Entrevista al periodista Pascual Serrano, autor de “Medios democráticos. Una revolución pendiente de la comunicación” (Foca)
Pluralidad, rigor, veracidad y
participación democrática. Los medios de comunicación públicos hay
todavía que inventarlos, pero los citados podrían ser algunos de los
criterios de actuación. “A los ciudadanos se les convence con argumentos
y razones, queremos medios públicos para decir la verdad y no para
combatir a los privados o hacer una guerra de ondas”, afirma el
periodista Pascual Serrano, autor de “Medios democráticos. Una
revolución pendiente en la comunicación” (Foca). El escritor aborda en
el libro los cambios en el modelo de comunicación promovidos por los
gobiernos progresistas de América Latina, que han abierto camino a
iniciativas como el reparto equitativo del espectro radioeléctrico, la
inclusión del principio de veracidad informativa en las constituciones y
leyes o la imposibilidad de que el sector financiero y los políticos
tengan participaciones en el capital de los medios. Pascual Serrano
considera además que las figuras del periodista y el comunicador
comunitario tendrían que converger, y que los últimos cambios políticos
en Brasil, Argentina y Venezuela pueden conducir a un grave retroceso.
“Los cambios requieren procesos sociales que duran años, y se revierten
en cuestión de minutos”. “Es la historia de la humanidad”.
-¿Qué diferencias estableces entre un periodista y un comunicador comunitario, figura muy en boga en América Latina? Tal vez un periodista se apoye en hechos, datos e informaciones contrastadas, mientras que el comunicador difunde un “mensaje”, acompaña en las luchas sociales y da voz a los invisibilizados en un conflicto. ¿Cómo resolver la disyuntiva?
-Creo que tendría que darse un punto de convergencia. A mi juicio es un error actualmente pensar en un comunicador militante al margen de los principios periodísticos; pero también resulta erróneo que el periodista se sitúe fuera de los valores de una sociedad. Me parece que se están contraponiendo las dos figuras, en su quehacer e incluso entre ellos. A veces parece, incluso, que los comunicadores comunitarios alardeen de no haber estudiado periodismo. Tendría que producirse una mezcla, un injerto entre ambos.
-Dedicas un capítulo del libro “Medios democráticos” a Brasil. Y citas al sociólogo Emir Sader para subrayar las limitaciones de las reformas emprendidas por Lula: “Al no avanzar en la democratización de los procesos de formación de la opinión pública, el gobierno pone en peligro todos los avances acumulados desde 2003”. ¿Es lo que ha ocurrido con la llegada a la presidencia de Temer?
-Es una profecía que se ha cumplido, el tiempo le ha dado la razón a Emir Sader y a los que decíamos que no se estaba haciendo lo suficiente. Al final Dilma Rousseff ha sufrido un golpe de estado con la complicidad de los medios de comunicación, porque fueron incapaces de crear una estructura democrática de medios. Aunque también es verdad que lo tuvieron muy difícil. Primero, porque nunca tuvieron mayoría suficiente en el legislativo para aprobar las medidas necesarias. Además, porque pretendieron hacerlo del modo más razonable desde una perspectiva de izquierdas: crear un ambiente de sensibilidad social para enfrentarse al problema (si hoy lo hiciera cualquier gobierno en Europa, creo que se estrellaría). Así, Lula impulsó la I Conferencia Nacional de Comunicación (diciembre de 2009), tras un año de debates en todo el país. Cerca de 30.000 personas discutieron sobre comunicación en los barrios.
-¿Qué ideas surgieron de la eclosión popular?
-Hubo 672 propuestas, aprobadas por 1.684 delegados, y la conferencia resultó todo un éxito. Diferentes sectores sociales coincidieron en que había que democratizar la comunicación, repartir mejor las licencias, terminar con los oligopolios y crear unas garantías de decencia en los contenidos informativos. Pero el gobierno de Lula no se atrevió a avanzar. Durante la presidencia de Lula da Silva llegó a elaborarse un anteproyecto de ley de un nuevo Marco Regulatorio para las Telecomunicaciones, que terminó en un cajón. Así las cosas, un movimiento de periodistas y organizaciones sociales impulsaron un borrador de ley de medios “alternativa”. Pero el gobierno nunca fue más allá: es difícil valorar en qué medida no pudo o no se atrevió. En 2014, ya durante la presidencia de Dilma Roussef, se aprobó el llamado “Marco Civil de Internet”, con el fin de garantizar la neutralidad de la red. Sin embargo, al final, los medios de comunicación han sido muy activos en el derrocamiento golpista de Dilma.
