erdogan) demuestran que esta intención data de hace largo tiempo. El documento filtrado indica que Erdogan no sólo le tomó el pelo a Juncker sino que también fue hipócrita respecto a la puesta en práctica de su parte del trato. Por ende, revela que la Comisión había retrasado deliberadamente la publicación de un boletín de calificaciones criticando el historial de democratización del gobierno turco hasta después de las elecciones en Turquía, que ganó el AKP apoyándose en una campaña de violencia orquestada por el Estado.
Echando un vistazo por adelantado al estrafalario encuentro de este fin de semana [19 y 20 de marzo], lo que podemos ver es que solo Chipre se mantiene firme en su amenaza de vetar el acuerdo. Aunque el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, visitara Nicosia para suavizar las objeciones chipriotas, el presidente chipriota, Nicos Anastasiades, reiteró que Chipre no aceptaría las exigencias turcas. Francia e Italia hicieron algunas críticas ruidosas, pero decidieron acomodarse para salvar el plan de Angela Merkel. Grecia también se ha mostrado muy reticente hacia el acuerdo, pero las manos de su gobierno están atadas por el acuerdo de rescate que tuvo que aceptar bajo coacción. El gobierno del Reino Unido, como se esperaba, declaró que apoyaba el acuerdo.
En conjunto, da la impresión de que la UE se inclina por llegar a un acuerdo con Turquía, traicionando los valores europeos y dejando que el primer ministro turco se frote las manos con la sonrisa de un vendedor de alfombras oriental. De modo que se ha demostrado que Mancur Olson llevaba razón: la opinión pública europea que aprecia la democracia y los derechos humanos puede verse orillada este fin de semana. Pero recuérdese: el predominio de los puntos de veto en política es un indicador de la caída y no del ascenso de las ‘naciones’.
Social Europe Journal, 17 de marzo de 2016
Acuerdo UE- Turquía: “un día negro para la Humanidad”
G. Buster
El acuerdo sobre refugiados entre la Unión Europea y Turquía, alcanzado el 18 de marzo, ha sido calificado como “un día negro para la Humanidad” por Amnistia Internacional. Los peores presagios se han confirmado, a pesar de las advertencias de ONGs, organizaciones internacionales humanitarias como ACNUR y varios estados-miembros de que los acuerdos suponen una violación del derecho internacional de asilo y refugio. Unas horas después del acuerdo se difundía en Internet un video con las primeras actuaciones de la marina turca abordando las pateras de refugiados.
Desde el domingo 20 de marzo, “Todos los nuevos emigrantes irregulares provenientes de Turquía que lleguen a las islas griegas serán devueltos a Turquía”. Estas expulsiones, a pesar de afectar a todos los nuevos emigrantes, excluirán cualquier tipo de expulsión colectiva. Se registrará a los emigrantes irregulares y sus solicitudes de asilo individuales serán tramitadas por las autoridades griegas de acuerdo con la directiva comunitaria de asilo, en cooperación con ACNUR. Quienes no soliciten o vean rechazada su petición, serán devueltos a Turquía. El propio comunicado, por si había alguna duda, califica el procedimiento de “medida extraordinaria y temporal para acabar con el sufrimiento humano y restablecer el orden público”.
Las contrapartidas para Turquía son finalmente las ya anunciadas: por cada sirio (no otras nacionalidades) devuelto, otro sirio refugiado en Turquía será acogido por la UE, con un máximo de 72.000 personas; la UE costeará los gastos de devolución de los refugiados y otorgará una ayuda total para su asentamiento en campos de 6.000 millones de euros a Turquía; se prevé la exención de visados para viajar a la UE de ciudadanos turcos el 30 de junio y se acelerarán las negociaciones de adhesión de Turquía a la UE.
Una vez que se haya superado la situación extraordinaria de llegada de refugiados desde Turquía a la UE, la Comisión europea propondrá a los estado miembros un esquema de reparto voluntario de los refugiados.
Sobre la legalidad del acuerdo
La campaña de movilización en defensa de los derechos de los refugiados de los días previos al Consejo Europeo ha obligado a la Comisión ha tomar en cuenta, al menos formalmente, las objeciones relativas a las “expulsiones colectiva” y la necesidad de tratamiento individualizado de las solicitudes de asilo. Así lo recogía la declaración unánime de la Comisión Mixta UE del Congreso de los Diputados, a partir de la que Rajoy ratificó en nombre del Reino de España el acuerdo.
Sin embargo, el acuerdo pasa por alto otro elemento esencial del derecho internacional de asilo y refugio: la consideración de Turquía como un “país seguro” para los refugiados expulsados.
El relator especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los emigrantes, François Crépeau, puntualizaba precisamente en su informe de 17 de abril de 2013 que el acuerdo de readmisión entre Grecia y Turquía de 2002 -que es la base del actual acuerdo entre la UE y Turquía-, estaba enfocado casi exclusivamente en la lucha contra el tráfico ilegal de emigrantes y no recogía garantías específicas sobre los derechos humanos, en especial el principio de “non-refoulement”. Turquía solo aplica las Convenciones de Ginebra de manera selectiva y no a todos los refugiados. A lo que hay que añadir tanto la situación específica de los refugiados en la frontera sirio-turca, especialmente de las minorías kurdas, yazidis y cristianas y la propia campaña militar del ejercito turco contra las organizaciones kurdas, tanto en el sudeste de Turquía como en el norte de Siria, que han sido ampliamente documentadas.
Sobre la aplicación del acuerdo
La legalidad del acuerdo UE-Turquía dependerá en buena medida de que su aplicación respete el derecho internacional. Así lo ha advertido ACNUR, señalando que las condiciones para que se apliquen esas garantías individuales no existen actualmente sobre el terreno, ni en Grecia ni en Turquía.
Tras felicitarse por el acuerdo alcanzado y la posición común europea, el viceministro del interior griego Yiannis Balafas, declaró a Mega TV que Grecia espera la llegada de 2.000 funcionarios de emigración y traductores europeos para colaborar con la aplicación del acuerdo: “Los emigrantes en Lesbos y otras islas del este del Egeo serán llevados por ferry a los puertos de Pireo y Kavala, asentados en refugios y registrados en el programa de relocación de la UE. Los que lleguen a las islas a partir del domingo (20 de marzo) serán filtrados, inscritos y devueltos a Turquía”.
Según la Comisión europea, la aplicación del acuerdo exigirá un despliegue de 4.000 funcionarios comunitarios, entre ellos 600 especialistas en el procedimiento de asilo y 400 interpretes; 30 jueces griegos y otros 30 comunitarios para los comités de recurso; 275 policías griegos, 50 expertos comunitarios y 1.500 policías para las operaciones de retorno a Turquía, así como unos 1.000 militares. Sin contar con barcos, autobuses y alojamiento para 20.000 personas (de los que solo existen 6.000). El responsable de todo este despliegue comunitario será Maarten Verwey, Director General del Servicio de Apoyo a las Reformas Estructurales de la Comisión europea. La pregunta que queda en el aire, después del detallado plan de implementación de la UE: ¿quién garantizará la asesoría legal y la defensa jurídica de los refugiados ante los Comités de Recurso de la UE? ¿las ONGs y ACNUR?.
Mehmet Ugur
profesor de Economía e Instituciones en el Departamento de Negocios Internacionales y Economía de la Universidad de Greenwich, en el Reino Unido.
G. Buster
Miembro del comité de redacción de Sin Permiso.
Fuente: Sin Permiso
Varias
Traducción: Lucas Antón
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