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| Las puertas giratorias de economistas y abogados del Estado, la amnistía fiscal y la pérdida de las cajas abren nuevos canales de información. |
Rubén Juste de Ancos
Cuestionar la concepción aristotélica del “movimiento”, tan beneficiosa para el antropocentrismo católico, y una barrera para la Física, no fue fácil. Gracias a esta, se sostenía la versión profana del catolicismo: la existencia de ánima o alma permitía explicar el movimiento de los cuerpos y los astros. El movimiento de seres inanimados necesitaba de una causa eficiente (una piedra debía ser movida por un ser o ente animado), mientras los seres animados poseían un movimiento propio. Esta cosmovisión fue reiteradamente discutida por Galileo, y fue superada definitivamente con Newton. La ley de la inercia afirma desde entonces que todo cuerpo sobre el que no actúa ninguna fuerza permanece en movimiento inalterado.
Algunas rémoras inquisitoriales aparecen al tratar de interpretar fenómenos sociales como la corrupción, alimentándose aún de férreos dogmas de fe: los políticos se convierten en motor de la corrupción, sin que actúen fuerzas externas que modifiquen el curso de sus movimientos. La corrupción es propia de determinados cuerpos, una esencia intrínseca, cual enfermedad, que hace que se distinga entre cuerpos corruptos y otros no corruptos. De ahí que no se mencionen nunca fuerzas externas como los empresarios, o la forma de Estado, heredero directo del Estado franquista. Mucho menos un modus operandi recurrente organizado institucionalmente, como es el caso de la corrupción en el Partido Popular.
Desgraciadamente, la vivencia de unos años noventa en diferido (los casos Juan Guerra, Naseiro, Prenafeta replicados en los casos Campeón, Gürtel y Pujol), y la amplificación de casos mediáticos y no judicializados como el de Monedero, Errejón o Irán han terminado por instalar la tesis esencialista, identificando los diferentes casos como equivalentes.
Para avanzar en un análisis más objetivo de la corrupción, si bien es evidente que no existe una fórmula matemática, hay ciertos elementos que se repiten en la ecuación, como fuerzas que intervienen en el curso que toman los sujetos implicados. Una fuerza que actúa en el curso de concesiones, privatizaciones, adjudicaciones que, debiendo tener en cuenta ante todo el interés público, se han podido hacer teniendo en cuenta un interés privado, clientelar, para un conjunto social determinado: la carencia de controles, las conexiones privilegiadas, el control de la información y el poder político condicionan el movimiento de los implicados.
Abogados del Estado
En primer lugar, existe una forma de Estado heredada, connivente por naturaleza, llena de espacios opacos, que, de forma ininterrumpida, han estado carentes de mecanismos de rendición de cuentas. Un simple dato: 32.000 funcionarios del aparato duro del franquismo (sindicato vertical, movimiento nacional o prensa oficial) fueron absorbidos en su totalidad por otros ministerios. Dentro del aparato heredado, destaca un conjunto, la burocracia de élite: los cuerpos superiores del Estado (abogados del Estado, inspectores de Hacienda, economistas del Estado) habituados a moverse por direcciones generales, subsecretarías o empresas públicas con relativa autonomía y opacidad. En la actualidad, su poder se traduce en que el 10% de los abogados del Estado acaba en el Ibex, y 25 de las 35 empresas cuentan con al menos uno de ellos en sus filas. Hay que recordar que la Abogacía del Estado presta los servicios de asistencia jurídica al Estado y otras instituciones públicas, como en el caso de la infanta Cristina, un indicador de la actuación controvertida de este grupo. La abogada del Estado María Dolores Ripoll dejó boquiabiertos a todos con la famosa sentencia exculpatoria para Cristina: “Hacienda somos todos es solo un eslogan”.
La cooptación de altos cuerpos del Estado es muy común en el Ibex, particularmente inspectores de Hacienda, economistas del Estado y abogados del Estado. La mayoría de los que están en el Ibex35 acaban en el sector bancario y las antiguas empresas públicas. Y terminan siendo muy útiles, como lo fue Arturo Romaní, abogado del Estado y arquitecto financiero del Banesto de Mario Conde.