-En el libro recoges unas declaraciones de Orlando Pérez, director de “El Telégrafo”, un periódico público de Ecuador. Afirma lo siguiente: “No sabemos qué es un periodismo público, debemos inventarlo”. ¿Por dónde habría que empezar?
-En efecto hay que inventarlo, y lo dice un ejemplo con pocos precedentes: el director de un periódico público. Las democracias occidentales no suelen tenerlo, pero sí existen en Bolivia, Ecuador o Venezuela. Ahora bien, el periódico público no debería ser una especie de folleto o agencia de prensa gubernamental, sino un medio con todas las garantías de pluralidad, rigor, veracidad y participación democrática. Todavía hay que inventarlo. Se producirán, seguramente, tensiones con sectores de los gobiernos que crean que pueden quitar una noticia que no les guste. A los gobiernos hay que explicarles que los medios públicos no van a ser su correa de transmisión. Pero también hemos de entender que un ministro esté más legitimado para escribir en un medio público que un columnista, a quien nadie ha votado. Por otra parte, muchas veces he visto en Cuba que no se trata tanto de que el gobierno no deje, como de falta de audacia del periodista.
-¿Qué ejemplos de medios públicos reúnen las condiciones de rigor, veracidad y participación democrática que señalabas?
-Hay todo un espectro. Creo que “El Telégrafo” de Ecuador está haciendo un buen trabajo, pero también me parece que medios como “El Correo del Orinoco”, en Venezuela, olvidan totalmente la información internacional. Ésta es una de las cosas que critico en el libro. Por otro lado, “Telesur” intenta realizar una buena labor, aunque las televisiones nacionales venezolanas no lo hagan tan bien. ¿Qué falla? Es complicado, porque cuando existe una alto grado de confrontación política, resulta muy difícil conseguir que una televisión pública se ubique de manera plural y equidistante. Toman partido y, por tanto, pierden legitimidad.
-¿Qué significa “hacerlo bien” o desarrollar una “buena labor” en una radiotelevisión pública?
-En primer lugar, dar voz a todos los colectivos. Si hay un determinado grupo de opositores que representan a un sector de la sociedad, han de tener voz en la televisión pública. Ahora bien, si se trata de un sector que pretende derrocar de manera violenta a un gobierno, evidentemente hay que criticarlo y sancionarlo. Pero la oposición legítima ha de estar representada. ¿También el Partido Popular? Por supuesto, y su hubiera un partido falangista que dice querer ganar las elecciones, también debería tener su espacio. Los medios privados son los que prohíben y vetan partidos. Nosotros queremos medios públicos que funcionen de otro modo.
-¿Con qué formato y discurso?
-Una cosa es explicar lo que hace el gobierno, y otra desplegar la propaganda o un discurso de aplauso ciego. Tampoco se trata de apoyar, sino de explicar las cosas. Si el gobierno de Venezuela ha construido y repartido un millón de viviendas, hay que contarlo. El dato no es apoyo, sino periodismo. Informar de que con la “Operación Milagro” se les ha devuelto la vista a dos millones de latinoamericanos, es periodismo. Esto es lo que nos ocultan, y lo que nosotros hemos de contar. Si hay una trama golpista de la OEA contra el gobierno de Venezuela, eso se cuenta pero no con un discurso de arenga política o de panfleto. Porque las formas son muy importantes. Los medios comerciales han aprendido muy bien las formas: desarrollan un discurso político e ideológico bajo una apariencia de neutralidad. Nosotros hemos de aprender, pero no para hacer lo mismo, sino para darnos cuenta de que no podemos ir con un discurso panfletario y un megáfono.
-En el libro pones ejemplos de artículos de las constituciones latinoamericanas que apuntan un nuevo modelo comunicativo. También legislaciones, decretos y reglamentos. ¿Hay riesgo de que todo ello quede en “papel mojado”? También la letra de la Constitución de 1978, el Estatuto de Radiotelevisión Española y de las televisiones autonómicas, los libros de estilo y defensores del lector de algunos medios apuntan, sobre el papel, a una mayor democracia.
-Puede haber un riesgo, pero se ha de distinguir entre normas privadas y públicas. Las de los medios privados no sirven para nada, porque no son apelables ante ningún juzgado. El libro de estilo de “El País”, el código deontológico de “Tele 5” o el código ético de “Antena 3” son “papel mojado”. En el ámbito privado, lo único importante es que lo que haces le guste a tu jefe, para al día siguiente poder ir de nuevo a trabajar. Todo es una gran mentira. El defensor del lector de “El País” o el de TVE son una farsa. La difusión en TVE de un supuesto desnudo de la dirigente andaluza de Podemos, Teresa Rodríguez, o de las presuntas virtudes curativas del aroma de limón sólo supusieron un “reproche” por parte del Defensor del Espectador, el Radioyente y el Internauta de RTVE. Lo que realmente sirve son las legislaciones que digan, como ocurre con los médicos o los ingenieros, que se actuará contra el profesional que no cumpla.
-¿Qué medidas efectivas destacarías de cuantas han adoptado los gobiernos “progresistas” en América Latina?
-Primeramente, el reparto de los tres tercios del espacio radioeléctrico: un tercio para los medios públicos, otro tercio para el negocio privado y además una tercera parte para los medios comunitarios. Es una medida que se ha aplicado en Ecuador, Bolivia, Uruguay, Argentina y Venezuela. Tiene un efecto colateral, inevitable: que en algunos lugares los movimientos sociales que se queden con ese tercio no sean representativos. En Brasil, por ejemplo, las iglesias evangelistas se han hinchado de medios comunitarios. Es el problema cuando no existe una sociedad organizada. También es muy importante que sectores bancarios, políticos e iglesias no puedan ser dueños de medios de comunicación. Es un principio que figura en la Constitución de Ecuador, y que después se incorporó a la legislación venezolana. Por último, garantizar la veracidad de la información, tal como establece el Artículo 20 de la Constitución Española, pero no se cumple ni existe una ley que lo desarrolle. Este principio viene recogido en el Decreto de aplicación de la Ley de Responsabilidad Social de Radio y Comunicación de Venezuela, la Ley de Radiodifusión y Televisión de Ecuador; y la Ley de Lucha contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación de Bolivia.
-“Lo indiscutible es que hoy en América Latina se está construyendo el futuro de otro sistema de medios de comunicación posible”. Es la frase con la que cierras el libro. ¿Tiene limitaciones el modelo?
-Nos encontramos ante un camino inédito. Como decía Simón Rodríguez, maestro de Simón Bolívar, “inventamos o erramos”. En América Latina van haciendo su camino, probando, inventando, y de sus errores vamos aprendiendo todos. Errores como que haya periodistas que se dejen arrebatar por esa militancia de quien se siente indignado por décadas de agresividad de los medios privados contra los procesos democráticos; y, en consecuencia, adoptan una posición de militancia y combatividad en los medios públicos. Creo que eso no es bueno, tenemos que demostrar una profesionalidad. Queremos medios públicos para decir la verdad, no para luchar contra los medios privados. No se trata de entablar una guerra de ondas. Todo esto se ve, por ejemplo, en una televisión pública como la venezolana. Así no se convence a nadie.
-¿De qué se trata entonces?
-Cualquier “antichavista” que vea la televisión pública, va a encabronarse. No hay que encabronar a la oposición. Queremos convencer a los ciudadanos de unos determinados procesos y valores, y se convence con información, argumentos y razones. Si no contamos con ellos, es porque no tenemos razón, y entonces no hay que convencer de nada.
-Valores, principios, argumentos, razones... ¿Qué peso ha de tener la tecnología?
-En este apartado radica uno de los errores que tradicionalmente ha tenido la comunicación popular. Nos hicieron falta 50 años para darnos cuenta de que los comunicados requerían márgenes. Ahora, en los documentales, nos harán falta otros 50 años para darnos cuenta de que hay que poner dos cámaras, enfocar, iluminar y mejorar el sonido. Esto es algo que los medios comerciales tienen asumido, pero a base de superficialidad, frivolidad y trivialidad. Tenemos que profundizar, y esto no es incompatible con los formatos alegres y divertidos.