Consigo no sólo llevan una mochila con una buena formación valorable en el mundo privado, el know-how como dirían hoy en día. También tienen información muy concreta sobre el funcionamiento de determinadas áreas del Estado. Este es el caso de máximos de entidades estatales y reguladores que han pasado al bando contrario: Belén Romana (directora del banco malo, el Sareb), quien adjudicó un lote al Santander, es consejera ahora del banco. Por el mismo camino pasó un gobernador del Banco de España, Luis Ángel Rojo, técnico comercial del Estado desde 1957; aquel que intervino Banesto, y bajo cuyo mandato se adjudicó al Banco Santander, el mismo banco para el que acabó trabajando Rojo. Otro ejemplo es el de Guillermo de la Dehesa, técnico comercial y economista del Estado desde 1968, y máximo responsable en la política de privatizaciones del PSOE, consejero también del Santander.
Otro caso es el del delfín de Amancio Ortega: Pablo Isla, abogado del Estado desde 1988, el máximo responsable del Estado en Telefónica y Tabacalera como director de Patrimonio en el Ministerio de Hacienda (1996-2000), durante el periodo en que ambas joyas de la corona fueron privatizadas. Terminó siendo consejero de Telefónica y presidente de Altadis (anteriormente Tabacalera) después de su privatización y hoy es el CEO de Inditex. No hubo paréntesis. En un abrir y cerrar de ojos, de estar representando los intereses del sector público pasó a representar los intereses del BBV o de Chase Nominees, como máximos accionistas de cada una de las empresas. Abogada del Estado también es Soraya Sáenz de Santamaría, y su marido, Iván Rosa Vallejo, que fichó como asesor jurídico de Telefónica en marzo de 2012, tres meses después de que ella asumiera la vicepresidencia del Gobierno. La Abogacía del Estado redactó un informe que no encontraba conflicto de interés, alegando que este era asesor jurídico y no el máximo responsable del servicio jurídico.
La cooptación de miembros de los cuerpos del Estado se produce sobre todo en la última legislatura del PSOE y la primera del PP, cuando las empresas públicas (aun parcialmente privatizadas) reclutaban para sus consejos a miembros de estos cuerpos. Posteriormente, el Partido Popular complicó la relación incestuosa: introduce el aparato del partido como núcleo vertebrador, enviando a cargos electos a empresas por medio de las cajas de ahorro, accionistas de referencia en estas empresas y prestamistas de referencia. Además, deslocaliza el sistema de financiación y padrinazgo en el partido. Es decir, no es sólo Génova quien aúpa a empresarios, sino Valencia o Madrid las que se encargan de hacerlo, con relativa autonomía. A diferencia de los casos del PSOE y el primer PP, en estos casos se revierte el papel de gestor e intermediario de lo económico: privatizando el servicio o la empresa, el PP es el dueño y acreedor del negocio.
La relación social construida desde entonces posicionaba a un cargo electo del PP junto con un empresario, beneficiario de concesiones y créditos, y benefactor posterior del partido. La supervivencia de dicha relación quedaba garantizada por el monopolio del poder, aquel ejercido en las autonomías y municipios en que actuaban, en el control férreo de la información procedente de las cajas de ahorro que utilizaban y, finalmente, en la mayoría absoluta que les permitía actuar en solitario desde 2012.
Pero la ambición del PP ha terminado por cavar su propia tumba, pues mantener el control del Estado, del partido y de las cajas es imposible. De este modo, progresivamente se le han ido abriendo frentes de lucha, primero con miembros del partido, luego con las cajas, y simultáneamente con el Estado. Esa lucha ha ido cercando al PP, hasta situarse en las mismas entrañas del Estado, favorecida por “versos libres” de sectores del gobierno. Detrás, existen grupos interesados en su caída y en la de sus aliados empresarios.