-¿Por ejemplo?
-Un documental de Michael Moore o de Naomi Klein, se me ocurre. En el campo audiovisual pueden hacerse trabajos muy valiosos sin dormir a nadie. Aunque no es fácil, y requiere técnica. No basta con tener claras las ideas políticas.
-La “revolución comunicativa” que abordas en el libro, ¿puede retroceder con los cambios en la presidencia de Argentina y Brasil o de mayoría parlamentaria en Venezuela? ¿Hay un riesgo de “frenazo” a las reformas?
-Totalmente, y además con una eficacia terrible. El ejemplo más claro es Argentina, que necesitó debatir durante dos años la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, aprobada en 2009, durante la presidencia de Cristina Fernández. En los debates participaron y realizaron aportaciones sindicatos, distintas organizaciones sociales, políticas, de derechos humanos, cooperativas, medios comunitarios y universitarios, entre otros. Se desarrollaron 24 foros auspiciados por 11 gobernaciones y 25 universidades nacionales. La ley estuvo parcialmente suspendida durante tres años debido a la impugnación del grupo Clarín, que se resistía a perder su condición de oligopolio. En diciembre de 2012 la Corte Suprema de Argentina resolvió el fin de la suspensión cautelar, por lo que la legislación ya podía aplicarse. Pero tras ganar las elecciones presidenciales (diciembre de 2015), Macri suspendió la ley en dos minutos.
-¿Cuál es la conclusión?
-En dos minutos el trabajo popular de una sociedad movilizada se puede paralizar. Los cambios sociales necesitan procesos de años, en cambio, revertir los avances y retroceder se hace en minutos. Es la historia de la humanidad...
-Por último, ¿qué medios recomendarías para informarse sobre la realidad política de América Latina? ¿Aconsejarías aislarse del “ruido” digital, puede Internet confundir y saturar más que aportar información?
-En papel, considero que el mejor medio sobre política internacional continúa siendo “Le Monde Diplomatique”. En Internet probablemente leería “La Jornada” de México o “Página 12” de Argentina, también “Brasil de Fato” o “Carta Maior”. Fuera del contexto latinoamericano, recomendaría a periodistas como Rafael Poch o Robert Fisk. Por otra parte, creo que el ciudadano o el periodista pueden terminar con una “empanada” considerable -por el exceso de información- si no parten de una buena base, si no saben reconocer la legitimidad de las fuentes o si carecen de un conocimiento histórico previo y de un nivel cultural adecuado. Pero creo que nos hallamos en una situación preciosa, siempre con el punto de partida comentado. Con los conocimientos previos, uno puede encontrar el diamante en el estercolero de Internet. Aunque sin una base suficiente, uno termina mucho menos informado que antes de Internet.
-¿Qué diferencias estableces entre un periodista y un comunicador comunitario, figura muy en boga en América Latina? Tal vez un periodista se apoye en hechos, datos e informaciones contrastadas, mientras que el comunicador difunde un “mensaje”, acompaña en las luchas sociales y da voz a los invisibilizados en un conflicto. ¿Cómo resolver la disyuntiva?
-Creo que tendría que darse un punto de convergencia. A mi juicio es un error actualmente pensar en un comunicador militante al margen de los principios periodísticos; pero también resulta erróneo que el periodista se sitúe fuera de los valores de una sociedad. Me parece que se están contraponiendo las dos figuras, en su quehacer e incluso entre ellos. A veces parece, incluso, que los comunicadores comunitarios alardeen de no haber estudiado periodismo. Tendría que producirse una mezcla, un injerto entre ambos.
-Dedicas un capítulo del libro “Medios democráticos” a Brasil. Y citas al sociólogo Emir Sader para subrayar las limitaciones de las reformas emprendidas por Lula: “Al no avanzar en la democratización de los procesos de formación de la opinión pública, el gobierno pone en peligro todos los avances acumulados desde 2003”. ¿Es lo que ha ocurrido con la llegada a la presidencia de Temer?
-Es una profecía que se ha cumplido, el tiempo le ha dado la razón a Emir Sader y a los que decíamos que no se estaba haciendo lo suficiente. Al final Dilma Rousseff ha sufrido un golpe de estado con la complicidad de los medios de comunicación, porque fueron incapaces de crear una estructura democrática de medios. Aunque también es verdad que lo tuvieron muy difícil. Primero, porque nunca tuvieron mayoría suficiente en el legislativo para aprobar las medidas necesarias. Además, porque pretendieron hacerlo del modo más razonable desde una perspectiva de izquierdas: crear un ambiente de sensibilidad social para enfrentarse al problema (si hoy lo hiciera cualquier gobierno en Europa, creo que se estrellaría). Así, Lula impulsó la I Conferencia Nacional de Comunicación (diciembre de 2009), tras un año de debates en todo el país. Cerca de 30.000 personas discutieron sobre comunicación en los barrios.
-¿Qué ideas surgieron de la eclosión popular?
-Hubo 672 propuestas, aprobadas por 1.684 delegados, y la conferencia resultó todo un éxito. Diferentes sectores sociales coincidieron en que había que democratizar la comunicación, repartir mejor las licencias, terminar con los oligopolios y crear unas garantías de decencia en los contenidos informativos. Pero el gobierno de Lula no se atrevió a avanzar. Durante la presidencia de Lula da Silva llegó a elaborarse un anteproyecto de ley de un nuevo Marco Regulatorio para las Telecomunicaciones, que terminó en un cajón. Así las cosas, un movimiento de periodistas y organizaciones sociales impulsaron un borrador de ley de medios “alternativa”. Pero el gobierno nunca fue más allá: es difícil valorar en qué medida no pudo o no se atrevió. En 2014, ya durante la presidencia de Dilma Roussef, se aprobó el llamado “Marco Civil de Internet”, con el fin de garantizar la neutralidad de la red. Sin embargo, al final, los medios de comunicación han sido muy activos en el derrocamiento golpista de Dilma.
-En el libro recoges unas declaraciones de Orlando Pérez, director de “El Telégrafo”, un periódico público de Ecuador. Afirma lo siguiente: “No sabemos qué es un periodismo público, debemos inventarlo”. ¿Por dónde habría que empezar?
-En efecto hay que inventarlo, y lo dice un ejemplo con pocos precedentes: el director de un periódico público. Las democracias occidentales no suelen tenerlo, pero sí existen en Bolivia, Ecuador o Venezuela. Ahora bien, el periódico público no debería ser una especie de folleto o agencia de prensa gubernamental, sino un medio con todas las garantías de pluralidad, rigor, veracidad y participación democrática. Todavía hay que inventarlo. Se producirán, seguramente, tensiones con sectores de los gobiernos que crean que pueden quitar una noticia que no les guste. A los gobiernos hay que explicarles que los medios públicos no van a ser su correa de transmisión. Pero también hemos de entender que un ministro esté más legitimado para escribir en un medio público que un columnista, a quien nadie ha votado. Por otra parte, muchas veces he visto en Cuba que no se trata tanto de que el gobierno no deje, como de falta de audacia del periodista.
-¿Qué ejemplos de medios públicos reúnen las condiciones de rigor, veracidad y participación democrática que señalabas?
-Hay todo un espectro. Creo que “El Telégrafo” de Ecuador está haciendo un buen trabajo, pero también me parece que medios como “El Correo del Orinoco”, en Venezuela, olvidan totalmente la información internacional. Ésta es una de las cosas que critico en el libro. Por otro lado, “Telesur” intenta realizar una buena labor, aunque las televisiones nacionales venezolanas no lo hagan tan bien. ¿Qué falla? Es complicado, porque cuando existe una alto grado de confrontación política, resulta muy difícil conseguir que una televisión pública se ubique de manera plural y equidistante. Toman partido y, por tanto, pierden legitimidad.
-¿Qué significa “hacerlo bien” o desarrollar una “buena labor” en una radiotelevisión pública?
-En primer lugar, dar voz a todos los colectivos. Si hay un determinado grupo de opositores que representan a un sector de la sociedad, han de tener voz en la televisión pública. Ahora bien, si se trata de un sector que pretende derrocar de manera violenta a un gobierno, evidentemente hay que criticarlo y sancionarlo. Pero la oposición legítima ha de estar representada. ¿También el Partido Popular? Por supuesto, y su hubiera un partido falangista que dice querer ganar las elecciones, también debería tener su espacio. Los medios privados son los que prohíben y vetan partidos. Nosotros queremos medios públicos que funcionen de otro modo.