La primera denuncia que abre el caso Gürtel / Bárcenas viene por un miembro del partido, José Luis Peñas, concejal en Majadahonda, quien denunció en 2007 en la Fiscalía Anticorrupción que recibió 260.000 euros de la trama de Correa. Los primeros daños colaterales empezaron a notarse en 2009, con la imputación en febrero de los diputados autonómicos Alberto López Viejo, Alfonso Bosch Tejedor y Benjamín Martín Vasco. En marzo, el hilo lleva al juez Garzón a Valencia, imputando a Francisco Camps y a Ricardo Costa, involucrados a partir de los regalos hechos por la trama de Correa. Desde entonces, un torrente de imputaciones ha inundado los pisos de Génova, de abajo arriba, hasta los quinientos imputados.
El proceso judicial abierto con el caso Gürtel da paso a una guerra dentro del partido por el control de la información. Entonces el control dependía del monopolio de la información sobre los testigos de la causa, principalmente sobre aquellos que controlaban información sobre las diferentes ramificaciones de la trama: Bárcenas como registro de salida (Caja B de sobresueldos en el partido), Correa como registro de entrada, como intermediario de Génova con empresarios hasta la llegada de Rajoy, y como donante en el PP de Madrid y Valencia posteriormente. Según la declaración de Correa a eldiario.es, el trato era así: “Yo recaudaría en beneficio de Luis Bárcenas. Ignoro si este señor tenía otros compromisos, en todo caso la distribución del dinero la ordenaba él siempre. Luis Bárcenas se ocupaba del diálogo con los políticos y yo con los empresarios".
Esto requería prestar ciertas garantías, primero, materiales: en tanto a Bárcenas le pagaron el abogado, secretaria, coche y sueldo. Segundo, en el caso de los implicados en las empresas de la trama, evitando la propagación de la información: declaraciones y grabaciones con los nombres del otro lado de la relación, empresarios e intermediarios.
La UDEF y la UCO
Respecto a la información recabada, dos han sido los cuerpos de investigación más activos en las causas: la UDEF, creada por Zapatero, fue la encargada de los pinchazos telefónicos a Correa, por los cuales acabó siendo apartado Garzón. Y la UCO, de la Guardia Civil, ha extendido la trama hasta Alejandro De Pedro e Ignacio González, con la conexión con el ático de Estepona y las facturas infladas del Canal de Isabel II; también estuvieron a cargo de la Operación Púnica, que implicaba a cargos políticos del PP y del PSOE, y que llevó a la cárcel a Granados y Marjaliza. Ambos son dependientes del Ministerio del Interior. Desde 2012, el comisario de la UDEF era Manuel Vázquez López, recientemente nombrado por el gobierno en funciones jefe superior de Policía en Galicia. El anterior jefe de la UDEF en la etapa de Zapatero fue José Luis Olivera, que, lejos de ser apartado, fue aupado por Rajoy al recién creado Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), el centro de inteligencia del Ministerio del Interior. Fue, además, uno de los enviados junto al policía Marcelino Martín Blas (jefe de Asuntos Internos) a Cataluña en las elecciones catalanas de 2012, para negociar con los fiscales el registro de la sede de Convergencia.
La UDEF se ha convertido, por su acceso a entramados sofisticados de corrupción, en referencia en el área de blanqueo de capitales. Y de ahí, en la nueva puerta giratoria del Estado. En 2013, el jefe de Brigada de Blanqueo de Capitales y una inspectora dejaron el cuerpo para pasar a la empresa privada. Otros tres miembros de la UDEF dejaron el cuerpo recientemente para fichar por Repsol. El sector más interesado es el bancario, obligado a crear un sistema de vigilancia tras la Ley de prevención de blanqueo de capitales y terrorismo de 2010. Tres miembros han traspasado el muro de lo público para pasar a Barclays, Deutsche Bank y Western Union.