-¿Con qué formato y discurso?
-Una cosa es explicar lo que hace el gobierno, y otra desplegar la propaganda o un discurso de aplauso ciego. Tampoco se trata de apoyar, sino de explicar las cosas. Si el gobierno de Venezuela ha construido y repartido un millón de viviendas, hay que contarlo. El dato no es apoyo, sino periodismo. Informar de que con la “Operación Milagro” se les ha devuelto la vista a dos millones de latinoamericanos, es periodismo. Esto es lo que nos ocultan, y lo que nosotros hemos de contar. Si hay una trama golpista de la OEA contra el gobierno de Venezuela, eso se cuenta pero no con un discurso de arenga política o de panfleto. Porque las formas son muy importantes. Los medios comerciales han aprendido muy bien las formas: desarrollan un discurso político e ideológico bajo una apariencia de neutralidad. Nosotros hemos de aprender, pero no para hacer lo mismo, sino para darnos cuenta de que no podemos ir con un discurso panfletario y un megáfono.
-En el libro pones ejemplos de artículos de las constituciones latinoamericanas que apuntan un nuevo modelo comunicativo. También legislaciones, decretos y reglamentos. ¿Hay riesgo de que todo ello quede en “papel mojado”? También la letra de la Constitución de 1978, el Estatuto de Radiotelevisión Española y de las televisiones autonómicas, los libros de estilo y defensores del lector de algunos medios apuntan, sobre el papel, a una mayor democracia.
-Puede haber un riesgo, pero se ha de distinguir entre normas privadas y públicas. Las de los medios privados no sirven para nada, porque no son apelables ante ningún juzgado. El libro de estilo de “El País”, el código deontológico de “Tele 5” o el código ético de “Antena 3” son “papel mojado”. En el ámbito privado, lo único importante es que lo que haces le guste a tu jefe, para al día siguiente poder ir de nuevo a trabajar. Todo es una gran mentira. El defensor del lector de “El País” o el de TVE son una farsa. La difusión en TVE de un supuesto desnudo de la dirigente andaluza de Podemos, Teresa Rodríguez, o de las presuntas virtudes curativas del aroma de limón sólo supusieron un “reproche” por parte del Defensor del Espectador, el Radioyente y el Internauta de RTVE. Lo que realmente sirve son las legislaciones que digan, como ocurre con los médicos o los ingenieros, que se actuará contra el profesional que no cumpla.
-¿Qué medidas efectivas destacarías de cuantas han adoptado los gobiernos “progresistas” en América Latina?
-Primeramente, el reparto de los tres tercios del espacio radioeléctrico: un tercio para los medios públicos, otro tercio para el negocio privado y además una tercera parte para los medios comunitarios. Es una medida que se ha aplicado en Ecuador, Bolivia, Uruguay, Argentina y Venezuela. Tiene un efecto colateral, inevitable: que en algunos lugares los movimientos sociales que se queden con ese tercio no sean representativos. En Brasil, por ejemplo, las iglesias evangelistas se han hinchado de medios comunitarios. Es el problema cuando no existe una sociedad organizada. También es muy importante que sectores bancarios, políticos e iglesias no puedan ser dueños de medios de comunicación. Es un principio que figura en la Constitución de Ecuador, y que después se incorporó a la legislación venezolana. Por último, garantizar la veracidad de la información, tal como establece el Artículo 20 de la Constitución Española, pero no se cumple ni existe una ley que lo desarrolle. Este principio viene recogido en el Decreto de aplicación de la Ley de Responsabilidad Social de Radio y Comunicación de Venezuela, la Ley de Radiodifusión y Televisión de Ecuador; y la Ley de Lucha contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación de Bolivia.
-“Lo indiscutible es que hoy en América Latina se está construyendo el futuro de otro sistema de medios de comunicación posible”. Es la frase con la que cierras el libro. ¿Tiene limitaciones el modelo?
-Nos encontramos ante un camino inédito. Como decía Simón Rodríguez, maestro de Simón Bolívar, “inventamos o erramos”. En América Latina van haciendo su camino, probando, inventando, y de sus errores vamos aprendiendo todos. Errores como que haya periodistas que se dejen arrebatar por esa militancia de quien se siente indignado por décadas de agresividad de los medios privados contra los procesos democráticos; y, en consecuencia, adoptan una posición de militancia y combatividad en los medios públicos. Creo que eso no es bueno, tenemos que demostrar una profesionalidad. Queremos medios públicos para decir la verdad, no para luchar contra los medios privados. No se trata de entablar una guerra de ondas. Todo esto se ve, por ejemplo, en una televisión pública como la venezolana. Así no se convence a nadie.
-¿De qué se trata entonces?
-Cualquier “antichavista” que vea la televisión pública, va a encabronarse. No hay que encabronar a la oposición. Queremos convencer a los ciudadanos de unos determinados procesos y valores, y se convence con información, argumentos y razones. Si no contamos con ellos, es porque no tenemos razón, y entonces no hay que convencer de nada.
-Valores, principios, argumentos, razones... ¿Qué peso ha de tener la tecnología?
-En este apartado radica uno de los errores que tradicionalmente ha tenido la comunicación popular. Nos hicieron falta 50 años para darnos cuenta de que los comunicados requerían márgenes. Ahora, en los documentales, nos harán falta otros 50 años para darnos cuenta de que hay que poner dos cámaras, enfocar, iluminar y mejorar el sonido. Esto es algo que los medios comerciales tienen asumido, pero a base de superficialidad, frivolidad y trivialidad. Tenemos que profundizar, y esto no es incompatible con los formatos alegres y divertidos.
-¿Por ejemplo?
-Un documental de Michael Moore o de Naomi Klein, se me ocurre. En el campo audiovisual pueden hacerse trabajos muy valiosos sin dormir a nadie. Aunque no es fácil, y requiere técnica. No basta con tener claras las ideas políticas.
-La “revolución comunicativa” que abordas en el libro, ¿puede retroceder con los cambios en la presidencia de Argentina y Brasil o de mayoría parlamentaria en Venezuela? ¿Hay un riesgo de “frenazo” a las reformas?
-Totalmente, y además con una eficacia terrible. El ejemplo más claro es Argentina, que necesitó debatir durante dos años la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, aprobada en 2009, durante la presidencia de Cristina Fernández. En los debates participaron y realizaron aportaciones sindicatos, distintas organizaciones sociales, políticas, de derechos humanos, cooperativas, medios comunitarios y universitarios, entre otros. Se desarrollaron 24 foros auspiciados por 11 gobernaciones y 25 universidades nacionales. La ley estuvo parcialmente suspendida durante tres años debido a la impugnación del grupo Clarín, que se resistía a perder su condición de oligopolio. En diciembre de 2012 la Corte Suprema de Argentina resolvió el fin de la suspensión cautelar, por lo que la legislación ya podía aplicarse. Pero tras ganar las elecciones presidenciales (diciembre de 2015), Macri suspendió la ley en dos minutos.
-¿Cuál es la conclusión?
-En dos minutos el trabajo popular de una sociedad movilizada se puede paralizar. Los cambios sociales necesitan procesos de años, en cambio, revertir los avances y retroceder se hace en minutos. Es la historia de la humanidad...
-Por último, ¿qué medios recomendarías para informarse sobre la realidad política de América Latina? ¿Aconsejarías aislarse del “ruido” digital, puede Internet confundir y saturar más que aportar información?
-En papel, considero que el mejor medio sobre política internacional continúa siendo “Le Monde Diplomatique”. En Internet probablemente leería “La Jornada” de México o “Página 12” de Argentina, también “Brasil de Fato” o “Carta Maior”. Fuera del contexto latinoamericano, recomendaría a periodistas como Rafael Poch o Robert Fisk. Por otra parte, creo que el ciudadano o el periodista pueden terminar con una “empanada” considerable -por el exceso de información- si no parten de una buena base, si no saben reconocer la legitimidad de las fuentes o si carecen de un conocimiento histórico previo y de un nivel cultural adecuado. Pero creo que nos hallamos en una situación preciosa, siempre con el punto de partida comentado. Con los conocimientos previos, uno puede encontrar el diamante en el estercolero de Internet. Aunque sin una base suficiente, uno termina mucho menos informado que antes de Internet.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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