La amnistía fiscal
Otra quiebra sobre el monopolio de la información se producirá con la polémica amnistía fiscal de 2012, que permitió a 31.529 personas regularizar unos 50.000 millones de euros (a cambio del pago del 10% calculado únicamente sobre los últimos cuatro años), que se mantenían fuera del control de Hacienda, y muchos de ellos de origen ilícito. Desde entonces, intervendrán dos agencias activamente sobre casos de corrupción que afectan al PP: el Sepblac desde el Ministerio de Economía, encargado de hacer los informes, y el Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA), con categoría de policía judicial, desde el Ministerio de Hacienda. A la amnistía acudió Bárcenas, también Rodrigo Rato por sus cuentas en Suiza, Gibraltar, las Islas Vírgenes. Y Diego Torres, el socio de Urdangarin. La Sepblac calculó que existían otros 300 cargos públicos susceptibles de ser investigados por la unidad especial para casos de gran relevancia, la Onif. La detención de Rato por el SVA desató las alertas en Génova: el Ministerio del Interior y Fernández Díaz dejaban de ser la avanzadilla en estos casos.
La relación promiscua entre grandes empresarios y cajas de ahorro controladas por los mandarines del PP tiene un punto de quiebra con la intervención de Bankia en junio de 2012. A partir de entonces, el monopolio ejercido sobre la información de las cajas pasa a ser dirigido por el Ministerio de Economía de Luis de Guindos. Gracias a su control del FROB sobre Bankia, y a la información recopilada por el Sepblac (dependiente de éste), accede a información sensible como las tarjetas black, o los créditos blandos al miembros del consejo, como Gerardo Díaz Ferrán, Miguel Blesa o Arturo Fernández. Como dijo De Guindos, “es el Ministerio de Economía el que saca toda la porquería de Bankia y claro, a mí me ha afectado (…) Recuerdo que fui al Congreso al día siguiente y mis compañeros me decían: 'oye y ¿por qué has sacado eso?'”. Hay que recordar que De Guindos no es afiliado al PP, y se mantiene como técnico independiente procedente de la banca de inversión, de Goldman Sachs.
De este modo, la intervención de Bankia o la amnistía fiscal, dos medidas de Rajoy, han hecho que Montoro y De Guindos se conviertan en la Judith del PP: desde dentro han atentado contra el monopolio de la información del Ministerio del Interior, al cual acudió buscando respaldo Rato, en aquella famosa reunión con Fernández Díaz.
Tras la ruptura de la presa, a la trama de corrupción gestada en el PP, que dio lugar a una relación simbiótica entre empresarios de la construcción y cargos políticos, no le queda más que aguantar, en funciones, a la espera de que los nuevos poderes económicos tomen el terreno ganado por el PP en los últimos años. Pero estos ya han tomado posiciones, fuera y dentro del Estado. Las puertas giratorias les llevan desde hace años a los despachos del Ministerio de Economía y el de Hacienda, y recientemente al FROB y el Sareb.
La pérdida del monopolio de la información -y pronto la del poder- ha terminado por revertir la posición del PP que, siendo hasta ahora el amo, se encuentra acorralado. De ahí que Rajoy (interpretando al aristócrata Tony en El sirviente de Joseph Losey) implore a los posibles inquilinos: “¿Qué quieres de esta casa?”, mientras los nuevos poderes le contestan, con ironía: “¿Querer?, yo sólo soy el sirviente”.
Rubén Juste de Ancos
Licenciado en Sociología. Ha realizado su tesis doctoral sobre puertas giratorias en el Ibex 35. Forzado a emigrar en 2010, primero a Australia, después a Paraguay y Ecuador, ha publicado diversos artículos sobre el ciclo político progresista en América Latina. La última colaboración, sobre cleptocracia y transnacionales en Paraguay, en el libro Descartes (Punto de encuentro, 2015).
Fuente:
http://ctxt.es/es/20160330/Politica/5087/puertas-giratorias-empresarios-ministros-fernandez-diaz-montoro-soraya-saenz-de-santamaria-corrupcion-abogados-del-estado-ibex-telefonica-santander-pablo-isla-España-Chorizópolis.htm
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